Se afianza el proyecto para instalar en Paysandú uno de los Juzgados Especializados en Violencia de Género a ubicarse en el interior del país. El lugar seleccionado en principio es la actual sede de la Dirección Departamental de Salud, en Ituzaingó, entre Montevideo y 19 de Abril.
Para que eso se concrete, el Ministerio de Salud Pública deberá ceder en comodato la casa, pero necesitará un lugar para reinstalar la Departamental de Salud. Con ese objetivo, la Intendencia de Paysandú ofreció al Ministerio la conocida como Casa del Intendente –instalada durante la Administración del coronel Alberto Martirené, y que en los últimos meses fuera centro de controversia–, en Uruguay casi Zelmar Michelini.
“El único organismo que es capaz de brindar en comodato un edificio es la Intendencia. La idea es quede en Paysandú, eso lo hablamos con la Suprema Corte de Justicia, con su presidente Tabaré Sosa. También dialogamos con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que está interesada en que esto suceda”, dijo el intendente Nicolás Olivera
“Ahora corresponderá al Ministerio de Salud Pública determinar si la Casa del Intendente cumple con sus expectativas, si cumple con las condiciones necesarias. Pero sin lugar a dudas la Intendencia está comprometida fuertemente para lograr el objetivo que este juzgado especializado tenga como sede Paysandú”.
Un Juzgado Especializado en Violencia de Género da trámite a todos los ámbitos de la vida, que son afectados por la situación de violencia. Supone la intervención de un solo juez que atiende todas las materias penal, familiar, de paz y especializada, sobre el mismo caso de violencia de genero. Esto incluye a pensiones alimenticias y tenencia de los hijos.
Empero, aun cuando hay buena voluntad desde la Intendencia y el Ministerio de Salud Pública, el presidente de la Suprema Corte de Justicia envió un anteproyecto de ley a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para prorrogar hasta julio de 2022 la instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, creados en la Ley de Presupuesto (19.924).
El argumento del máximo órgano judicial es la imposibilidad de instalar y poner en funcionamiento las tres sedes “en el actual marco presupuestal y competencial”.
La Suprema Corte establece que no están cerradas las negociaciones con las Intendencias y que de concretarse “corresponde luego proceder a su acondicionamiento y adaptación, lo que insumirá un tiempo adicional, que se estima en 12 meses”, con lo cual justifica la necesidad de suspender la instrumentación hasta julio de 2022.
