Luego de haber otorgado, a principios de año, una prórroga de 120 días para postergar la entrada en vigencia de la obligatoriedad del etiquetado de alimentos con exceso de sodio, grasas o azúcares, el Ministerio de Salud Pública informó que se mantendrá el rotulado frontal de estos alimentos –con ajustes y obligatorio a partir de 2021– por un “compromiso con la salud de los uruguayos”.
La medida, que había impulsado el gobierno anterior estuvo en vigencia unos pocos días en marzo hasta que el nuevo gobierno la dejó en suspenso en medio de gran presión del sector empresarial, otorgando la prórroga mencionada y que ahora llega a su fin con la resolución que se informó en esta semana.
En conferencia de prensa el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que se llegó a “un acuerdo para mantener el rotulado frontal de los alimentos ya que éste apunta a la prevención de las enfermedades no transmisibles, primera causa de morbimortalidad”. Mantener la medida “reafirma el compromiso estrecho con los ciudadanos y, en especial, para las generaciones más jóvenes, por una vida más saludable”, dijo el jerarca.
En este sentido, informó que se mantendrá el rotulado frontal con octógonos y que habrá una extensión de los plazos para realizar los ajustes mencionados, relacionados con la leyenda y algunos indicadores. “Nunca estuvo en discusión la importancia del etiquetado frontal, lo que estuvimos analizando fueron los ajustes que le realizaremos a la normativa actual, porque lo consideramos importante”, explicó.
Dicha obligatoriedad fue impuesta a través de un decreto que emitió el Poder Ejecutivo en agosto de 2018, considerando “la fuerte escalada del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos etarios”, así como la duplicación en los últimos años de la venta de alimentos con excesiva cantidad de azúcares, sal y grasas, al tiempo que se triplicó la comercialización de bebidas azucaradas. “La evidencia científica señala que es necesaria la implementación de medidas tanto educativas como regulatorias”, indicaba el texto de la norma.
Lo cierto es que desde que el gobierno de Tabaré Vázquez impulsó la idea del etiquetado obligatorio de alimentos, el sector industrial se opuso con diferentes argumentos. Inicialmente reclamó no haber tenido oportunidades reales de participación en la iniciativa, alertó que en caso de ser implementada se violaría el Código Bromatológico Nacional y que el sistema de etiquetado propuesto no estaría armonizado con normativas vigentes de los socios del Mercosur.
También se esgrimió que de adoptarse un sistema diferente al de Mercosur habría problemas en el embalaje para importar y exportar. Luego de aprobada la normativa que obliga al etiquetado, el sector continuó argumentando respecto al encarecimiento de los costos de producción e importación, además de señalar que la medida afecta a los exportadores ya que deberían realizar un packaging específico de un producto para cada país.
Luego del anuncio realizado días atrás por el gobierno respecto al etiquetado frontal de alimentos, el sector industrial volvió a insistir en la necesidad de armonización de la norma local con la del Mercosur –ninguno de los otros países del bloque tiene disposiciones vigentes al respecto– y pretende que si no hay un consenso a nivel de los países de la región en el próximo semestre, se postergue nuevamente el etiquetado, indicando además que los costos de los cambios los pagarán los consumidores. A través de un comunicado, la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén (AIMA) manifestó que de no darse la armonización regional, los importadores tienen dos caminos –pedir “un etiquetado especial para Uruguay” a los fabricantes o realizar esto una vez llegada la mercadería al país– y ambos generarán “un costo extra que necesariamente se trasladará al precio final y por ende a los consumidores”.
La polémica por el etiquetado parece tener entonces un nuevo round. No obstante, es preciso señalar que no es exclusiva de Uruguay sino que es algo que se ha venido repitiendo en los países europeos que han llevado adelante este tipo de medidas y también en América Latina, continente en que estos sistemas recién comenzaron a utilizarse en 2015 aunque es la región donde más rápido se está avanzando. Se trata de un asunto al que se le viene dando cada vez más importancia por su directa vinculación con la mejora de la calidad de vida, el derecho de los consumidores a ser informados y los impactos de una alimentación no saludable en los sistemas de salud.
