Denuncian privatización en la salud y “proliferación” de ollas populares

Dirigentes de la CTP divulgaron su proclama con fuertes cuestionamientos a las medidas adoptadas por los últimos gobiernos.

La Coordinadora de Trabajadores de Paysandú (CTP), que habitualmente realiza sus actos en conmemoración del Día de los Trabajadores en la plaza Colón, señaló “una crisis multifactorial del sistema capitalista y en yuxtaposición, una pandemia cuyo costo en vidas humanas no serán sólo por los efectos de la propia enfermedad, sino porque con ella se agrava aún más la situación de pobreza de muchos compatriotas”.
A través de las redes, recordó que “podría transcribir casi completamente la proclama del año pasado y de la de otros años”, ante las situaciones de personas que viven “en la calle o en asentamientos sin las mínimas condiciones”. La CTP precisó que “no era suficiente el maquillaje que desde el Mides pretendía ocultar las condiciones de vida que eran obligados a padecer miles de uruguayos” y que “no estábamos equivocados cuando en aquel entonces contradecíamos al ministro Murro que afirmaba que en Paysandú había un 10% de desocupación”. La coordinadora cuestionó el aislamiento de “una madre o un padre que debe buscar todos los días el sustento de su familia”, donde la pandemia impacta en un momento de retracción de la economía.
Denunciaron que “el reparto de la riqueza no es real”, a pesar de los índices de Gini. “No se ha tocado ni socializado ningún medio de producción”, sino que reciben exoneraciones impositivas, al tiempo que “desde Un sólo Uruguay tienen el descaro de enojarse por la solidaridad cuando desde el gobierno sólo hicieron una reasignación de recursos y de sus gordos bolsillos no salió ni saldrá un solo eso para la emergencia”, indica el documento.

FRAGILIDAD

Según la CTP, la pandemia desnudó la fragilidad social en la salud, donde el sistema está privatizado “por la vía de los hechos” y “la plata que todos los uruguayos aportamos al Fonasa termina en un 70% en manos de los privados, dejando a la salud pública en desventaja con los prestadores privados”. La proclama señala que “de las 650 camas de CTI sólo 150 son de ASSE y hay 11 de los 19 departamentos que no tienen CTI públicos, que son cubiertos por convenios con los prestadores privados”.
A nivel local, denunció “el deterioro de los servicios del hospital departamental, mientras el prestador privado se da el lujo de construir un nuevo edificio teniendo un piso entero vacío del sanatorio principal”.
En cuanto a la situación social, relató “la proliferación de ollas populares en todo el país, muchas de ellas por fuera de las grandes centrales obreras y de los partidos políticos tradicionales y progresistas que han gobernado en los últimos 35 años”.
Con la construcción del ferrocarril central, en Uruguay se instala “una inversión de miles millones de dólares que saldrá del esfuerzo de todos y que hoy sería fundamental para reforzar el sistema de salud público o por qué no para inversiones productivas sostenibles o para construir viviendas”.

LEY DE URGENCIA

En su proclama, la CTP dedicó un párrafo al análisis de la Ley de Urgente Consideración, donde “la mayoría de los artículos deberían contar con la discusión no sólo del sistema político sino además de todas las fuerzas sociales”. Explicó que “es una reforma sustancial y amplia que se pretende hacer de forma coercitiva en el término de 90 días y en donde se pretende acelerar los tiempos de la reforma de la seguridad social, y si en realidad no la incluyen en esta ley es porque sus lineamientos generales ya están acordados”.

PASIVOS

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria, “los jubilados siguen siendo los grandes olvidados y abandonados del estado uruguayo”, donde las medidas adoptadas por el gobierno “fueron escasas”. “La franja más vulnerable, lo único que recibió fueron órdenes de encierro, aislamiento con el mundo exterior, bajo una permanente sugerencia de formas de entretenimientos y formas de pasatiempos para que nuestros abuelos no piensen o vivan con mucho miedo e inseguridad”.
Analizó la situación de pasivos que perciben retribuciones “por debajo de los 10.000 pesos” y junto a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (Cojupe), apuntó a las “largas colas en el BROU donde un alto porcentaje eran jubilados”. La coordinadora cuestionó que tramitaban “un préstamo para parar la olla, a pesar de las recomendaciones de aislamiento y soportando alguna represión por parte de las autoridades”.
Finalmente, manifestó “un profundo rechazo a quienes nos han ‘representado’ en el BPS. Hablamos de los señores Amaro y Ruiz, quienes han traicionado los derechos de los jubilados”, que “no vamos por canastas ni por ollas populares”, sino “por salarios dignos”.