Cuando los últimos datos indican que Uruguay lleva tres años sin crecimiento de la inversión privada –la única inversión que puede ser considerada como tal, realmente, porque desde el Estado las “inversiones” son muy relativas– y con un estancamiento que por ahora apenas zafaría de la recesión, la gran pregunta que debemos hacernos es si no había otra alternativa a seguir hundiéndonos en el lodo día a día, dejando que nos llegara al cuello.
Y ello sucede porque lamentablemente desde el gobierno se hizo caso omiso a quienes desde varios ámbitos señalábamos, con la intención de que se revirtiera la tendencia mediante medidas posibles de ser adoptadas a tiempo, que se iba acotando el margen de maniobra para tratar de revertir este proceso, que solo no lo veía quien no lo quería ver, por motivaciones políticas.
En nuestro editorial de febrero de 2016, es decir tres años y medio atrás, señalábamos textualmente que “no es ningún descubrimiento que a esta altura, transcurrida ya y perdiéndose en el horizonte la década de bonanza que vivió la región y que también comprendió a Uruguay, en ancas de una coyuntura internacional muy favorable para la colocación de nuestros commodities a elevados precios, llega la hora de que se pase raya sobre lo que efectivamente se hizo bien y lo que no, y si por ejemplo se ha logrado generar condiciones que permitan favorecer la llegada de capitales de riesgo, tanto en el área productiva como de servicios”.
Advertíamos que “si de la época de bonanza salimos como salimos, queda planteada una gran interrogante respecto al desempeño que podamos tener cuando de la meseta se ha pasado gradualmente a la caída en cuanto a las condiciones internacionales, aunque sin tener que remar tanto como tendrá que hacerlo el presidente Mauricio Macri en la Argentina, a quien los desastrosos gobiernos K le han dejado un déficit fiscal del orden del 7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI)”.
Ya entonces reputados economistas como Carlos Steneri, Ignacio Munyo (director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Universidad de Montevideo) y Dolores Benavente (presidenta de la Academia Nacional de Economía y directora de Unión Capital AFAP) señalaban que el gobierno debía tener un rol más activo para abrir los “cuellos de botella” que “afectan el crecimiento y limitan el acceso de los capitales”.
“No vemos impulsos importantes” para el crecimiento, luego de que grandes proyectos que en 2013 se esperaba que apuntalaran la inversión se cayeran “como piezas de dominó”, dijo Munyo en febrero de 2016, y en cuanto a la competitividad, según este economista, Uruguay “se encareció en precios con sus vecinos comerciales y eso le resta atractivos al país y posibilidades a los negocios. Pero también otros aspectos afectan la competitividad, como señaló Benavente, caso de la baja productividad, la ineficiencia y el costo de las tarifas públicas”.
Reflexionábamos en nuestro caso en esa nota editorial que “nadie puede dudar de que se ha dejado pasar una oportunidad única, por la década de bonanza, para incorporar beneficios que nos permitieran transitar coyunturas como la actual con menos condicionamientos, como es el arrastrar un déficit fiscal severo después de haber tenido ingresos excepcionales durante una década, lo que significa que se cometió el grave error de seguir incrementando el gasto aún por encima del aumento de la recaudación, sin volcarlo a infraestructura y hacer caja para poder afrontar con otro perfil los momentos complicados por venir”.
Lamentablemente, en estos más de tres años el tiempo siguió dándonos la razón, y tenemos ahora un déficit fiscal del orden del 5 por ciento del PBI, sin que el gobierno haya atacado en este período los factores clave para romper con esta tendencia, que son el incremento del gasto por encima de la recaudación y la no generación de condiciones para alentar las inversiones, que son el elemento decisivo para salir de este círculo vicioso de caída de la economía, menos recaudación y mayor déficit.
Los datos del segundo trimestre de este año no arrojaron sorpresas, porque ante la pasividad oficial nada podía esperarse más que la consolidación de la tendencia, y es así que la actividad ha seguido estancada, con sus principales motores apagados, mientras los analistas privados mantuvieron sus previsiones de un crecimiento mínimo para este año, en el mejor de los casos.
Y si bien la economía técnicamente esquivó la recesión, van cinco trimestres seguidos donde un crecimiento menor al 1 por ciento se alterna con caídas de igual magnitud. Los datos divulgados por el Banco Central del Uruguay indican un crecimiento de apenas 0,3 por ciento en el segundo trimestre del año respecto al primero, y si se compara con el año pasado, el “crecimiento” fue de 0,1, que puede asimilarse a una recesión técnica, por cuanto la expansión de la economía es similar o inferior al crecimiento de la población en ese período.
Si se considera la actividad acumulada en los últimos doce meses y se la compara con la del año móvil finalizado en junio de 2018, el crecimiento fue de 0,5 por ciento, el más bajo desde 2016.
Pero la tendencia en todo caso es el punto de mayor gravedad a tener en cuenta: siguen sin aparecer los dos principales generadores de crecimiento, que son el consumo y la inversión. Esta última cayó un 4,1 por ciento en el segundo trimestre, y no puede extrañar que parámetros ligados indisolublemente a la actividad, como la demanda de empleo, siga cayendo, excepto en el sector público, donde no solo hay inamovilidad sino que proliferan los “curros” y los gremios del Estado siguen reclamando su parte de la torta, que no es otra cosa que trasladarle todo el costo de la crisis a los trabajadores privados.
La tabla de salvación a la que ha apelado el gobierno es la inversión y consecuente derrame de las obras de la planta de UPM 2. Pero una golondrina no hace verano, dice el refrán, y como indica la experiencia, tras el impulso inicial de la obra, que demorará varios meses todavía, se volverá a la meseta en que nos encontramos, de no hacerse algo contundente al respecto y lo que por supuesto no se ve. Por otra parte, es obvio que el país no va a cambiar por una obra puntual, cuando a lo sumo los beneficios pueden derramarse en algunos departamentos con directa relación con la inversión. Los demás seguirán durmiendo el sueño de los justos, esperando que pase el temporal.
El desafío está planteado para el nuevo gobierno, del partido que sea, que no tendrá margen para hacerse el distraído como la actual administración, y deberá asumir realmente la situación en que nos encontramos, por añadidura en una región en la que los dos grandes vecinos están peor que nosotros.
Y a las promesas de enganche electoral les llegará más temprano que tarde la hora de la verdad, lamentablemente, porque pese a la tentación de evitar costos políticos, todo intento populista solo agravaría los problemas que tenemos.