Más tiranía
Las noticias sobre los padecimientos que viven los venezolanos en su país llegan todos los días, a toda hora, mientras que el gobierno de Uruguay prefiere hacer la vista gorda e insistir en un diálogo en la nación caribeña que será muy difícil de llevar adelante. Una de los últimos datos acerca de la barbarie que lleva adelante el tirano Nicolás Maduro, vino de la mano de la organización Human Rights Watch (HRW), con un informe divulgado el miércoles pasado.
En uno de sus puntos más fuertes, HRW acusó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía venezolana de cometer “ejecuciones extrajudiciales”, especialmente en comunidades de bajos recursos, y señaló que desde 2016 casi 18.000 personas –sí, como leyó, dieciocho mil– murieron en situaciones “de resistencia a la autoridad”, según el cómputo de datos oficiales aportado por el propio Ministerio del Interior venezolano.
Venezuela atraviesa una escalada de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de seis años, que no reconocen ni la oposición y ni parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios. Y esto es parte de ese contexto de represión pura y dura de un gobierno que no tiene ninguna legitimidad.
“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa llevada adelante en Washington, Estados Unidos.
“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, continuó Vivanco haciendo énfasis también en la grave crisis de Venezuela, en recesión, con desabastecimiento, con una inseguridad galopante y con un éxodo de sus habitantes como jamás tuvo un país de la región.
Vivanco señaló que las circunstancias de las ejecuciones en los casos que documentó HRW son “consistentes” con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dirigida por Michelle Bachelet. Por ello, urgió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear una misión especial de investigación para Venezuela dedicada a identificar a los responsables de esta violación de los derechos humanos, algo que tendría que haberse hecho hace tiempo.
Justo el jueves, un día después del reporte de HRW, los países del llamado Grupo de Lima presentaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un proyecto de resolución sobre Venezuela, en el que piden la creación de una comisión que investigue las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en este país desde enero de 2014.
Mecanismos de este tipo solo son establecidos cuando se considera que la situación de derechos humanos en un país es muy alarmante, y este es el caso. Nueve de los 11 países que forman el Grupo (Argentina, Brasil, Canadá, Chie, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú), además de Guyana, figuran como los principales proponentes de la resolución, que será debatida a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
El período inicial de funcionamiento de la comisión –instancias que suelen estar formadas por juristas independientes de la ONU- será de un año y su período de investigación deberá remontarse a principios de 2014, cuando se realizaron las primeras grandes manifestaciones ciudadanas contra el gobierno de Maduro.
De aprobarse la resolución, su mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación. Al gobierno de Maduro se le insta a colaborar con la ONU.
Sin embargo, esto es considerado poco probable porque Venezuela se ha negado sistemáticamente a recibir a expertos y observadores de derechos humanos de la organización internacional, con excepción de una visita que hizo Bachelet a Venezuela el pasado junio y que fue precedida de una misión de su oficina que preparó el terreno para la misma.
¿Y cuáles son los dos países que se oponen a esta movida e insisten en el infructífero diálogo? México y… Uruguay. Los gobiernos de ambas naciones ratificaron el jueves su postura a favor del diálogo para una solución pacífica en Venezuela, indicaron en un comunicado conjunto. En él reiteraron que “la vía del diálogo y la negociación es la única aceptable para alcanzar una solución pacífica a la situación por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela”. Mientras tanto, la represión de Maduro sigue, mientras su pueblo se sumerge en la miseria y la desesperación.
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