Las autoridades departamentales reconocen la existencia de dificultades para ejercer un efectivo control de los caballos sueltos en la vía pública. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, propuso en el último Congreso de Intendentes que se oficie al gobierno la rápida aprobación del decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 19.924.
En su artículo 277 se “faculta al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, previa inspección, a intervenir, decomisar definitivamente y proceder a la venta o donación a instituciones de bien público, a los animales de las especies ovina, bovina, porcina o equina, de dueño conocido o desconocido que se encuentre en la vía pública, dentro de vertederos o basurales municipales, siempre que no fuesen retirados por su titular en un plazo máximo de 72 horas luego de su notificación”.
El artículo aclara que “en caso de que los animales se encuentren aquejados de una enfermedad contagiosa o resulte imposible su venta o donación, podrá proceder al sacrificio sanitario mediante faena o en el campo, en presencia del Servicio Oficial, de acuerdo a las normas sanitarias, de bienestar animal o medioambientales vigentes”.
Establece que “puede requerir la colaboración de los ministerios de Interior, Defensa Nacional y los gobiernos departamentales” y que “será de cargo del dueño del animal retenido en infracción, los gastos en que la administración haya incurrido por concepto de traslado, depósito, pastoreo y sacrificio sanitario de los animales de referencia”. Expresa que “el Poder Ejecutivo a propuesta del MGAP reglamentará el presente artículo, dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de la presente ley”. (fue promulgada el 18 de diciembre de 2020)
Problema de siempre
Olivera reconoció que “no se conoce momento en Paysandú donde pudimos decir que tenemos resuelto y controlado el tema de los caballos sueltos”. “Cada intendente cada cinco años hacía una conferencia de prensa y anunciaba con los jefes de Policía un gran operativo para resolver el tema de los caballos sueltos. El problema seguía estando y empezamos a ver por qué cada uno sucumbía ante la realidad”, explicó.
Según Olivera, “empezamos a recrear la cadena para ver dónde arranca y termina el proceso. Nos dimos cuenta que, como Intendencia, tenemos muchas herramientas pero hay un eslabón de la cadena que aún no se puede resolver. Creo que eso hace frustrar todo el proceso anterior”.
“Al caballo hay que capturarlo, sacarlo de la vía pública y llevarlo a un lugar con condiciones de seguridad. Porque cuando lo requisaban, después lo robaban esos mismos que lo dejaban suelto. O lo robaban y después aparecía el dueño que iba a pagar la multa y había que decirle que ya no estaba más en ese lugar”, dijo a EL TELEGRAFO. A esta tarea “se debe sumar la alimentación, la sanidad con la atención veterinaria y eso es tiempo, plata y personal. Y más allá que se pueda resolver con plata, llega un momento en que a todos se les queman los papeles”.
De acuerdo al intendente, “el último eslabón es qué hacer con el animal, si nadie lo levanta. No hay norma que permita liberarse rápidamente del animal. A partir de la última Ley de Presupuesto 19.924 en su artículo 277, se resuelve quién es el responsable. Es el MGAP, en la División de Servicios Ganaderos, el actor encomendado a resolver el tema”. Una vez emplazado el propietario, dentro de las 72 horas, “le da una potestad que hasta ahora no tenía nadie y es que lo venda, lo done o lo faene. Ahí se cerraría el círculo”.
Enfatizó que “nosotros venimos desde hace meses hablando con el MGAP. Hablamos con los equipos jurídicos del ministerio y logramos que se promoviera este decreto”. De acuerdo a Olivera, “fue firmado por todos los ministros y me dicen que está todo pronto, pero yo preciso resolver este tema. No tengo herramientas y todas las semanas hablo con el MGAP”.
Congreso de intendentes
En el Congreso de Intendentes, Olivera planteó que el plenario oficie al gobierno sobre la necesidad de actuar rápidamente en el decreto reglamentario de dicha ley y su solicitud fue aprobada por unanimidad. A comienzos de este año “hablamos con las autoridades del batallón, donde hicimos el cercado de un predio porque le dijimos que necesitamos un lugar para pocos días y nos dieron su apoyo, pero no le puedo dejar ese animal al batallón por un año, dos o cinco. Por eso, todas las semanas insisto para la reglamentación y comenzar a actuar. Al punto tal, que la paciencia se agotó y detonamos un mecanismo institucional a través del congreso para pedirle al gobierno que lo resuelva”.
Subrayó que “no es un tema de buena voluntad, sino que hay que tener claro el ámbito de competencia, sino quedan agujeros negros. Así empieza a permear el sistema y se prostituye”.
