(SUBRAYADO)
Uno de los cinco hombres que estaba requerido en el marco de la Operación Océano fue imputado este martes por la Justicia. Se trata de un uruguayo de 56 años que no se encontraba en el país y apenas ingresó a territorio nacional fue detenido por la Policía, ya que pesaba una orden de captura en su contra.
La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, encabeza la investigación del caso de explotación sexual adolescente y permitió la imputación de 20 personas. El delito recurrente en las formalizaciones es retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos.
El artículo 4º de la ley 17.815 sobre violencia sexual comercial o no comercial contra niños, adolescentes e incapaces establece penas de entre 2 y 12 meses de cárcel.
La Policía continúa la búsqueda a nivel nacional de otros cuatro hombres, tres extranjeros (argentinos, brasileños) y un uruguayo, por su presunta vinculación con este caso, dijeron fuentes policiales a Subrayado.
ENVIDRIO A CONCURSO DE ACREEDORES
(MONTEVIDEO PORTAL)
El gobierno decidió el envío al régimen de concurso de acreedores de Envidrio, empresa que mantiene diversas deudas con organismos del Estado y que recibió dinero para su recuperación en más de una oportunidad, pero no pudo levantar vuelo.
El presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández, dijo ayer que el caso seguirá en la Justicia, que finalmente decidirá cómo el Estado podrá recuperar algo de la inversión.
Fernández manifestó que el organismo acudió a la Justicia “a efectos de hacernos de las garantías prendarias que se habían tomado cuando fue firmada la última refinanciación”.
Señaló que la situación patrimonial de Envidrio está “muy debilitada”, ya que tiene “un balance a fines de 2018 con un pasivo en torno a los 48 millones de dólares” con deudas “con DGI, con BPS y con UTE”.
El jerarca dijo que retomar la actividad en Envidrio era casi imposible porque el horno “estaba apagado desde diciembre del año pasado” y “ni los trabajadores estaban trabajando, ni la planta estaba produciendo, ni el Estado estaba cobrando parte de lo que había invertido en ello”.
Sin embargo, Fernández aseguró que “la idea es sostener el empleo”, para lo que se requerirá de un inversor.
“La idea es que entre la ejecución de la garantía nuestra y la solicitud de concurso que ya inició Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), poder generar una situación judicial que le permita a algún inversor que esté interesado, o a la propia asociación civil que pudiera conseguir algún inversor que le permita paliar el pasivo, enfrentar las deudas y hacer viable el proyecto”, señaló.
Fernández consideró que el sistema financiero uruguayo “no está en condiciones” de otorgar “esa inyección de capital”, sin la cual “el proyecto se hace inviable”.
“Queremos, a partir de esta instancia judicial, generar las condiciones para que de alguna otra manera podamos sostener la viabilidad del proyecto y sostener el empleo”, expresó.
Asimismo, Fernández expresó: “No somos nosotros quienes apagamos la velita encendida del socialismo, sí somos nosotros todos los que pagamos la vela prendida del socialismo”.
EL CASO URSEC
(EL OBSERVADOR)
Como consecuencia de los allanamientos realizados el lunes en busca de documentación presuntamente sustraída de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) por parte de un exfuncionario, se encontraron papeles que están siendo analizados. A su vez, fue hallada la carpeta verde que había sido vista en las imágenes registradas por las cámaras en las manos del hombre. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, la carpeta estaba en la Ursec y no contenía información relevante, sino que se trataba de papeles personales.
El fiscal del caso, Diego Pérez, analizará la documentación que fue encontrada y que podría tener relevancia para el caso, para luego citar a declarar al funcionario. La semana pasada declararon la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, quien presentó la denuncia penal y el funcionario que fue testigo de los hechos.
El denunciante informó que el lunes 1º de junio había visto a un exfuncionario sustraer documentación de la Secretaría General y destruir otra en una máquina trituradora. El denunciado es un funcionario del Poder Judicial que hasta el 13 de abril estuvo en pase en comisión en la Ursec, a pedido del anterior presidente del organismo, Gabriel Lombide, desempeñando tareas en la Secretaría General. Dos días después de dejar la institución envió un correo electrónico a la oficina de Recursos Humanos en el que informó que cesaba su pase en comisión y volvía al Poder Judicial.
En las imágenes de los videos aportados a la Fiscalía se puede ver al hombre ingresar al área de la Secretaría General (donde no hay cámaras) a las 11:02 de la mañana y retirarse 24 minutos después. Luego volvió a entrar a las 11:48, esta vez con un bolso y se retiró a las 12:24 con otros documentos en la mano.
Las pruebas que están en poder de la Fiscalía señalan que el funcionario ingresó a la oficina de la secretaria de Nicolás Cendoya, director del organismo en representación del Frente Amplio hasta hace pocos días. Al rato salió de esa oficina y minutos más tarde regresó con la secretaria desde otro lugar. Luego se ve a la secretaria salir con la carpeta verde y se ve al funcionario sin la carpeta. Minutos después salieron ambos del edificio de la Ursec.
Tras ver esas imágenes se buscó en los allanamientos a la carpeta verde, y se la encontró. Estaba en la Ursec y adentro tenía papeles personales de la secretaria de Cendoya. De todos modos, en los allanamientos que incluyeron las casas de exdirectores sí se encontraron papeles que pueden tener relevancia para la investigación.
Cendoya ya no es director de la Ursec sino que fue propuesto por el Frente Amplio para ocupar el directorio de Antel. A su vez, este lunes asumieron en la Ursec los dos jerarcas que completan el directorio junto a Aramendía: Gustavo Delgado por el Partido Nacional y Pablo Siris en representación del Frente Amplio.
