(El País)
El Senado trató este viernes en sesión extraordinaria el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que limita el derecho de reunión y suspende por 60 días, con una posible prórroga de 30 días más, las aglomeraciones. Sobre las 18, la Cámara Alta aprobó el texto, con 18 votos en 31. Tras esto, la discusión pasó a Diputados. La sesión especial comenzó sobre las 19:15.
El diputado frenteamplista Gerardo Núñez, adelantó que el Frente Amplio “va a votar en contra” del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
“Es un proyecto peligroso para la democracia. Varios relatores de Derechos Humanos a nivel internacional y regional han manifestado advertencias y preocupaciones fundadas en cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos en todo el mundo”, agregó Núñez.
El diputado dijo que la “falta de definiciones” es “llamativa”, que genera una “enorme preocupación, porque queda abierto a múltiples interpretaciones, cosa que no debería suceder y está en contraposición a todas las recomendaciones internacionales que plantean la regulación de este derecho a la libertad de reunión”.
Núñez entiende que este proyecto además está “mal enfocado” porque “no va a generar eficiencia para combatir la emergencia sanitaria”.
Tras las declaraciones de Núñez, el colorado Felipe Schipani apuntó contra la oposición –que votará en contra-, al decir que en marzo el Frente Amplio “planteaba la cuarentena total”. En ese sentido, lanzó: “¿Qué pasó de marzo a noviembre para que haya operado un cambio de opinión tan tajante?”
“Hacemos un llamado a la coherencia. Terminemos con la demagogia, son horas de dejar de lado la política menor, y pensar en cómo sortear esta situación de tanta dificultad para el país”, agregó Schipani.
El senador frenteamplista Charles Carrera lamentó la decisión del oficialismo y expresó en su cuenta de Twitter que hoy se buscó “convencer con argumentos a una coalición de gobierno intransigente”.
El proyecto con iniciativa del Poder Ejecutivo busca limitar el derecho de reunión consagrado en el artículo 38. Pero en sala también se trata un proyecto alternativo presentado por el Frente Amplio este jueves, que en lugar de reglamentar el artículo 38 de la Constitución propone reglamentar el 44.
La senadora nacionalista Carmen Asiaín quien fue el miembro informante del oficialismo, que presentó el proyecto del gobierno, dijo que la alternativa propuesta por el Frente Amplio va sobre el artículo que “establece el deber de los habitantes de cuidar su salud y en su inciso primero establece que el Estado legislará en toda salud o higiene” por lo que “sería bueno aprobar ambos porque creo que ambos textos enfocan desde la restricción de libertad de reunión por motivos de salud y el otro parte reglamentando ese deber que tiene el Estado de legislar en cuestiones de salud”. Además se refirió al aumento de multas que planteó la Intendencia de Montevideo sancionando a las fiestas clandestinas y en un guiño a la bancada del Frente Amplio dijo: “Me parece una medida muy correcta, ahora se hace motivado por la protección de la salud pero sobre la base de la restricción de la libertad de reunión y está bien porque cuando esta ley se apruebe esa medida va a ser legítima”.
“Estamos en tiempos de anormalidad, en tiempos dolorosos para todos y como empecé diciendo en una situación de emergencia que nos obliga a tomar medidas extraordinarias que no se salen del pacto que nos ata a todos. Lo que se propone que hagamos mediante la aplicación de este proyecto es aplicar la Constitución dentro de los marcos aplicados por la Constitución”, concluyó Asiaín.
INDDHH: “DEMOSTRARSE RIESGO PARA LA SALUD”
(sUBRAYADO)
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) comparte la iniciativa del Poder Ejecutivo de restringir el derecho de reunión en el contexto de la emergencia sanitaria, aunque advierte que para limitarla, debe demostrarse el riesgo para la salud y la Policía no puede realizar detenciones sino in fraganti delito.
La Inddhh “considera acertada” la propuesta y recuerda, desde un enfoque de derechos humanos, los principios que deben regir las limitaciones legales. En un primer lugar, indica que toda limitación al ejercicio de un derecho debe considerarse como una medida de último recurso. Y se debe demostrar que esas reuniones constituyen un riesgo claro para la salud de la población.
Las disposiciones legales deben ser precisas y concretas en sus definiciones como para permitir que los miembros de la sociedad decidan de manera libre e informada sobre la mejor manera de regular su conducta. Es importante dar contenidos precisos a la expresión “aglomeración que amenaza la salud” de la población.
La actuación tendiente a su aplicación debe realizarse privilegiando las acciones preventivas y disuasorias frente a las represivas. La limitación del derecho de reunión no debe ser usada para justificar la restricción de otros derechos humanos, y particularmente no debe afectar la libertad de expresión, el derecho de asociación o el ejercicio pleno de todos los derechos civiles y políticos.
Los recursos judiciales y garantías para la protección de los derechos humanos tales como el amparo y habeas corpus permanecerán en vigencia y no serán afectados por las restricciones impuestas al derecho de reunión pacífica.
CUATRO MUERTES Y 520 CASOS
(sINAE)
Este viernes se llevaron a cabo 7.177 análisis y se detectaron 520 nuevos casos de la COVID-19. “De los 520 casos nuevos, 369 son de Montevideo, 81 de Canelones, 13 de Maldonado, 9 de Artigas, 8 de Florida, 8 de Tacuarembó, 7 de Cerro Largo, 7 de San José, 6 de Paysandú, 5 de Durazno, 4 de Rivera, 1 de Flores, 1 de Lavalleja y 1 de Rocha”, informa el reporte. Por otro lado, este viernes se confirmaron cuatro nuevos fallecimientos por coronavirus. Se trata de un paciente de Canelones de 92 años, dos pacientes de Montevideo de 67 y 75 años y un paciente de Rivera, de 58 años. Hasta el momento son 109 las defunciones por COVID-19 en el país.
Al momento hay 4.142 personas cursando la enfermedad, 44 de ellas en cuidados intensivos. Actualmente en los 19 departamentos hay casos activos.
