La migración internacional ha sido uno de los fenómenos mundiales con mayor crecimiento. En algo más de una década, la cifra de personas que llegan de otros países a residir en Uruguay superó al número de uruguayos que emigran. En el mismo lapso se ha triplicado la movilidad migratoria y pasamos a ser uno de los principales países de acogida para inmigrantes en Latinoamérica.
Los migrantes ven a Uruguay como un país tranquilo y seguro en comparación de donde provienen, que les brinda acceso gratuito a la educación y cobertura de salud, así como la posibilidad rápida de inclusión en el régimen de seguridad social.
Los requisitos para obtener la residencia son accesibles: documento de identidad, antecedentes penales, partida de nacimiento con los correspondientes apostillados (aunque para facilitar la tramitación las autoridades uruguayas igual están otorgando hasta un año o más –según los casos– de plazo para que el interesado presente sus documentos apostillados). El trámite, que es sencillo, se puede iniciar por la web y la cédula transitoria se otorga normalmente a la semana de presentar los papeles, quedando desde entonces con cobertura del Fonasa y en condiciones de trabajar legalmente. Además, la legislación concede a los nacionales de los países del Mercosur la posibilidad de acceder con rapidez a la residencia permanente.
Los altos precios del costo de vida en Uruguay parecen ser compensados por otras ventajas, tales como la estabilidad democrática, relaciones laborales en un marco de garantías para los trabajadores, la posibilidad de trámites de residencia rápidos, la economía estable y, para los profesionales o estudiantes, la posibilidad de revalidar o recursar materias de su formación en la Universidad.
Según cifras oficiales, en los últimos cinco años más de 50.000 extranjeros consiguieron su residencia en Uruguay. Entre ellos hay muchos argentinos, algunos con buen poder adquisitivo y capacidad de inversión que trasladan sus negocios a nuestro país o vienen buscando calidad de vida. No obstante, hay otros migrantes en diferente situación económica y social.
“Es un país que recibe muy bien a la población migrante, pueden acceder en plazos razonables a la documentación y los niños, a las políticas de educación y de salud. Sin embargo, siempre son población vulnerable porque tienen dificultades, especialmente las familias que tienen niños, para sostener una red de cuidados, principalmente cuando los niños son muy chiquitos y no hay dónde dejarlos. Además, tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda. Es uno de los nudos críticos, porque hay problemas para acceder a garantías. Estas normalmente se dan con una constancia de trabajo. Entonces, siempre son una población con dificultades de acceso a la vivienda y a la estabilidad económica”, afirma Lucía Vernazza, Oficial de Protección de la Niñez de Unicef Uruguay en un artículo sobre el tema publicado por dicha institución.
Este organismo internacional de ayuda en Uruguay generó una alianza con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la oenegé Idas y Vueltas para apoyar a las familias extranjeras más necesitadas, con especial atención a la atención de niños, niñas y adolescentes.
Las ayudas consisten en un apoyo económico para asegurar la vivienda a quienes recién llegan al país o para respaldar a aquellos que por pérdida de trabajo no pueden mantener sus alquileres, la entrega de kits de higiene, camas, cunas, insumos para bebés recién nacidos, calefones y juegos, avanzando también hacia planes de trabajo para la contención psicosocial de las familias con niños a cargo.
En marzo del año pasado, luego del anuncio de los primeros casos de COVID-19 en el país, la Organización Internacional para las Migraciones y la oenegé Idas y Vueltas experimentaron un aumento en la demanda de familias migrantes con pedidos de apoyo de alimentación y vivienda.
Por otra parte, a partir del cierre de fronteras por la pandemia, el ingreso de personas al país se vio reducido. Sin embargo, las solicitudes de ingreso por razones humanitarias (condición de refugio y reunificación familiar) se han mantenido, respetando la excepción de garantizar el derecho a la protección y a la solicitud de refugio que establece el decreto. Aunque la cifra no es actual, vale como ejemplo: según datos de la Comisión de Refugiados (CORE) solo entre marzo y junio de 2020 se registraron 144 solicitudes de ingreso al país por razones humanitarias.
En este sentido, el informe de Unesco titulado “Movilidad Humana y COVID-19: una aproximación a la respuesta de los gobiernos locales de América Latina y el Caribe”, documenta iniciativas lideradas por ciudades de la región durante la pandemia, para garantizar los derechos de la población migrante, solicitante de asilo y desplazada.
“Los gobiernos locales, por su cercanía con la población, se han situado en la primera línea de respuesta a la emergencia, reforzando sus estrategias para garantizar la atención integral a la población, particularmente a los sectores más vulnerables. Tendrán también en toda Latinoamérica el importante rol de la construcción de ciudades más humanas en el escenario pospandemia; de ahí la importancia de tener un enfoque inclusivo, sensible y diferenciado a las necesidades de la población en situación de movilidad humana, así como la urgencia de generar respuestas sectoriales integrales y sostenibles en el tiempo bajo los principios de no discriminación y xenofobia”, señala.
Uruguay, que en los últimos años ha acogido miles de inmigrantes de otros países latinoamericanos, posee una batería de acciones que acompañan la llegada e inserción y, durante la pandemia ha dado respuestas facilitando la acogida de distintas maneras, que van desde acciones puntuales facilitando el arribo en condiciones seguras de familias –aquí en Paysandú han llegado incluso a pie por el puente internacional previo pasaje por países vecinos- hasta la inserción en programas de trabajo, como el proyecto piloto de empleo protegido desarrollado entre la Intendencia de Montevideo y Acnur, o los apoyos antes señalados de Unicef.
Seguramente nada de esto sea suficiente y falte mucho para que en un contexto tan desafiante como el actual estos nuevos residentes extranjeros –que muchas veces se encuentran en condiciones de gran vulnerabilidad– puedan encontrar aquello que buscan. Es un tema que los gobiernos locales también necesitan incorporar más fuertemente a su agenda y articular en forma interinstitucional para que los derechos de esas poblaciones, en especial los derechos a la no discriminación e igualdad, se vean garantizados y se aprovechen las virtudes que la movilidad humana trae consigo.
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Como de “mayúscula sorpresa” calificó el exsecretario general de la Intendencia Federico Álvarez Petraglia “descubrir que las intendencias de Paysandú y Durazno, a fines del año pasado, realizaron un llamado para gerenciamiento de recursos humanos que son calcados. No sé quién copió a quién, pero el que lo hizo ni siquiera se tomó el trabajo de no repetir las faltas de ortografía que se reiteran en uno y otro llamado”.
