En pleno desarrollo de la crisis sanitaria y económica desatada por el COVID-19, es una buena señal desde el punto de vista del relacionamiento y la salud del sistema político que el gobierno haya decidido adelantar para este martes la reunión con la dirigencia del Frente Amplio, el principal partido de oposición, a efectos de considerar el planteo de la coalición de izquierdas, –que encarna nada menos que el gobierno saliente–, para considerar la situación y sobre todo recibir una propuesta o por lo menos un borrador en cuanto a eventuales medidas para paliar la situación.
No puede obviarse que partir de que se desencadenara la pandemia y ésta hiciera pie en nuestro país el escenario ha cambiado radicalmente, y en él las prioridades que se había trazado el nuevo gobierno para intentar superar la crisis socioeconómica que recibiera del anterior gobierno.
Lamentablemente, la escalada del gasto público hizo que la situación se fuera deteriorando en los últimos años y que Tabaré Vázquez entregara a su sucesor un país con un déficit fiscal del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), lo que significa un rojo del orden de los 2.500 millones de dólares anuales, creciente desempleo, caída de la actividad económica, cierre de empresas y caída de los ingresos por reducción de la actividad.
Este es precisamente el desafío que se enmarca en las actividades trastrocadas: hacer frente a la calamidad sanitaria con recursos menguados y tratar de mantener cierta actividad económica para que el Uruguay no caiga en un pozo aún más profundo que el que estábamos, porque la recuperación sería mucho más difícil e insumiría muchos años, en el mejor de los casos.
También hay que tener en cuenta sobre quiénes recae el peso de la crisis y de la recuperación. Al respecto hay una sola respuesta posible: sobre el sector privado, el auténtico motor de la economía, porque aporta capitales de riesgo para producción de bienes y servicios, con fuentes de empleo genuinas para trabajadores que no están prendidos a la “teta” del Estado, con todo lo que ello significa.
Por cierto, en cuanto a los que sufren el peso de la crisis, tenemos que los funcionarios del Estado, saben que cuando termina el mes van al cajero y tienen la seguridad de contar con su salario intacto, en tanto los trabajadores privados ya están pagando con desempleo, envíos al Seguro por Desempleo, reducción de horarios, incertidumbre sobre si sus empresas reabrirán, o si cuando termine la emergencia seguirán en su puesto; y mucho más aún los cuentapropistas, que no saben si en el día a día encontrarán medios para su sustento.
Ergo, los problemas no son comunes y se requieren respuestas diferenciadas, pero también en cuanto al tenor, porque es muy fácil el pedir la cuarentena general: “cierren todos y vamos a esperar cada uno en su casa que pase la crisis” cuando se está en una situación de confort, se tiene el salario y los ingresos asegurados, y otra muy distinta cuando están los bolsillos vacíos y sin posibilidad de tener algo en ellos para paliar la situación, como es el caso del sector privado.
Es decir, en cuanto al combate a la epidemia, evidentemente la respuesta ideal es la cuarentena, cerrar las puertas en todas las actividades, quedarse cada uno en su casa y sentarse a esperar que el virus se vaya solo por falta de individuos para el contagio en la calle y en el mano a mano. Ergo, no puede extrañar que para los profesionales de la medicina, que aconsejan medidas ante la crisis sanitaria, desde el punto de vista de su profesión, libre de otra consideración, este debería ser el camino.
Pero el punto es que el país debe continuar su marcha, que debe mantenerse funcionando la economía, para que sea viable. Por supuesto, también en teoría hay respuestas simpáticas: un subsidio general para todos los que están en una situación problemática, equivalente a un salario, como es la propuesta que en términos generales surge del Frente Amplio y que se presentará en esta jornada, sin olvidar que por más pertinente y loable que sea la intención o por lo menos la idea, el punto no radica en el qué, sino en el cómo, y que el quid del tema es encontrar de un día para el otro los recursos para hacerlo, en el mejor de los casos, para no comprometer definitivamente la economía para el día después.
Es cierto, como atenuante, que siempre es mejor plantear propuestas, aunque suenen delirantes, que jugar a hacer “caceroleos” contra el gobierno, nada menos que en esta encrucijada.
Igualmente hay quienes se entretienen en tomar parte en una especie de remate a ver quien ofrece más del dinero de otros, por supuesto, en tanto también hay posturas razonables, como es el caso de la Academia Nacional de Medicina que dio a conocer un comunicado en el que considera “apropiadas” las medidas graduales adoptadas por el Gobierno para paliar la propagación del coronavirus en Uruguay, pide “prestar atención” a las consecuencias “sociales y psicológicas” del aislamiento y solicita no descartar ninguna “opción sanitaria de mayor profundidad y escala”.
La institución señala que ha trabajado “fuertemente” asesorando a las autoridades del Ejecutivo para “superar la coyuntura”. En ese sentido, la academia consideró “apropiadas” las medidas graduales, y “adecuadas a cada etapa evolutiva de la pandemia”, procurando así “evitar o postergar medidas más drásticas”, de “efectos poco previsibles que pueden conllevar efectos adversos sobre áreas de la salud o sobre aspectos relevantes de la vida en comunidad”.
Las medidas sanitarias de “mayor profundidad y escala” no deben ser descartadas, señala la institución, pero deben ser tomadas oportunamente. La academia apoya las acciones preventivas tomadas por el gobierno y señala que el distanciamiento social “funcionó con elevado grado de acatamiento”, y que eso se debe “alentar y promover”. Asimismo, señalan como buenas medidas el cierre de instituciones educativas y el aislamiento para individuos infectados acompañado de cuarentena de miembros de su familia y contactos.
Sin embargo, también en el plano académico, un grupo de profesionales de la Universidad de la República, integrantes de “Por la Red Renta Básica de la UdelaR”, emitieron una declaración este domingo, en la que apoyan las diferentes voces que han solicitado dar una renta básica a las personas que están quedando por fuera de la protección social, y en la que el grupo va más allá: “Proponer la implementación progresiva de una renta básica universal e incondicional”.
“Se abre la oportunidad de poder experimentar en el período de crisis, implementando una renta básica (piloto) como modalidad de transferencia monetaria universal e incondicionada”, enfatizan.
“Proponemos la implementación progresiva de una Renta Básica Universal e Incondicional, en tanto esta tiene muchas ventajas de impacto económico y social, que la literatura nacional e internacional ha detallado. Interesa hacer mención a que esta medida evita la estigmatización, permite la transparencia y asegura altos niveles de eficiencia y, por otro lado, cubrir necesidades básicas y ayudar a dinamizar la economía nacional”, subrayan los profesionales afiliados a la izquierda.
Es decir, aprovechar la coyuntura para llegar al ideal de darle a todo el mundo un sueldo mínimo, sin ninguna contrapartida, y por supuesto que pago por el gobierno que milagrosamente va a crear dinero con la máquina de imprimir billetes, se nos ocurre a nosotros, que no es otra cosa que generar inflación, al mejor estilo venezolano.
Lo interesante de este planteo de la renta básica universal es que indirectamente reconoce el fracaso rotundo de los 15 años de gobierno de izquierda que recién terminaron el pasado 1º de marzo; porque si en un mes ya estamos en una situación tan extrema que todos necesitan este auxilio del Estado, significa que el país entero estaba al borde de la pobreza o directamente en la pobreza. Y eso considerando que en general los trabajadores cobraron a principios del mes marzo su sueldo normal, porque las medidas que produjeron este principio de debacle se implementaron ya entrado el mes. ¡Qué nos espera entonces para los duros meses de invierno que se avecina!