Las enfermedades crónicas no transmisibles –entre las que se encuentran la hipertensión, diabetes y obesidad– son un problema grave en nuestro país y constituyen la primera causa de muerte entre los ciudadanos de entre 30 y 69 años, presentando una incidencia del 60% en el desarrollo de otras patologías. Se trata de afecciones de la salud de amplio alcance dado que por ejemplo, el 65% de la población padece sobrepeso y obesidad, condiciones generadores del 80% de las enfermedades no transmisibles
Desde la comunidad del área de la salud se defiende la exigencia del rotulado de alimentos. En este sentido, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) expresó que se trata de una herramienta que colabora en el combate a las enfermedades que no son transmisibles, mientras que la Alianza para Enfermedades no Transmisibles de Uruguay ha venido sosteniendo que no puede darse marcha atrás.
Por otra parte, la medida cuenta con el visto bueno de la población ya que según una encuesta del Espacio Multidisciplinario de la Universidad de la República, el 93% de los encuestados valora positivamente la aplicación del rotulado de alimentos.
La idea central de la medida impulsada por el gobierno anterior y reafirmada por el actual, es de indiscutible necesidad: promover hábitos más saludables informando a los consumidores en forma clara y sencilla sobre el contenido nutricional de los alimentos. Es además un derecho de los consumidores.
El diagnóstico de la incidencia de las enfermedades no trasmisibles en adultos uruguayos es preocupante y se inscribe en un escenario de deterioro de las prácticas de alimentación saludables y una amplia oferta de alimentos ultraprocesados, pero además, afecta fuertemente a las nuevas generaciones dado que según estudios existentes, al menos el 40% de los niños de entre 10 y 13 años padece obesidad.
En este contexto, los problemas de implementación del etiquetado y su alcance nacional o regional para el sector industrial es un asunto atendible pero que debe ser sopesado en relación a males mayores que se pretenden evitar. Habrá que apelar a la creatividad y la conciliación de los intereses que están en juego, un proceso no siempre sencillo pero que otros países han podido superar en atención al interés mayor de la salud de la población en general. → Leer más
Un hombre de 48 años resultó lesionado al sufrir un siniestro de tránsito en la tarde de la víspera. Información recogida por EL TELEGRAFO permitió saber que circulaba a bordo de la motocicleta Winner Biz Pro, matriculada como ICJ 309, por 18 de Julio al oeste. Al llegar al cruce con calle Baltasar Brum chocó con el automóvil Volkswagen Gol, matrícula IDI 1491, que era guiado por una señora de 71 años.
Miel, aceite de oliva, jugo de manzana, tomate procesado y vinos serán enviados –a nivel de muestra comercial– a una cadena de supermercados en Nanning, capital de la región autónoma de Guangxi, en China, ambas con hermanamiento con Paysandú, según se determinó al término de la videoconferencia entre Paysandú y Nanning, vía Voov Meeting (en China no se utiliza la plataforma Zoom).
Ante la preocupación que han manifestado responsables de establecimientos de la vasta zona de Guaviyú al sur –sobre todo el área de Quebracho y sus alrededores– por la presencia de cazadores sin permiso y la manipulación de armas sin contar con el conocimiento necesario, la Policía sanducera intensificará los controles.
Ante las recientes medidas tomadas por la dirigencia de AOEC, la cual incluyó la realización de una Asamblea de más de 19 horas sin dejar las guardias correspondientes, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), manifestó su total repudio antes dichas medidas sindicales por las consecuencias ocasionadas de pérdida de productos lácteos y el desabastecimiento a la población.
La Intendencia mueve rápidamente el expediente abierto al comercio que antes funcionaba como lugar bailable y había pedido autorización para instalarse como kiosco para retirarle tal autorización y aplicarle una multa.