En estos momentos de cuarentena domiciliaria es importante ocupar el tiempo realizando actividades que nos distraigan física e intelectualmente. A tales efectos, se puede imaginar un sencillo ejercicio: tratemos de adivinar qué hubiese pasado si durante la campaña electoral o de la cara a la segunda vuelta de noviembre alguno de los candidatos hubiese propuesto rebajarle los sueldos a los empleados públicos y a los políticos, así como a los funcionarios de personas públicas no estatales o de las sociedades anónimas de propiedad estatal, entre otros. Además de haber sido icinerado en la hoguera pública por su “atrevimiento” de tocar dos de las “vacas sagradas” de nuestro país (los empleados públicos y los políticos), sin duda ese candidato hubiese quedado sin respaldo de partido alguno y a su vez, caído abruptamente en las encuestas, obteniendo una escasa o nula votación.
Ante ello cabe preguntarse por qué una medida que hubiese sido impensable de anunciar hace pocos meses, cuenta, de acuerdo con las encuestas difundidas recientemente, con el apoyo del 74% de la población. ¿Qué ha cambiado en el ánimo de los votantes uruguayos para que se produjera ese cambio tan significativo? La respuesta es relativamente sencilla: la aparición y llegada a nuestro país de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, evento que está afectando gravemente el bolsillo de todos los uruguayos y que demandará un incremento sustancial del gasto público para tratar de minimizar sus efectos sanitarios, económicos y sociales.
La rebaja de los sueldos de los legisladores que propuso el Presidente Lacalle Pou, aún cuando sea temporal, tiene un importante valor tanto simbólico como real. De acuerdo con la página web del Parlamento, un diputado uruguayo tiene un sueldo nominal por mes de $276.801 a los cuales se suman $ 29.848 por concepto de gastos de representación. A dicha suma hay que agregarle otras partidas tales como Secretaría de Legislador ($159.128), Bancada ($38.131) Prensa ($31.220), Fotocopias ($1.447), Ancel ($4.627), Correo ($1.164) y Hogar Constituido ($1.089), todo lo que totaliza $543.955. Cabe aclarar que la polémica “Partida de Prensa” (creada en el año 1988 y que en los hechos se usaba como un sobresueldo encubierto utilizado por los legisladores de todos los partidos) fue suspendida pero no fue eliminada. Es importante mencionar que, además de los legisladores, la Cámara de Representantes cuenta con 384 funcionarios cuyos sueldos básicos (el más bajo asciende a la suma de $ 41.454) se incrementan con las siguientes partidas: Compensación horario sin término y dedicación especial (58,5% sobre sueldo básico), Prima por Antigüedad, Hogar Constituido y Compensación por Antigüedad en al Cargo.
Por su parte los diputados que no fueron reelectos en su cargo cobran un subsidio mensual nominal de $217.356 que incluye $1.085 de Hogar Constituido y que se paga por el plazo de un año aunque en algunos casos ese plazo puede extenderse a tres años. Estas remuneraciones escandalosas contrastan duramente con los sueldos de las personas comunes que componen el país real: empleados privados, maestras, jubilados, pensionistas, funcionarios policiales y militares cuyos salarios en muchos casos no llegan siquiera a lo que un legislador tiene derecho a cobrar para supuestamente comprar prensa escrita. En el caso de los senadores, que perciben remuneraciones y beneficios mayores, esas diferencias son aún más indignantes. Todo esto sucede en un país cuyo salario mínimo es de $16.300.
El caso de los legisladores en general y de los diputados en particular demuestra que debemos aprovechar la actual crisis sanitaria para pensar “fuera de la caja” como se dice actualmente y tener la valentía de plantear ideas que podían haber sonado como una locura hace tan solo unos meses. Una de esas ideas debería ser la instauración de un régimen parlamentario de una sola cámara cuyo total de componentes sea menor que los integrantes del actual parlamento (120). De esa forma se estaría logrando un ahorro significativo no sólo de dineros públicos sino también de tiempo en la discusión y aprobación de proyectos de ley. A los grandes males que vivimos actualmente (coronavirus), debemos responder con grandes remedios (sistema parlamentario unicameral, disminución de legisladores y rebaja de sus salarios y beneficios).
El régimen unicameralista cuenta con defensores en nuestro país, entre ellos el constitucionalista y exlegislador del Partido Socialista José Korseniak para quien el motivo para mantener un Parlamento con dos cámaras es electoral y no político ni técnico.
Para Korseniak, “Uruguay ganaría muchísimo si existiera un régimen unicameral, porque las dos cámaras que hoy tenemos hacen exactamente el mismo trabajo en un mismo proyecto de ley (…) No se justifican senadores y diputados porque somos un país unitario, no federalista. No hay regiones autónomas. (…) En un sistema político federal soy sin dudas defensor del bicameralismo, pero en un ordenamiento unitario como el nuestro se impone un régimen parlamentario unicameral”.
Existen en la actualidad muchos países que han adoptado el régimen unicameral, entre los que se encuentran Israel, Nueva Zelanda, Ecuador, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Perú, Dinamarca, Costa Rica, Guatemala, Finlandia y Portugal. Si tanto se elogia el sistema educativo finlandés, el desarrollo tecnológico israelí o la solución islandesa a la crisis financiera del año 2008, sería bueno tratar de imitar, entre otras medidas, sus parlamentos unicamerales.
Los uruguayos de a pie (que son la amplia mayoría) deberían decirle a los parlamentarios que ya es hora de cortar con sus absurdos beneficios, bajarse de la nube en la cual viven, compartir las preocupaciones y penurias de cualquier trabajador y modificar un sistema legislativo pensado para otro país y otro momento de la historia. Parafraseando al filósofo y escritor español José Ortega y Gasset (1883-1955) sólo restaría por decirle: “Legisladores ¡a las cosas!”