Cuando estamos todavía en proceso de las instancias correspondientes al traspaso del poder en el gobierno nacional, con la asunción del presidente Luis Lacalle Pou y su equipo de trabajo, y a la espera de las primeras medidas inherentes a la gestión del gobierno de la coalición multicolor tras quince años de gestión de la coalición de izquierda, es pertinente señalar cuál es el punto de partida para las flamantes autoridades.
Y por cierto, ya dejada atrás la fanfarria de los festejos y actos formales de la transmisión del mando, a la hora de las responsabilidades, es indudable que el Frente Amplio ha “descarrillado” en los últimos años en materia de economía, pese a que durante más de una década gozó de las mejores condiciones en los mercados internacionales que rigieron en los últimos cincuenta años, habida cuenta de que no solo deja como legado los gastos estatales “inflados”, con un déficit fiscal de casi el 5 por ciento del PBI, sino que se ha incrementado sustancialmente el desempleo, ha caído la actividad económica, a la vez de estar en situación delicada, por decir lo menos, la mayor parte de las empresas del Uruguay.
Tenemos a modo de ejemplo los datos de la última encuesta de actividad de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), correspondiente al último cuatrimestre del año 2019, la que considera en su balance que “el año 2019 cerró en el terreno negativo para el sector comercio y servicios, es decir la mayoría de los rubros, mostraron retroceso”.
Las ventas de todo el sector en términos reales mostraron una caída del 3,5 por ciento en 2019 frente a 2018, con especial énfasis en áreas como el turismo, y en similares porcentajes en Montevideo e Interior.
Resume el informe que “en consecuencia se mantienen las dificultades en los niveles de actividad económica en gran parte de las empresas del rubro, sin avances sostenidos respecto a lo observado durante el año 2018”.
Asimismo, de la encuesta se desprende que “la propensión a contratar personal, a invertir o comprar insumos se mantuvo en el cuarto trimestre en el nivel de neutralidad”.
Ello quiere decir –agrega– que “la amplia mayoría de las empresas opta por mantener en valores similares a los actuales a los recursos principales (empleo, insumo e inversiones)”, lo que en términos camperos significa “desensillar a esperar que aclare”. En suma, abrir un compás de espera por expectativas ante el cambio de gobierno, por asumir que la administración Vázquez ya no tenía respuestas y seguía en piloto automático por falta de margen de maniobra.
Y esa falta de margen de maniobra obedecía precisamente a que se malgastó en tiempos de la bonanza insuflada desde afuera y se hizo crecer el gasto público hasta niveles imposibles de absorber con la actividad económica de tiempos que no sean excepcionalmente buenos, y ese es tal vez el legado más complicado que se deja al gobierno que asumió este el 1º de marzo. Ello está resumido en el análisis de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin, los que en el suplemento Economía y Mercado de El País consideran que el estado de las cuentas públicas está en el centro de las preocupaciones del nuevo gobierno, y con referencia al contenido del borrador de la Ley de Urgente Consideración destacan que dedica un capítulo al tema de la regla fiscal. “Lo concreto es que el hecho de que se ponga a consideración de la población un esquema de este tipo, habla a las claras de la prioridad que se le significará al abatimiento de un déficit que no deja de aumentar y amenaza con hacer perder el grado de inversión”.
Reflexionan que “las implicancias de que ello ocurriese serían negativas para el país, no solo porque se le restringiría el acceso al financiamiento elevando su costo, sino que ello se trasladaría al sector privado, lo que reduciría el universo de posibles inversiones que se podrían llevar a cabo”.
Sobre todo, de lo que se trata es generar acciones que contribuyan a mejorar la competitividad de la economía, y consideran que en el último año “el rojo de las cuentas públicas sin considerar los ingresos del Fondo de Seguridad Social, trepó al 4,7 por ciento del PBI, superando en medio punto al resultado de 2018. El deterioro de las cuentas públicas es el resultado de un aumento del gasto en un contexto en el que caen los ingresos”, y “de hecho es lo que viene ocurriendo desde el año 2014, cuando la economía ingresase en el relativo estancamiento que dura hasta nuestros días”.
Es que sin ir más lejos, cuando vemos locales comerciales vacíos por todo Paysandú, pero sobre todo en la zona céntrica, debemos asumir que se trata de emprendimientos que no han resultado viables por el costo país, es decir la gran porción que se lleva el Estado, incluyendo las tarifas de los servicios, impuestos, y el nivel de ventas que no compensa este piso gravoso para todo el que intente ingresar o sostenerse en el mercado, con la consecuencia de también se pierden empleos.
El comercio es una parte de la cadena de la economía, más precisamente el último eslabón y su situación complicada es consecuencia del deterioro de los eslabones que la preceden y el tramado socioeconómico del país, por lo que no puede haber empresas comerciales realmente prósperas y sustentables si la economía no crece y no se reciclan recursos.
Bueno, este es el punto de partida en el área económica para el nuevo gobierno, que enfrenta expectativas de cambios urgentes y contundentes que naturalmente, no será posible contemplar en el corto plazo ni nada que se parezca, porque el margen de maniobra es mínimo: hay costos fijos del Estado para lo que es necesario seguir recaudando, pero a la vez retaceando recursos para la dinamización real de la economía a través de generar condiciones para la inversión del sector privado, verdadero motor del país.
Y para empezar, ya que es difícil lograr de entrada un aumento de actividad y de recaudación, la lógica indica que deberá controlarse el gasto público superfluo, más allá de eslóganes, con decisiones contundentes, y que no serán fáciles.
Por añadidura, nos encontramos con el relato de los que dejan el poder, como si fueran ajenos a esta situación, y no sus principales responsables, porque si mientras por un lado el exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori pone énfasis en el aumento del salario real en los últimos quince años, omite a la vez la parte de los miles y miles de uruguayos que han pasado al desempleo en el sector privado, y que en general han perdido cantidad de horas de trabajo y poder adquisitivo, por el declive de la economía y el gasto estatal desbordado.
Como se atan esas moscas por el rabo, es precisamente uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno, y no tanto el rumbo, sobre el que no puede haber dudas pese a los eslóganes de ocasión, sino en como se podrá ir avanzando al tiempo que las expectativas demandan respuestas desde ya.
Cuando todos sabemos, además, que no hay soluciones mágicas, sino solo esfuerzo, paciencia y confianza en que las cosas mejorarán, si no se apura el paso más de lo que aconseja el sentido común.
