El abogado constitucionalista y diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, solicitará al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que envíe al Parlamento el proyecto de ley que elimine el cobro del subsidio a legisladores, cargos de confianza y de particular confianza que perciben durante un año y corresponde al 85% del salario que cobraban mientras cumplían sus funciones.
Explicó que “el Acto Institucional Número 9, que viene desde la dictadura, creó una cantidad de jubilaciones especiales para los gobiernos militares de la época. Pero los gobiernos de la democracia, en vez de derogarlos, se prendieron y empezaron a beneficiar a los políticos. Legisladores, ministros, secretarios y prosecretarios de la Presidencia, ministros de la Corte Electoral, de la Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas, o sea, decenas de personas se benefician de ese artículo que fue modificado por otra ley e implica que durante un año, desde que pierden el cargo, tienen derecho a cobrar el 85% del sueldo”.
En diálogo con EL TELEGRAFO, agregó que reciben el beneficio “desde el año 1985. Pero solo en 2015, al gobierno le costó 3 millones de dólares en un año. Entonces imaginemos cuántos millones de dólares costó desde 1985 al 2020. Probablemente más de cien millones de dólares y es un beneficio para unas pocas personas”.
INJUSTO
El legislador sanducero y representante por Montevideo, comparó el subsidio por desempleo que cobran los trabajadores, con el que comenzaron a recibir los cargos del anterior gobierno. “Eso es injusto porque cualquier trabajador cuando va al seguro de paro le pagan, por unos pocos meses, un porcentaje del sueldo que generalmente es bajo. Entonces, toda esta gente que tuvo cargos públicos con altos sueldos, cobran durante un año el 85%. La explicación que se da es que, por dedicarse a la política, dejan de lado su actividad personal y como después pierden el cargo político, no tienen de qué vivir”.
Lust propuso su eliminación por entender que “ya tienen una cierta edad para jubilarse o tienen otras actividades. Es decir, son millones de dólares que se van en un seguro de paro que por ejemplo hoy, lo cobra Raúl Sendic”. Reflexionó que “como todos los políticos en algún momento lo pueden llegar a cobrar, incluso yo, nadie se anima a pedir que se deje sin efecto”.
El constitucionalista aclaró que “la iniciativa para presentar el proyecto la tiene solo el presidente de la República. Es decir, la Presidencia tiene que enviar un proyecto al Parlamento y después votarse. Lo que haré en la Cámara de Diputados será enviarle un pedido a la Presidencia de la República para que envíe el proyecto y dependo de que el presidente lo envíe. Si el presidente no lo envía, no puedo promoverlo. Por eso, tengo esperanza en que el presidente lo mande”. Según Lust, en el caso que el mandatario envíe dicha iniciativa, “será muy difícil para el legislador no votarlo porque también es muy difícil de defender ante la opinión pública y más en estos tiempos”. Anunció que “lo presentaré en la primera oportunidad que tenga en la cámara. Tengo que utilizar la media hora previa, donde tendré cinco minutos para exponerlo”.
Luego del anuncio de una rebaja salarial para los funcionarios públicos y cargos políticos en todo el Estado que afectará a quienes ganan más de 80.000 pesos líquidos, a fin de crear un fondo que atienda la emergencia sanitaria, el legislador señaló que la medida debe alcanzar a estos subsidios. “También se deben gravar con el impuesto del Fondo, los subsidios que cobran los políticos y cargos de confianza que no fueron reelectos. Si no viene en el texto del proyecto, vamos a proponerlo. No son salarios ni pasividades y habría que eliminarlos”, opinó.
LO QUE COBRARÍAN
El subsidio es el 85% del sueldo. Según datos de 2019, los ministros cobraban un salario nominal de $ 254.431 en actividad. Por lo tanto, cobrarían $ 216.266 por mes durante un año.
En el caso de los subsecretarios, percibían en actividad 216.266, por lo tanto es posible que reciban $ 183.826 por mes durante un año. Sin embargo, no lo perciben la totalidad de los ministros que cumplieron funciones en el período anterior, en tanto, no tenían que estar jubilados ni tener otros ingresos por fondos públicos. Por lo tanto, no cobran el beneficio los ministros que estaban retirados antes de asumir en su función, así como tampoco quienes ingresaron al Parlamento. Entre los exministros, estaban habilitados Jorge Basso (Salud Pública), Marina Arismendi (Desarrollo Social), Enzo Benech (Ganadería), Ernesto Murro (Trabajo), Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores) con la excepción que resulte electo intendente en Cerro Largo. En estos casos el subsidio ascendería a U$S 341.500.
Entre los exsubsecretarios, pueden cobrarlo Jorge Quian (Salud Pública), Andrés Berterreche (Defensa Nacional), Benjamín Liberoff (Turismo), Ariel Bergamino (Relaciones Exteriores), Pablo Ferreri (Economía). Entre ellos podría gastarse hasta U$S 290.250. En Presidencia, el exsubsecretario Juan Andrés Roballo podía cobrarlo y si resolviera tomarlo, el gasto es de U$S 63.250 por el año de subsidio. Los exjerarcas deben pedir el pago a las autoridades entrantes del organismo en el que se desempeñaban, y los ministros actuales resuelven su autorización. En caso de no manifestar interés, renuncian al subsidio.
Además de los integrantes del gabinete del gobierno anterior, se estima que los puestos de confianza y particular confianza son unos 550, sumados los parlamentarios que no renovaron su banca y que accedieron a cobrar el 85% de su sueldo nominal durante un año.
Según un relevamiento de El País, de los 28 miembros del gabinete de Tabaré Vázquez, integrado por el secretario y el prosecretario de la Presidencia, los ministros y subsecretarios, solo 11 podrían cobrarlo. Si todos lo tomaran, implicaría un gasto total de U$S 695.000.