Día: 1 de junio de 2021

Las previsiones y aportes de especialistas que se están generando a lo largo de los meses respecto a cómo irán evolucionando el país, la región y el mundo a medida que vaya cediendo la pandemia hasta ahora han quedado cortas y han sido como regla general teñidas de un optimismo excesivo, que en alguna medida ha menospreciado la capacidad del virus COVID-19 tanto en su capacidad de transmisión, como en su letalidad y mutación para superar las barreras de inmunidad naturales y las adquiridas por la vacunación, en gran medida.
A su vez, de acuerdo a las circunstancias, ha ido cambiando la percepción de la opinión pública sobre el manejo político de la pandemia –en base a su proyección sanitaria y económica, como aspectos principales– y se ha ido deteriorando la visión positiva que se tenía al principio en directa relación con la duración del flagelo en todo el mundo, han aumentado las muertes y el descenso de edad de los internados en CTI, en tanto paralelamente se deteriora la economía, con matices de acuerdo al país y la región de que se trate.
Así, hay percepciones diferentes en las encuestas sobre como se ha manejado la problemática en países con regímenes democráticos donde la población se puede expresar con libertad, lo que no existe en regímenes autoritarios e incluso donde hay formación cultural diferente, porque en unos se aplican medidas autoritarias que deben ser respetadas a rajatabla so pena de pasarla muy mal con el régimen, tanto respecto a la vacunación como a la libertad de circulación y de aglomerarse, y en otros se ha procurado un equilibrio muy difícil de lograr entre la libertad, los derechos individuales y los de los demás.
Hay así dicotomías flagrantes a resolver y que no tienen equilibrio posible, por lo menos sin que queden prendas del apero por el camino: el derecho de cada uno a vacunarse o no, de acuerdo a su elevación personal y manera de pensar, y el de los demás que sí han decidido vacunarse, que por lo tanto han reducido los riesgos propios de contagiarse pero también los demás, al bajar la transmisión del virus y tender hacia la inmunidad de rebaño, que es un bien mayor a considerar.
Es decir, quien decide no vacunarse, por la razón que sea, además de hacer uso de su libertad, aunque no quiera está atentando contra la de los demás porque pone a los otros en riesgo, y en este balance entre derechos, libertades y deberes, se deja a la lucha contra la pandemia en un limbo muy difícil de resolver, cuando además no solo hay un problema sanitario de por medio, sino de la libertad constreñida para reunirse y movilizarse y la consecuente afectación en la economía y el tramado social.
Porque hay de todo en la viña del Señor, y están por un lado quienes defienden a rajatabla su derecho a hacer “lo que quieran” con su cuerpo –como si este extremo fuera posible– y por lo tanto rechazar la vacuna con mil y un argumentos, incluso de teorías conspirativas delirantes sobre los chips y la manipulación del ADN, entre otros– y los que entienden que la forma en que se han combatido las pandemias históricamente, desde que se pudo por los avances científicos, ha sido con la inmunización por vacuna.
También en cuanto a la actividad y sus consecuencias sobre el tramado socioeconómico: mientras desde el punto de vista de los infectólogos la solución ideal sería cerrar todo y encerrarnos todos para así cortar de raíz la transmisión del virus, desde sectores de actividad duramente afectados por los cierres, como es el caso del turismo, los organizadores de eventos, incluyendo hasta a los gimnasios, entre otros que procuran subsistir, están reclamando la apertura con determinados protocolos, los que asimismo en la realidad son muchas veces difíciles de cumplir e ignorados por muchos ciudadanos y se generan focos de transmisión en distintos ámbitos que no se han podido evitar.
El balance ante este conflicto, que pone de un lado a la pandemia y en otro a la economía, con derechos y obligaciones también en conflicto, debe ser dirimido con el gobierno y el Estado como árbitro en posiciones contrapropuestas, anteponiendo el interés general por encima de las demandas sectoriales, por legítimas que sean.
Lo que pone además sobre el tapete cual sería realmente la medida del interés general, ante los extremos de hacer todo lo que se tenga a mano para cortar más o menos radicalmente la transmisión del virus, con un cierre indefinido de todo, y así enterrar la economía, o dejar todo abierto como si no pasara nada, como se ha hecho por ejemplo en Brasil hasta cierto grado, como así también en la época de Donald Trump, y dejar que las cosas sigan adelante, para que pase lo que tenga que pasar.
Hay posibilidades intermedias, con énfasis hacia un sentido u otro, que incluyen el ir abriendo y cerrando actividades, de acuerdo a la situación, como se ha hecho en países europeos, fundamentalmente, con sus consecuencias positivas y negativas respectivamente desde el punto de vista sanitario y económico. Ello ha reafirmado que no hay soluciones mágicas, salvo el contar con dinero indiscriminadamente para mantener todo cerrado, mientras el virus se vaya agotando solo por falta del medio humano de transmisión.
Esto en alguna medida ha podido hacerse hasta cierto punto, en determinados períodos en países desarrollados, que cuentan con amplia espalda financiera para distribuir dinero entre trabajadores enviados a sus casas y a empresas que no han podido trabajar o reducido sus actividades, pero en otras partes del mundo, como América Latina, donde se parte ya de un déficit crónico en sus economías, es impensable hacerlo salvo que se profundicen aún más sus acuciantes problemas económicos y se llegue a situaciones como en la Argentina, donde su economía se ha deprimido a un grado indecible, y que aún así tampoco se ha podido contener las graves consecuencias en vidas humanas del avance de la pandemia.
En esta dicotomía y conflictos hay un único elemento en el que es necesario ponerse de acuerdo y es que el flagelo solo podrá ser contenido mediante la vacunación masiva ya iniciada, con distintos grados de avance. El conflicto latente, ya existente, es el si corresponde hacer que esta vacuna se haga obligatoria, atendiendo el interés general.
Y tal como viene la cosa, teniendo en cuenta además que en nuestro país ya rige desde hace años un esquema de vacunación obligatoria, debería pasar a considerarse seriamente que se haga también obligatoria la vacuna contra el COVID-19, porque al fin de cuentas el interés general debe primar por sobre los motivos muchas veces rebuscados de quienes viven en comunidad y ponen sobre la balanza solo sus creencias y derechos y desestiman el equilibrio con los deberes hacia los demás.
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