El Frente Amplio votó el Presupuesto departamental en general, y estuvo en desacuerdo con algunos artículos en particular, según dijeron a EL TELEGRAFO los ediles de la coalición de izquierda Silvia Fernández, Natalia Martínez, Verónica Villarreal y Alejandro Leites.
Según afirmó Leites, en el Presupuesto Departamental votado por la Junta, “en líneas generales no se manifiesta la sensibilidad necesaria para la situación económica y social que se está viviendo. A pesar que se pregonó mucho la creación de fuentes laborales, hay escasas líneas de desarrollo y pocos recursos para la dirección de Desarrollo”.
Agregó que “tampoco hay creación específica de trabajo desde la Intendencia, pese a que lo hemos solicitado reiteradas veces, y en el fideicomiso hay recursos para la creación de fuentes de trabajo a través de la Intendencia. No hay mayor desarrollo en lo que son las políticas sociales, se le quita 10% al departamento de Servicios, donde básicamente están las áreas de asistencia social como policlínicas, comedores, los CAIF. Y en términos de porcentajes este presupuesto es inferior al de la administración anterior, a pesar que se pregona una reducción en el rubro cero (pago de salarios y beneficios) de un 7% previendo un 50% contra un 57% que era el presupuesto anterior. Pero ese 7% que baja el rubro cero aumenta los gastos de funcionamiento, que pasan del 20% al 27%, y el resto de los porcentajes son iguales, salvo en inversión que tiene el aporte extra del fideicomiso”.
Afirmó que “por eso entendemos que en líneas generales es un presupuesto deprimido, excluyente y recaudatorio, porque aumenta tasas y crea nuevos precios buscando equiparar la pérdida de recursos provenientes del gobierno nacional”.
Artículos con modificaciones
Según Silvia Fernández, “nosotros propusimos varias alternativas al articulado. Votamos sin modificaciones los artículos clásicos de un presupuesto, como la contribución, pero varios artículos los votamos con modificaciones, tratando de ponerle la sensibilidad que necesitaba y que no fueran artículos fríos, restringentes y concentradores”.
Además, “vimos que se le daban muchas facultades al Intendente, y se perdía mucho control por la Junta Departamental. Y el gobierno es uno solo, el ejecutivo y el legislativo, por lo tanto perder el control de lo que va a hacer el Ejecutivo, es no poder realizar nuestra tarea. En ese sentido se modificaron varios artículos, que sí votamos, con la redacción del Frente Amplio”.
Sobre cuáles fueron los artículos que recibieron modificaciones, Verónica Villarreal dijo que “principalmente el que hacía referencia a la agencia For Export, porque para nosotros significaba un cambio en lo que decía. Logramos cambiar que se autorizaba al intendente a celebrar acuerdos con agentes privados abreviando procedimientos. Pero entendimos que abreviar procedimientos es saltearse pasos para llevar adelante una acción, y no está bien porque muchas veces los procedimientos son controles, y propusimos que dijera ‘acotando los tiempos de procedimiento’ y lo mismo cambiar que se pudieran hacer ‘acuerdos’ con privados que trabajar en conjunto, como finalmente quedó”.
“Daban muchas potestades”
Explicó que “se cambiaron artículos que daban muchas potestades al Intendente, que podía tomar decisiones sin tener que dar cuenta a la Junta Departamental. Y consideramos que al menos debe darse cuenta a la Junta para que pueda controlar o estar enterada de las acciones del Intendente”.
La edila Natalia Martínez, por su parte, entendió preocupante “el retroceso que significa este presupuesto en políticas sociales en medio de una pandemia, cuando la campaña electoral estuvo fijada en la falta de fuentes de empleo y claramente no se ve reflejado en el presupuesto, a pesar de tener el dinero del fideicomiso”.
Rechazó “el embate a las conquistas de derechos, por ejemplo en las políticas de género, que no tienen ni un solo renglón en este presupuesto. Sobre todo en lo que es la prevención de la violencia de género y el apoyo a las víctimas, en un claro embate a las políticas sociales que han sido conquistas de muchos colectivos, y sobre todo mujeres”. También comentaron sobre la posibilidad que se le autoriza al Intendente de tercerizar la explotación de moteles en las termas por hasta 10 años, lo que consideran inconstitucional, porque cuando excede el plazo del gobierno, debe aprobarse por mayorías especiales, y no por mayoría simple como aconteció.
