El colectivo Hermandad pro Derechos-Uruguay espera “que el intendente Olivera tome una decisión definitiva después que le adjuntamos la respuesta de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) en la que queda muy claro que no tiene convenio ni con la Intendencia ni con la fundación A Ganar”.
El colectivo hizo una serie de preguntas por la Ley de Acceso a la Información Pública a la Dinali, a partir de la contratación de Sergio Escobar, quien cumplió condena por proxeneta, por parte de la fundación A Ganar para desempeñarse en la Dirección de Aseo Urbano y Paseos Públicos de la Intendencia de Paysandú.
“Aunque repetidamente el Intendente habló de que había un convenio con la Dinali, queda claro ahora que eso no es cierto y que tampoco lo tiene A Ganar, que ahora parece dueña de Paysandú”, indicaron dirigentes del colectivo a EL TELEGRAFO en una sesión por la plataforma Zoom.
En la respuesta enviada al colectivo “y que de inmediato se la enviamos al intendente Nicolás Olivera, sin tener ninguna contestación hasta ahora”, se establece con claridad que “La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (ex Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados) no tiene ni ha tenido convenios con la fundación A Ganar”.
Pero además destaca el documento firmado por Gustavo Silveyra, director general de Dinali “en el caso específico de la Intendencia de Paysandú, al día de la fecha –y desde la finalización del anterior período de gobierno– Dinali no mantiene vigente ningún convenio con esa institución, así como tampoco, ningún pasante de Dinali se encuentra actualmente cumpliendo funciones allí. No habiendo ningún ingreso nuevo por Dinali, desde hace más de dos años, reiterando que esta Dirección Nacional no mantiene ningún vínculo con la fundación A Ganar”.
“Nosotros le enviamos al Intendente esto, porque cuando estuvo en la Junta Departamental se comprometió a estudiar el caso en particular de Escobar. Bueno, ahora tiene todos los elementos que parece desconocía. Resulta evidente que lo hizo contratar porque quiso, no porque estuviera esta persona, que tanto daño hizo, en el marco de ningún convenio que permite que aquellos que estuvieron privados de libertad. Sí estamos de acuerdo con la herramienta a través de convenios que les permite reencausarse. Pero no es el caso, fue contratado por el el Intendente quiso y nada más. O al menos por nada más que sepamos”, agregaron los entrevistados, representantes de diversas instituciones unidas bajo la Hermandad Pro Derechos-Uruguay.
“Esperamos la respuesta del Intendente, la que él se comprometió en la propia Junta Departamental”, subrayaron y agregaron que “las anteriores administraciones atendieron siempre los reclamos vinculados con estos temas tan sensibles y –que es lo que realmente importa– tomaron acción con esas personas. Incluso recordamos que cuando Bentos era intendente también lo hizo. En Paysandú, los intendentes han sido sensibles en la defensa de los derechos de los desprotegidos por género. Aquí estamos ante un caso muy extraño, un exproxeneta trabajando para la Intendencia, porque hace trabajos propios de la Intendencia, aunque recibe el pago de un tercero”.
