Con la culminación en las últimas horas del escrutinio definitivo en los 19 departamentos, con la definición de sus respectivos intendentes y alcaldes, se está cerrando el proceso electoral instaurado con la última reforma constitucional, que entre otros aspectos ha incorporado la celebración de elecciones internas para el ordenamiento de los partidos, las elecciones nacionales y las departamentales separadas en el tiempo, elemento revulsivo en un país en el que ni siquiera hubo ambiente años previos en el sistema político para instaurar el voto cruzado como paliativo al paquete electoral.
En esta oportunidad, la convocatoria a elecciones departamentales en el último domingo de setiembre se dio en medio de características inéditas desde que se pusiera en vigencia la reforma constitucional de 1996 en el área electoral, por cuanto se dilató unos cinco meses la convocatoria a elecciones departamentales como consecuencia de la pandemia y el elevado factor de riesgo que significaba en mayo la aglomeración de personas en actos y circuitos electorales, entre otros aspectos.
Y precisamente la pandemia no solo ha tenido incidencia en la postergación del acto eleccionario en sí, sino que varios politólogos y analistas estiman que ha sido decisiva en esta oportunidad la extensión de la tradicional “luna de miel” del gobierno con los ciudadanos, como ocurre tras cada consulta popular, por cuanto la administración que encabeza Luis Lacalle Pou tuvo el buen tino de no hacerse eco de las apelaciones a una cuarentena total obligatoria que promovieron, entre otros, el expresidente Tabaré Vázquez y dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay, entre otros actores, y en cambio optó por no cesar las actividades a cal y canto, como ocurriera por ejemplo en la vecina Argentina.
Ello evitó que el país ingresara en una pronunciada recesión tras el preocupante escenario económico heredado por el nuevo gobierno de la administración del Frente Amplio, y se logró que no cayera a niveles aún más graves la actividad económica, aspecto este que ha sido muy bien valorado por la mayoría de la población.
Como era de esperar, el comportamiento del electorado respondió a una realidad local en cada departamento, con lo que se cumplió el principal objetivo que en este sentido dio motivo a la reforma electoral, apuntando a evitar el efecto “arrastre” tradicional de la elección nacional sobre la departamental, desde que antes había un solo “paquete” de un partido en la oferta a los electores, y muchas veces buenos candidatos locales a la intendencia, bien valorados, fueron dejados de lado por el efecto de la ola nacional, haciendo que en los hechos se acentuara el ya histórico centralismo en el país, con la macrocefálica Montevideo determinando los destinos de todos los uruguayos.
Felizmente, la libertad para el elector de cada departamento ha permitido, pese a que quedan imperfecciones en el sistema electoral que son pasibles de correcciones, que la opinión del electorado directamente interesado en la suerte de su departamento primara sobre el intento de dirigentes nacionales de incorporar en la discusión electoral temas que nada tienen que ver con la problemática lugareña, como la mentada oposición a la LUC (Ley de Urgente Consideración), el desafuero del senador Guido Manini Ríos y otros temas puntuales que son ajenos a los intereses y competencias de un gobierno departamental y los municipios.
Ello explica que en la consulta popular los resultados reflejaran lo que realmente piensa el electorado del Interior sobre lo que le preocupa, pese a dirigentes que solo han intentado arrimar agua para su molino a contramano de lo que es la problemática que es prioridad en cada departamento, y que los ciudadanos se ocuparon de dejar bien en claro en la instancia del 27 de setiembre.
Es que no solo se votó por el o los candidatos de cada partido que el ciudadano esperaba ocuparan el cargo de intendente, alcaldes, ediles y concejales, sino también contra quien o o quienes no ha querido que tuvieran esas responsabilidades, y este es un elemento decisivo y sobre todo legítimo, que está dentro de las reglas de juego.
En el caso de las elecciones nacionales, el votante sin embargo tiene una opción más, desde que en casos de que ninguno de los candidatos alcance el 50 por ciento de los votos más uno, por lo menos, se va a una segunda vuelta para que surja como presidente el candidato más votado entre los dos partidos mayoritarios, como ocurre en la mayoría de las democracias del mundo.
Nada más democrático que esta opción adicional y definitiva, por cierto, por cuanto no solo se opta por quien se prefiere presidente, sino además contra quien no se desea llegue al máximo cargo, si es que no está el aspirante de su partido entre quienes disputan la Presidencia.
Esta opción no existe en las elecciones departamentales, por lo que el ciudadano hace un símil de balotaje en la única oportunidad que se le brinda, y ello explica el trasvasamiento de votos entre votantes de los partidos tradicionales para derrotar al Frente Amplio en la mayoría de los departamentos, beneficiando en la enorme mayoría de los casos al Partido Nacional y en el departamento de Rivera, al Partido Colorado.
Donde no se dio un escenario para hacerlo, por desinteligencias entre dirigentes de ambos partidos, fue Salto, y ello dio como resultado que el Frente Amplio, como el tercio mayor, se hiciera nuevamente del gobierno departamental.
Las imperfecciones del sistema propician que un partido deba “vaciarse” en beneficio de otro, para cerrarle el paso al partido que la mayoría ciudadana no quiere en el gobierno. Quedó de relieve como nunca en esta elección de 2020, y también ha expuesto y reafirmado, por si hacía falta, el déficit de sintonía y empatía de la izquierda con la realidad que viven los ciudadanos del Interior y sobre todo del interior profundo, y es así que solo ha obtenido mayoría en el área metropolitana y algunos nucleamientos urbanos.
Un llamado de atención, un tirón de orejas, casi una revancha, hacia dirigentes que en varias instancias solo dejaron traslucir soberbia y “ninguneo” hacia el Interior, sus representantes, organizaciones de productores y fuerzas vivas que solo han reclamado atención y mejores condiciones para reducir las asimetrías y falta de oportunidades que padecen los ciudadanos del norte del Santa Lucía.
