El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) procura solucionar la problemática de los caballos sueltos en ciudades y rutas. Su director ejecutivo, Dr. Gastón Cossia, continúa su recorrida por el Interior en la búsqueda de una labor coordinada entre diversas instituciones. “Venimos trabajando en varios departamentos, fundamentalmente con los alcaldes, con quienes hemos tenido bastante éxito, porque es un tema de cercanía. Hemos hecho algunos acuerdos con buenos resultados, por ejemplo en Sarandí del Yí, en Dolores, en Salto con el jefe de Policía y todos los alcaldes, con el director de Descentralización de la Intendencia y el jefe de Policía de San José”, dijo Cossia a EL TELEGRAFO.
Decreto de 1983
Explicó que “tenemos que conocer que existen algunas normas, pero se necesita la cooperación interinstitucional. Por ejemplo, hay un rol muy importante con el decreto Nº 35 del año 1983 y que está vigente”. La mencionada normativa señala que “cada jefatura, a nivel departamental, tiene la competencia de aplicar multas y están asignadas las tarifas”.
En opinión del jerarca, “las multas puede aplicarlas la Dirección Nacional de Seguridad Rural, Caminera o las jefaturas. Necesitan una coordinación con quienes están en el territorio, un operativo para llevar un contralor y dar garantías al animal”.
Falta reglementar
Cossia explicó que “en primera instancia es aplicar la normativa de animales sueltos, que tuvo modificaciones en la Ley de Presupuesto y su artículo 277 cambia el Código Rural. El gran problema que existía cuando se decomisaban equinos, bovinos y suinos, era que iban al depósito judicial y luego a remate judicial. Eso se eliminó y la competencia es de la Dirección General de Servicios Ganaderos”.
Recordó que “hasta el 2020 se podía proceder al sacrificio humanitario. Eso se modificó y a las 72 horas de notificado el dueño o tenedor, si el animal no es retirado se puede proceder a la venta o donación a instituciones de interés público. Es un gran avance, porque el gran problema que había es que permanecían durante muchos años en esos predios, que puede ser propiedad de la Policía, el municipio o la Intendencia”. El director ejecutivo del INBA relató que “tenemos por un lado la multa que pueden poner las jefaturas y las intendencias y pueden llegar a 10.500 pesos. Por otro lado, tenemos la posibilidad de aplicar el artículo nuevo que falta reglamentar y le da el rol a la Dirección Nacional de Servicios Ganaderos”.
Cossia manifestó su convencimiento en que “el gran rol es el de la articulación nacional con la Policía, alcaldías o las intendencias. Porque por sí solos no lo pueden hacer”.
Algunos ejemplos
“El ejemplo de Sarandí de Yí fue aleccionador. Cuando en dos semanas empezaron a cobrar las multas, la condición había cambiado radicalmente. Hace dos semanas, participé en esta misma actividad pero en Salto y allí estamos implementando la coordinación”, dijo Cossia. Reconoció que “es un problema muy complejo porque los caballos sueltos ocasionan el 70 % del total de los accidentes vinculados a animales. Y a nivel nacional, al año se registran unos 700 accidentes de este tipo, donde el 75% están involucrados los motociclistas”.
Fenómeno social
En las inspecciones e incautaciones, “encontramos caballos sin marcas y sin guías. Hay animales que son de trabajadores y tiran de un carro. El tema es comenzar a disponer y ordenar esta situación, porque el animal en la vía pública no debe estar suelto”.
En su opinión, “hay que ver el fenómeno social de esta problemática. A veces hay costumbres y no se han aplicado estas multas o han tenido una interpretación muy muy laxa”.
Por otro lado, “hablando de multas, los montos que tienen las intendencias son muy bajos. Por eso, la recomendación es utilizar el sistema de multas de la Policía vigente desde 1983 para animales sueltos”.
El INBA
Hace tres semanas terminó de conformarse el consejo directivo del INBA, que comenzó a efectuar reuniones semanales. Consultado sobre la posibilidad de instalar las dependencias departamentales del instituto, señaló que allí “están las instituciones involucradas como el Ministerio de Ganadería, que preside el Consejo Directivo, los ministerio de Interior y Salud Pública con Zoonosis, el Congreso de Intendentes, la Sociedad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Veterinaria, los productores rurales y las protectoras de animales. Será este consejo el que tome las decisiones”.
