Enfrentamiento político en Guichón después que se conociera que el Municipio decidió “exhortar al no ingreso” de Remar

Integrantes del Concejo Municipal de Guichón: Beatriz Moreira, Nicolás Parra, Martín Álvarez, Álvaro Mello da Silva (todos del Partido Nacional) y Mauricio Fachín (Partido Colorado).

El Frente Amplio realizó una declaración pública en la que establece que “ante una moción aprobada por el Concejo Municipal de Guichón, en sesión ordinaria del 13 de abril del corriente año, en la que por unanimidad se resolvió exhortar el no ingreso a la ciudad de vendedores ambulantes pertenecientes a la asociación Remar”, ante lo cual los dos Comité de Base que hay en Guichón indicaron que “rechazamos enfática y categóricamente tal resolución”.
Destaca además la declaración que “si bien somos plenamente conscientes de la traumática situación sanitaria que vive el país, como consecuencia del crecimiento exponencial del número de personas contagiadas con la enfermedad de la COVID-19; entendemos que debe pensarse en otras acciones precautorias y en la búsqueda de formatos de protección alternativos, que no sean los de violentar los Derechos Humanos fundamentales, como lo son la libre circulación y el trabajo”.

“en ningún caso se piensa impedir el ingreso a nadie”

No obstante el alcalde de Guichón Martín Álvarez, aseguró que no fue esa la intención del Concejo Municipal de Guichón y que la resolución no fue comprendida a lo que agregó “se sumó algún error en la redacción de la resolución”.
La propuesta, realizada por el concejal del Partido Nacional Álvaro Mello da Silva “planteó que hay casos de vendedores irregulares que incluso llegan en camiones a la ciudad, se detienen frente a los comercios y ofrecen artículos más baratos que los comercios de Guichón. Obviamente que desde el Concejo queremos proteger al comercio establecido, que aporta empleo a nuestra gente. Eso es legítimo tanto como lo que se hizo, que fue pedir la documentación correspondiente. Deben tenerse todo en orden para poder vender, pues de lo contrario sería una competencia desleal”, explicó Álvarez.
En cuanto a la polémica declaración referida a vendedores de Remar que semanalmente concurren a Guichón, el Alcalde dijo que “la realidad es que se exhorta a los vendedores ambulantes a que extremen las medidas al andar en la ciudad, porque tenemos un índice muy alto de contagios positivos. Ellos caminan recorriendo puerta a puerta con tapabocas pero quizás pueden trasladar el virus de una casa a otra. O incluso ellos mismos se pueden contagiar. Es más que nada para prever que no se sigan aumentando los contagios en Guichón”.
Subrayó enfáticamente que “en ningún caso se piensa prohibir el ingreso de ninguna persona o el trabajo que realice. Al contrario, queremos que la gente que sale a buscar el peso siga trabajando. Y lo está haciendo. Hay vendedores con tortas fritas, con pasteles que recorren, que están vendiendo. Ambulantes que venden flores que lo están haciendo los domingos en la plaza. En ningún caso queremos coartar la posibilidad de generar el peso diario”.
Pero además el “extremar los cuidados” permite incluso ayudar a la determinación de casos que llegan desde otras partes del país. Álvarez comentó que “cuando un inspector llegó a un comercio para supervisar la cantidad de clientes y cosas similares, el comerciante le informó de la presencia en Guichón de dos viajeros, que habían recorrido todo el municipio y se sentían con fiebre. Pero no mostraban intención de realizarse los hisopados”.
“Se actuó muy rápidamente. El inspector se comunicó con la policía que coordinó con el centro auxiliar y luego se encontró a los viajeros, que aceptaron el test. Lamentablemente los dos dieron positivo a COVID-19. Entonces, lo que hacemos en Guichón es extremar los cuidados, el virus está en la ciudad y tenemos que protegernos y proteger a los demás”.
En cuanto a Remar indicó que “hablé con la gente de Remar, porque son los únicos vendedores ambulantes asociados, les expliqué la situación y se comprometieron a extremar las precauciones. Eso fue más que suficiente para decirles que sigan viniendo a Guichón, a trabajar y con el cuidado que todos necesitamos”.

ASUNTO PASARÁ A LA JUNTA DEPARTAMENTAL

El exconcejal por el Frente Amplio Sergio Urruty, por su parte anunció que “desde que no tenemos representación en el Concejo y por lo tanto no podemos pedir una reconsideración, lo que hemos decidido por un lado es hacer pública una declaración para que todos sepan la realidad. Además, enviamos a la Departamental un informe para que se sepa lo que está ocurriendo en Guichón, que por cierto llama poderosamente la atención”.
“Uno de nuestros objetivos –agregó–, es que los ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental puedan ahí sí considerar el tema y buscar que no se concrete la intención del Concejo, tomada por unanimidad. Los ediles están en conocimiento de esto y tan pronto se pueda –tras la reapertura de la Junta– poner el tema en consideración, porque es realmente grave la decisión tomada”, aseguró Urruty.

“una resolución nula e inconstitucional”

“Es indudable que un Concejo Municipal, sea de Guichón o de otra ciudad o región del país, no tiene entre sus competencias limitar el derecho a la libre circulación, ni al ejercicio del comercio o del trabajo”, dijo Federico Álvarez Petraglia, abogado y jurista, analizando la declaración pública emitida por el Frente Amplio. “Todos estos derechos son reconocidos por la Constitución Nacional como derechos fundamentales, y sólo admiten su limitación por razones de interés general y por ley nacional. Dicho esto, escapa notoriamente de la competencia de un Concejo Municipal intentar limitar a cualquier ciudadano la circulación (libertad), o el trabajo o el comercio, siendo claramente una resolución nula e inconstitucional. A eso debemos sumar que intentar asimismo limitar el ingreso a la ciudad, termina siendo también una forma de limitar la libertad de circulación, lo cual implicaría algo más amplio que el derecho de reunión, siendo igualmente ilegítimo cualquier intento en este sentido”, explicó más adelante.
“Debe tenerse presente además que la ley es clara cuando le atribuye al Concejo en este tema la función de garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución a través del artículo 12 de la ley 19.272”, indicó más adelante. Subrayó Álvarez Petraglia que “a esto se debe sumar lo que establece el artículo 7 de la Constitución que determina que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”.
Agregó que “si se produjo algún tipo de limitación de la libertad de algún comerciante o persona alegando esta resolución municipal, el funcionario puede incurrir en algún delito como el de violencia privada o abuso innominado de funciones. Por eso en estos temas no se puede improvisar y mucho menos exponer a los funcionarios en estos términos, afectando a su vez derechos de los ciudadanos que se encuentran constitucionalmente protegidos”, antes de concluir que “si se pretende hacer algo distinto, la vía es remitir un proyecto de ley al Parlamento, conteniendo las modificaciones que se pretenden introducir en la legislación vigente”.