El déficit histórico en cuanto al desarrollo armónico del país ha tenido entre sus consecuencias el privilegio hacia Montevideo y la zona metropolitana en desmedro del resto del país, sobre todo de la población que vive al norte del río Negro, y con mayor énfasis en el caso del Interior profundo.
En esta línea lamentablemente, con matices, han estado tanto gobiernos de los partidos tradicionales como los de la coalición de izquierdas, por encima de la retórica que endulza los oídos en las instancias previas a cada contienda electoral.
Pero una vez en el ejercicio del gobierno, con un microclima político y el poder de decisión en Montevideo, así como los grupos de presión y corporativismos desplegándose a sus ansias en la capital, los gobernantes suelen caer en los mismos vicios de siempre en desmedro del país de tierra adentro, mientras por regla general los legisladores del Interior no suelen alzar su voz lo suficiente para reclamar por su departamento o región, a la vez que la centralización de las direcciones de los propios partidos políticos desalientan estos disensos con las jerarquías partidarias y el equipo de gobierno.
En este contexto, ya lejos de la contienda electoral, debe evaluarse como positiva la reciente reunión del presidente Luis Lacalle con las máximas jerarquías de las empresas públicas, a las que pidió más despliegue en el Interior, según da cuenta el matutino El País.
El jefe de Estado les solicitó a los jerarcas que lo mantengan “permanentemente” informado de los proyectos, obras y avances de proyectos, con más presencia en el Interior y más proyectos para las zonas carenciadas. Esas fueron las dos directivas que el presidente Luis Lacalle Pou le encomendó a los presidentes de las empresas públicas cuando se reunieron en su despacho de la Torre Ejecutiva.
Lacalle expresó a los jerarcas que él personalmente quiere estar arriba de todas las actividades que se desarrollen e incluso que le indiquen cuando se inauguren las obras porque, les subrayó, “es fundamental” recorrer todo el país y quiere estar presente en estas actividades.
El mandatario hizo hincapié en la necesidad de “apuntar todas las baterías” a las localidades más necesitadas para que allí lleguen los servicios públicos. En ese sentido, si bien entiende que los presupuestos son limitados, les pidió a los presidentes de los entes una “mayor coordinación” entre los organismos y las diferentes divisiones para evitar duplicar recursos y gastos, consigna el diario capitalino.
Luego del encuentro, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez –quien hoy visita nuestra ciudad–, informó que ya se alcanzó un acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en relación al presupuesto de la empresa, que permitirá acelerar algunas inversiones vinculadas con la cobertura de fibra óptica en el interior del país.
Además, dijo que la empresa se planteó un proyecto estratégico de eliminar todas las conexiones de cobre para 2023, y ya tiene el presupuesto para llegar al interior profundo rural. El objetivo es alcanzar al 99% de la población que vive en pueblos de menos de 500 habitantes ya el año que viene, en tanto en 2022 se invertirán U$S 147 millones en infraestructura.
Por otro lado, al cabo de esta reunión, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, comentó que la empresa está finalizando la elaboración presupuestal, que se estima de U$S 220 millones para 2022. “El objetivo va a ser atender a los sectores productivos, sectores que requieren mejor calidad de servicio y atendiendo a las zonas más vulnerables y a las personas por el lado de la vivienda que debemos brindar como parte de nuestra responsabilidad social”, agregó.
Es decir, hay sobre el tapete directivas claras del mandatario, quien además proviene de un partido que llegó a la victoria en el último acto eleccionario con el voto mayoritario del Interior, lo que permitió compensar la mayoría significativa de la coalición de izquierdas en la capital y Canelones, el departamento con mayor influencia de las corporaciones, organizaciones sociales, sindicatos y dirigentes del Frente Amplio.
Precisamente los gobiernos de la coalición de izquierdas, más allá de la retórica y algunas acciones puntuales, ha enfatizado las prioridades en Montevideo, lo que a la vez ha servido de sostén financiero para la Intendencia Departamental capitalina, que ha sido gobernada por la coalición de izquierdas desde hace más de 20 años y permitido disimular por lo tanto carencias en inversión en determinadas áreas que han estado a cargo del gobierno nacional y por lo tanto del bolsillo de todos los uruguayos.
Sobre este aspecto el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ec. Isaac Alfie, recientemente cuestionó que gobiernos del FA hicieran obras en Montevideo que le correspondían a la Intendencia capitalina, y refirió que se hicieron “refacciones en algunas avenidas” y “las pagó el gobierno nacional, o sea que las pagó todo el mundo cuando son netamente departamentales”.
Aseguró que “no es correcto” que el gobierno nacional se encargue de las obras de los departamentos, algo que, según expresó, ocurrió durante los mandatos del Frente Amplio.
“Hubo asistencias especiales a Montevideo y Canelones durante los gobiernos del Frente Amplio. De hecho en el último (encabezado por Tabaré Vázquez), el gobierno nacional hizo obras dentro del departamento de Montevideo, cosa que nunca había pasado y que desde mi punto de vista es incorrecto”, expresó Alfie.
“En algún momento a mí me pareció eso”, respondió al ser consultado sobre si consideraba como un “favor político” hacer obras correspondientes a las intendencias, y recordó que cada comuna tiene sus fondos, que están previstos en las rendiciones de cuentas y aseguró que los porcentajes del artículo 214 de la Constitución se mantienen.
“Los gobiernos departamentales tienen sus recursos para atender sus áreas de influencia. El gobierno nacional es la infraestructura nacional, que obviamente está mucho más concentrada en Montevideo y en Canelones”, expresó.
De eso precisamente se trata, y un claro ejemplo es el Antel Arena, emprendimiento encarado por Antel fuera de sus competencias constitucionales, que en este caso tal vez sería el menor problema, desde que es una obra que costó unos cien millones de dólares, más del doble de lo que se había previsto inicialmente, y sobre la que además pesan denuncias de irregularidades, que se están investigando.
Sin embargo, no es verdad que la asistencia del gobierno nacional a la “zona Metropolitana” es nueva. Toda la vida fue así, indistintamente del partido al frente del Ejecutivo. Basta recordar cuando se construyó la Avenida Giannattasio, que anteriormente era la verdadera Interbalnearia y que por eso se hizo con fondos del gobierno central, pero apenas terminada se la “regalaron” a Canelones; hoy es la avenida principal de la Ciudad de la Costa. O la sala Adela Reta del Sodre, cuyas obras comenzaron en 1989 bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti; o la Torre de las Comunicaciones y el Plan Fénix, así como infinidad de otros ejemplos multimillonarios.
Apenas son botones de muestra de la sucesión de hechos que a lo largo de los años ha reafirmado la visión centralista de los gobiernos nacionales, y es de esperar que en el caso de la actual administración, estos anuncios de Lacalle Pou sean respaldados por hecho que indiquen que por una vez, el postergado Interior es tenido en cuenta no solo a la hora de ir a buscar los votos.