La primera instancia del tratamiento parlamentario de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con el tratamiento en general y en las últimas horas en particular en la Cámara Alta, antes de su pasaje posterior a la Cámara de Diputados para su posterior sanción una vez aprobada, permitirá que un gobierno que se encontró desde el 1º de marzo con que debía priorizar sus esfuerzos en el abordaje de la urgencia derivada de la irrupción del coronavirus en Uruguay, cuente con un instrumento legal de importancia clave para su gestión, tal como se había comprometido en la campaña electoral.
La ley igualmente ha incorporado temas que si bien son atendibles, e incluso habían sido propuestos en la campaña electoral, y consecuentemente contado con el respaldo ciudadano en las urnas, evidentemente no son de la urgencia ni prioridad propias de lo que es considerado como una ley de consideración inmediata y, por lo tanto, sancionarse dentro de plazos previamente establecidos. Por ello, es de sentido común que se haya optado en varios de estos casos por dar lugar a un envío posterior de proyectos de ley por los canales normales, lo que permitirá incluso un tratamiento más exhaustivo y perfeccionar la redacción para evitar ulterioridades.
La Cámara de Senadores cuenta con cinco días para votar los 476 artículos de la LUC, para que luego sea tratada por la Cámara de Representantes, tras el ingreso del proyecto al parlamento el 23 de abril, en tanto el plazo constitucional rige hasta las 23:59 del domingo.
Respecto al proyecto original, el documento propuesto por la coalición de gobierno contiene cambios en materia de seguridad, educación, economía, empresas públicas, entre otros, y durante el tratamiento por los integrantes de la coalición al mensaje original, y luego en comisión, se ha logrado una decantación que a la vez ha permitido reducir la cantidad de artículos, aunque sin perder la filosofía original, a grandes rasgos.
En cuanto al proyecto en sí, el Frente Amplio a través de sus dirigentes ha anunciado que “felizmente” se ha logrado quitar “filo” al proyecto original y evitado las “graves” consecuencias que acarrearían para el país algunos artículos originales del proyecto, mientras por otro lado desde el gobierno se hace hincapié en que la normativa fue “mejorada”.
El oficialismo enfatizó que hubo tiempo suficiente para escuchar, proponer y debatir artículos, mientras que el Frente Amplio sostiene que el proyecto es “menos malo” que el original, pero sigue siendo “malo”, y señaló que de los 501 artículos solo el 15% se mantuvieron.
“A pesar del corto tiempo, fueron 22 días de trabajo, todo el mundo que quiso hablar lo pudo hacer, todo el mundo que quiso criticar lo pudo hacer, todo el mundo que quiso proponer lo pudo hacer. O sea, aquí no se puede sostener que en esos 22 días no tuvo la oportunidad de ser escuchado, de debatir, de proponer, de criticar”, dijo el legislador nacionalista Gustavo Penadés.
Como contrapartida, desde la visión frenteamplista, el senador Charles Carrera evaluó que “si vemos el proyecto que empezamos a tratar hoy, del proyecto original solamente se mantuvieron 76 artículos de los 501, lo cual es un 15%”, adelantando a su vez su voto en contra en general para anunciar que “vamos a votar en contra y acompañaremos algunos artículos cuando comience la discusión en particular”.
“Barrimos con todas aquellas inconstitucionalidades, todo aquello de carácter presupuestal que no podía estar en la ley de urgencia, o con aparente carácter presupuestal, fue eliminado de la ley, incluso a veces a iniciativa del propio Poder Ejecutivo”, dijo por su parte el senador colorado Adrián Peña.
Más allá de que cada colectividad política intenta llevar agua para su molino, como ocurre desde el fondo de los tiempos, es notorio que al incorporarse otras visiones y desmenuzarse el articulado, la ley termina siendo en buena medida mejor que la que ingresó, porque se han corregido una serie de elementos que originaron rispidez y resultaron controvertidos, incluyendo algunas normas que podían dar lugar a intentos de plebiscito y sin dudas enrarecer el clima político en coyuntura en la que es preciso buscar consensos y enriquecer la discusión para lograr salidas en el menor lapso posible.
Igualmente, no debe perderse de vista que un conjunto de normas que habían sido anunciadas no solo en la campaña electoral, sino también en las elecciones internas, por el hoy presidente Lacalle, deberían ser el eje de la gestión del gobierno en una serie de temas que requieren mejores instrumentos para llevar a cabo las propuestas, y por lo tanto, no se ha hecho nada que no haya sido refrendado por la ciudadanía en las elecciones nacionales de octubre y noviembre del año pasado.
Ocurre que debido a la pandemia, la atención ha cambiado el foco desde lo importante hacia lo urgente, debido a la coyuntura sanitaria, que ha tenido a su vez entre sus consecuencias un agravamiento de la ya muy difícil situación socioeconómica que se había heredado del gobierno anterior, incluyendo un déficit fiscal insostenible del orden del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), que ha debido afrontarse en estos tres meses en un país con actividad a media máquina y mayores costos por subsidios y caída de recaudación sostenida.
Por añadidura, desde la oposición, pese a un país en receso por la pandemia de covid-19, incluyendo la actividad parlamentaria, y por lo tanto con los legisladores prácticamente desocupados, se puso el grito en el cielo porque el Poder Ejecutivo tuvo “el atrevimiento” de enviarles, para que fueran leyendo, el proyecto de Ley de Urgente Consideración, pero sin que entraran a correr los plazos hoy sí vigentes en las cámaras para su aprobación.
Es decir, la idea del presidente Luis Lacalle Pou era que los legisladores de todos los partidos fueran “hojeando” de que se trata, para que no pudiera decirse que ingresaba una ley desconocida cuando realmente se le diera tratamiento formal, y de esta forma adelantar camino.
Lo que pudo hacerse sin problemas, pese a los argumentos pueriles de quienes querían dejar todo en el freezer, porque estaban decididamente en contra del proyecto y de todo lo que viniera del gobierno, que pretende estar en condiciones de contar con instrumentos para llevar adelante aquello a que se había comprometido en su campaña y obtenido el respaldo de la mayoría ciudadana.
Es de esperar que para beneficio del país, en esta como en cualquier coyuntura, sin soslayar las dificultades inherentes a un gobierno de coalición, la ley, con sus imperfecciones, virtudes y defectos, permita hincarle el diente a problemas impostergables y que no se resolvieron –en algunos caso se agravaron– pese que hubo quince años de gobiernos de izquierda con mayorías absolutas y brazos de yeso para aprobar todo aquello que salía del Poder Ejecutivo.