El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) representado por su presidente, Jorge Madrid, y el secretario general, Jorge Clavijo, presentaron sus aportes ante la comisión que estudia en el Senado los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El primer punto considera fundamental que la LUC consagre un ámbito de negociación colectiva para los funcionarios policiales y que desde allí, “se pueda negociar salarios o condiciones laborales, equipamiento, vehículos para policías, personal administrativo, bomberos, personal de identificación civil, migraciones y caminera”, señaló el dirigente nacional, Alejandro Álvarez.
Ejemplificó que “hay trabajadores en el puente que no tienen tan buenas condiciones ambientales, o bomberos con el riesgo de intoxicación y el policía ejecutivo ante las tareas en la vía pública. Esos son aspectos que cierran una negociación colectiva”.
Lesionados y viviendas
En segundo lugar plantearon la situación de los policías lesionados en acto directo o a consecuencia del servicio. “Hicimos referencia a la Ley 18.405, en su artículo 10, inciso 1, donde se consagra el subsidio transitorio por discapacidad parcial. Los trabajadores cobran el 65% del salario, pero la ley menciona que si resultó de un acto de servicio, tiene que ser el cien por ciento, porque se lesionó trabajando”, dijo a EL TELEGRAFO.
El tercer aspecto está vinculado al Fondo de Vivienda Policial, a partir de los descuentos que se realizan a los salarios de los efectivos que “con la nueva ley orgánica policial de 2016 es el 1% del sueldo básico. A la fecha es un promedio de 400 pesos y de ahí para arriba, según el grado. En el año 2017, cuando fuimos convocados exigimos los estados de cuenta bancarios, el ministerio entregó una parte de la documentación y al no obtener respuesta, optamos por hacer la denuncia penal por el fondo de vivienda”, aclaró Álvarez.
La exposición presentada aseguró que “a la fecha no se cuenta con información confiable respecto de los fondos recaudados” y más adelante agregó que “las últimas investigaciones efectuadas por el economista del sindicato, quien no contó con toda la información, señala que claramente supera los 400.000 dólares mensuales. Es aproximado, ya que nunca se brindó información concreta del Ministerio del Interior. Tampoco se presentó un balance sobre el manejo de los fondos, incumpliéndose con el decreto reglamentario”.
Álvarez recordó que “hasta el momento se han hecho solo dos sorteos y salieron beneficiados muy pocos funcionarios. Si bien hay nuevas autoridades en el ministerio, queremos que se resuelva porque el reclamo lleva mucho tiempo”. De acuerdo al escrito presentado por el SUPU, “la denuncia penal se realizó en base a las declaraciones del exministro, quien en conferencia con la exministra de vivienda, hizo referencia a que el fondo anterior no había sido bien administrado. Razón por demás suficiente para justificar una auditoría con la seriedad que se merece, porque se trata de una retención y por ende de dinero de los policías, administrado por el ministerio como agente de retención”. El cuarto punto está vinculado a las normas penales, procesales penales y de procedimiento policial en la LUC. En tal sentido, el dirigente consignó que los funcionarios “estamos protegidos por ley, con la legítima defensa presunta, pero no se aplica como debería”.
CUSTODIAS POLICIALES
En el último punto, expusieron la situación de las custodias policiales personales, donde solicitan una “revisión y análisis urgente”, en tanto genera “serios trastornos en el servicio de las diferentes unidades policiales” ante “una evidente carencia de recursos humanos para dar cumplimiento a dichas custodias, así como también, carencia de móviles policiales” Denuncian, además, las condiciones laborales en que los efectivos realizan las custodias, “sin resguardo a las inclemencias del tiempo, acceso a gabinete higiénico, agua potable o falta de equipos de comunicación”. Reconocen la existencia de un protocolo, pero “no se aplica y menos aún, se cumple”.
En su exposición, el SUPU explicó que si se realiza un relevamiento, en 24 horas se destinan 6 efectivos además de las unidades móviles, por lo tanto, “el presupuesto económico sin dudas que supera al costo de lo que saldrían los dispositivos electrónicos de los que se carecen”.
