Distintos episodios que tienen que ver con la difusión de notas e “información” divulgada por el portal web de Presidencia de la República denotan escaso apego republicano a la norma constitucional que prohíbe a la figura presidencial ingresar en actividades de política partidaria, pero en general tales acciones no habían pasado de “avivadas” o “chambonadas” al estilo del expresidente José Mujica, en el sentido de poner a lo político por encima de lo jurídico, e incorporar como sin querer comentarios de ministros de estado e integrantes del Poder Ejecutivo que claramente ingresan en el terreno de lo político partidario.
Esta veta autoritaria surgió empero más claramente cuando desde ese portal que depende directamente de Presidencia de la República se “escrachó” a ciudadanos comunes, dando a conocer sus datos personales, supuestas deudas, faltas y actitudes anteriores, debido a críticas que formularon al gobierno de Tabaré Vázquez, en una especie de “vendetta” contra quienes osaron disentir frontalmente con el Poder Ejecutivo. Es además una clara advertencia, un tiro por elevación dirigido hacia quienes tuvieran esa intención, para que supieran que de hacerlo desde el portal se les dejaría en evidencia por algún “trapito” sucio o antecedentes que desde el gobierno se pudieran manejar por poder contar con información privilegiada de diversos organismos.
Es decir, una veta de “terrorismo” verbal destinada a poner en vereda a quienes se atrevan a criticar la voz oficial, un aspecto que lamentablemente ha tenido el respaldo del propio presidente cuando, en una declaración poco feliz, ha justificado esta actitud de sus subordinados del portal.
Pero la gota que rebasó el vaso surgió a partir del fallo del juez Carlos Aguirre, de lo Contencioso Administrativo, quien se pronunció el miércoles a favor del recurso de amparo presentado por el Partido Independiente (PI), que solicitaba que el órgano de comunicación de Presidencia dejara de publicar información de “carácter electoral”.
La Justicia falló a favor del PI y obligó al Gobierno a abstenerse de publicar ese tipo de información, dándole 24 horas para retirar dos publicaciones que contienen declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, publicadas los días 5 y 8 de octubre y que hacían referencia a dichos de la asesora de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche.
Unas semanas antes había ocurrido lo mismo con declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, quien contestó a otras afirmaciones descalificando los programas de gobierno de los partidos de oposición. Tales declaraciones también fueron subidas a la página web de Presidencia.
El jueves el portal de Presidencia eliminó las notas, pero según José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, se apelará la sentencia por estar en “absoluto desacuerdo” con el fallo. Igualmente el tema no quedaría ahí, ya que el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, ha llevado el punto a un plano personal por sentirse agraviado por expresiones del juez Aguirre en el sentido de que lo ha menospreciado en lo profesional, cuando supuestamente expresó a una de las abogadas enviadas por Presidencia que quien formuló el planteo no sabe nada de leyes, o algo por el estilo. Más aún, Miguel Toma dice que se sintió ridiculizado por el juez de causa del PI y lo denunció ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Entiende que el magistrado lo ofendió y agravió con un “ataque con el propósito” de ridiculizarlo, y pide “correcciones disciplinarias y sanciones severas”.
El jerarca presentó la denuncia contra el juez dos horas antes de que éste dictara la sentencia que obligó a la web a descolgar los artículos del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y a abstenerse de publicar información vinculada a la campaña electoral. En la audiencia del pasado lunes, en la que se buscó una conciliación, el juez propuso esa medida a los representantes legales del Gobierno. Una de ellas explicó que tenía que consultar con Toma.
Una vez que la representante se comunicó con el secretario, y este le dio la instrucción de no conciliar, le comunicó la decisión al magistrado. El juez, según señala Toma en la denuncia, comentó que “se ve que no era alguien entendido en Derecho a quien usted le transmitió”.
Ese comentario dio lugar a a denuncia del jerarca de Presidencia, quien se sintió ofendido en su persona, honor y reputación. Esta denuncia es “a título personal”, según dijeron fuentes del Gobierno a Montevideo Portal.
Estas declaraciones del juez, señala Toma, “implican indiscutiblemente un ataque con el propósito de ridiculizarme. Lo expresado en la audiencia por el señor magistrado, respecto a mi persona, ataca directamente mi reputación y pretende destrozar una prestigiosa carrera profesional de más de 35 años de ejercicio, prestigio y reputación ganados, entre otros motivos, no solo por su recta e intachable conducta ético profesional, sino también y especialmente fruto de los reconocimientos que le han valido en carácter de representante del Uruguay ante emblemáticos casos internacionales, como Phillip Morris International, Aratarí, Italba Corporation y Plan Cóndor”, señala en la denuncia, que fue publicada por la periodista Georgina Mayo, del canal de televisión nacional.
En concreto, el jerarca pide que la Suprema Corte de Justicia le aplique “correcciones disciplinarias y sanciones severas” al magistrado.
Este tipo de acciones, tomadas claramente desde una postura de soberbia y de quien se siente prácticamente intocable como consecuencia de considerarse protegido desde el poder, confirma, por si alguien tenía todavía alguna duda, que hay integrantes del gobierno –y en este caso de la secretaría de la Presidencia de la República– que han flechado la cancha y conciben a la democracia con una visión propia, soslayando reglas muy claras que determinan los límites que deben observar las autoridades de gobierno, y que refieren precisamente al eventual abuso de poder por quien hace uso de los recursos otorgados por el Estado.
Porque una cosa es el Estado y otra el gobierno, en un régimen democrático republicano, aunque algunos, por su conveniencia y su escaso apego democrático, quieren hacer creer que ambos son una misma cosa, y entreveran los tantos a sabiendas.