Los resultados de las elecciones realizadas el domingo anterior han confirmado las previsiones de la mayoría de las encuestadoras, que sacaron buena nota en esta oportunidad –salvo alguna como Radar, que ha sobreestimado la votación del partido de gobierno, por su metodología, posiblemente–, en el sentido de que ningún partido obtuvo el porcentaje del 50 por ciento más uno establecido por la Constitución para obtener la Presidencia de la República, por lo que habrá que convocar a una nueva consulta popular el último domingo de noviembre.
De la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, surge como primer dato ostensible que el Frente Amplio, que en las tres anteriores oportunidades había obtenido mayorías parlamentarias en esta primera vuelta –en una oportunidad incluso no necesitó balotaje–, en esta instancia ha estado bastante lejos de esa mayoría, y por lo tanto, en caso de acceder al gobierno en la segunda consulta, debería negociar con la oposición para poder gobernar, incluso para votar leyes por mayoría simple.
Quiere decir que el partido de gobierno, con la pérdida de casi 200.000 votos respecto a 2014, ha caído en respaldo popular, en parte por el desgaste natural que conlleva el ejercicio del gobierno, como ocurre en todas las democracias, pero asimismo ha pagado el precio de la aplicación de políticas que se han distanciado de las grandes mayorías en materia económica y en áreas específicas como seguridad, educación y construcción social. Es que entre otros aspectos, se ha insistido en poner énfasis en la agenda de derechos de unos pero afectando las de otros, y a la vez soslayando que los derechos deben tener la contraparte de obligaciones del ciudadano para sostener cierta ecuanimidad en las responsabilidades.
Del otro lado, el Partido Nacional y el Partido Colorado han caído levemente en su volumen electoral y ha aparecido con fuerza desde el punto de vista de apoyo ciudadano el partido Cabildo Abierto, que encabeza Guido Manini Ríos, como consecuencia seguramente de representar un nicho de opinión que no ha estado contemplado en los otros partidos, y todo indica que aparece como el partido desnivelante en favor de la oposición para el balotaje.
No hace falta ser un experto politólogo para inferir que la población uruguaya se ha inclinado por el cambio, tras quince años de gobierno de la coalición de izquierdas, y que el Partido Nacional, el mayor partido de oposición, llega con una posición favorable para obtener la Presidencia de la República, por más que los alineamientos de los votantes no son necesariamente automáticos a la hora de votar, pese a la postura que tengan los respectivos líderes partidarios. Pero en el pecado está la penitencia, y uno de los mayores pecados de la izquierda ha sido el de la soberbia, el de asumir que la suya es la única verdad y que a partir de sus postulados debería reconstruirse el Uruguay, con una mirada refundacional y mesiánica, cuando sin dudas en política como en tantos órdenes de la vida, no hay una única verdad. Esta se construye a partir de los datos de una realidad que no siempre responde linealmente a lo que se pretende o se cree hacer para cambiarla, cuando no nos gusta o no responde a lo que uno pretende ni a las intenciones, por mejores que sean.
La soberbia nunca es buena consejera, y así ha actuado la izquierda. Más aún cuando apunta a imponer el pensamiento único y se genera por una u otra vía “escrachar” al que piensa distinto, como se ha hecho por el gobierno en áreas clave como la economía, la seguridad, la educación, y se ha intentado “convencer” a los ciudadanos por la vía de una “colonización” ideológica de grupos de actores sociales y sindicales que han funcionado como correa de transmisión del gobierno del Frente Amplio, ajenos al interés general y al hecho de que en todas las actividades, quiérase o no, participan ciudadanos de todas las ideologías y de todos los partidos.
Una clara demostración la hemos tenido los uruguayos con el tema del plebiscito sobre la reforma “Vivir sin miedo”, en la que tanto sindicatos como organizaciones sociales y facultades universitarias, que se supone deben ser laicas y ajenas a todo sesgo partidario, hasta suspendieron las clases en Montevideo para que docentes y estudiantes participaran en la marcha contra la reforma.
Claro desprecio y apropiación indebida de instituciones que son de todos los uruguayos, cualquiera sea la forma en la que piensan, cuando se pasó la aplanadora a los que piensan distinto, a los que se dejó sin clases olímpicamente porque se priorizó el alineamiento ideológico por sobre el cometido esencial para el que han sido concebidos los institutos educativos y los sindicatos, las propias organizaciones sociales, en aras de imponer el pensamiento único, por las buenas o por las malas.
Otro punto sin dudas sensible que ha influido tanto o más que la inseguridad, tiene que ver con la situación económica, y no es porque sí que el voto castigo haya provenido especialmente desde el Interior, porque en Montevideo “hay otra manija” y se actúa conforme a una realidad capitalina que va a contramano de la del resto del país. Pero desde hace rato hemos advertido desde estas mismas páginas que se ha dejado correr la situación de deterioro de todo el Interior, a partir de una caída general de actividad que se ha cobrado sus víctimas en pérdida de calidad de vida de trabajadores asalariados privados, de cuentapropistas, de pequeñas empresas –también medianas y grandes– en aras de mantener al Estado y mejorar la situación del empleo estatal, que financiamos todos los uruguayos con impuestos, aún de aquellos que más han perdido en calidad de vida, sin que al gobierno se le haya movido un pelo, más allá de insistir con su relato de que todo va bien.
La ciudadanía se ha pronunciado inequívocamente por cambiar este estado de cosas, a juzgar por el panorama que presenta el resultado eleccionario, lo que no quiere decir que esté todo dicho desde el punto de vista electoral.
Pero estos vientos de cambio difícilmente dejen de soplar, porque contrariamente a lo que ha proclamado desde sus raíces ideológicas marxistas la candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, Graciela Villar, la cosa no es entre “oligarquía y pueblo”, sino entre la continuidad o el cambio, entre los que pretenden dictar conciencias y la forma de pensar de los otros, y el ciudadano pensante, que no se deja llevar por los eslóganes oportunistas. Porque el pueblo está en todos lados, en todos los partidos, y no es precisamente “oligarca” el más de un millón trescientas mil personas que esta vez le han dado la espalda a la izquierda. → Leer más
