Los instrumentos de ordenamiento territorial son capaces de transformar la realidad cotidiana de los ciudadanos y poseen gran importancia para la planificación urbana y rural, siendo necesarios para el desarrollo de políticas públicas fundamentales –como las referidas a la vivienda– pero también para la toma de decisiones de inversiones tanto públicas como privadas.
Más allá de las realidades cotidianas, lo cierto es que el conjunto de normas nacionales en relación a este tema se ha ido fortaleciendo desde que en 2008 se aprobó la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Más recientemente, nuevos instrumentos de Planificación Nacional fueron plasmados principalmente en la Ley 19.525 Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, aprobada en 2017 y reglamentada a fines de 2019, y en la Ley 17.992 Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial para el Espacio Costero, que fueron resultado de un largo proceso de trabajo que culminó con una aprobación parlamentaria con amplias mayorías.
Según lo consignaron en su momento las autoridades del anterior gobierno nacional, la aprobación de las Directrices por el Parlamento marcó un hecho significativo para la planificación territorial ya que fue la primera vez que nuestro país contó con instrumentos de alcance nacional que establecen las principales definiciones del modelo de desarrollo territorial y enumeran los lineamientos para su desarrollo futuro en clave de sostenibilidad ambiental, económica y social, que es más que la lineal sumatoria de las partes.
Actualmente, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial están impulsando un proceso de revisión de la normativa nacional de ordenamiento territorial “con la finalidad de identificar aciertos, dificultades, problemáticas y visualizar nuevas necesidades en relación al ordenamiento y gestión del territorio”.
De esa manera, se pretende alcanzar una normativa actualizada y moderna en la materia, en consonancia con las dinámicas territoriales, teniendo en cuenta además que ya han transcurrido doce años de la vigencia de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Lotds), del 18 de junio de 2008.
Si bien esta ley es uno de los principales documentos objeto de análisis normativo que viene realizando la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), según lo informado desde el propio Ministerio, la revisión y actualización también comprende toda otra normativa nacional vinculada al ordenamiento del territorio, por ejemplo: la Ley n.° 10.723 de Centros Poblados y modificativas, de 21 de abril de 1946; la Ley n.° 19.525 Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de 18 de agosto de 2017; la Ley n.° 19.772 Directriz Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y Río de la Plata, de 17 de julio de 2019; así como todos los decretos reglamentarios.
En el marco del proceso que se viene llevando a cabo, se incluyeron en la ley de presupuesto quinquenal algunas modificaciones normativas, que se entienden urgentes, referidas a temas tendientes a flexibilizar y facilitar el cambio de categoría de suelo rural a suelo urbano o suburbano, específicamente para inmuebles rurales con destino a programas de Mevir y para asentamientos irregulares; y otras como admitir excepcionalmente la división de suelo rural en predios de dimensiones menores para infraestructuras de los programas de Mevir, así como las que aprueben los gobiernos departamentales hasta un mínimo de una hectárea –siempre que no sean categorizadas como rural natural y no contravengan lo dispuesto en su planificación territorial– incluyendo también la flexibilización del régimen de urbanizaciones en propiedad horizontal, eliminando el límite de superficie existente de las áreas comprendidas entre los componentes de la trama de circulación pública, para las actuaciones residenciales o similares en suelos categorías urbana y suburbana y acorde a lo que la estructura territorial de cada departamento determine.
Por otra parte, recientemente el MVOT firmó acuerdos con varias intendencias –entre ella la de Paysandú– buscando avanzar en el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de sus departamentos.
Se trata de un paso importante en la medida que es necesario solucionar conflictos generados por las dinámicas territoriales –”como cuando una ciudad crece y el área rural se afecta, o se debe encontrar el justo equilibrio entre la producción y el cuidado ambiental”– y también prever el desarrollo y la planificación territorial con una perspectiva de largo plazo.
Existen muchos ejemplos de la urgencia de definiciones en la materia, como las necesidades logísticas, el desarrollo productivo e industrial en armonía con el necesario cuidado de la biodiversidad y el patrimonio cultural y turístico.
Resulta fundamental atender a las prospectivas de cambio climático y su incidencia en el territorio, en particular en regiones como la nuestra, fuertemente afectada por las inundaciones. Se trata de un tema que hoy es abordable dado que recientemente se han desarrollado y actualizado mapas de riesgo, contándose además con una serie de informes técnicos sobre el tema, en particular los importantes insumos aportados por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras de Uruguay (NAP Ciudades) y Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la zona costera de Uruguay (NAP Costas).
En este sentido, es importante que el ordenamiento territorial se realice en sintonía con las principales estrategias e iniciativas de adaptación que se están implementando y diseñando, que involucran a diversas áreas del Estado en articulación con los gobiernos departamentales.
Por otra parte, los convenios firmados con las intendencias también prevén fortalecer los sistemas de información geográfica de cada una de ellas, siendo un paso significativo para el desarrollo de la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial, iniciativa impulsada por la Dinot del MVOT, que brindará la posibilidad de producir y compartir información georreferenciada actualizada y de calidad entre los diferentes organismos e instituciones, para el análisis y toma de decisiones informadas y oportunas.
En definitiva, el proceso que está en marcha es complejo y requiere activa coordinación y compromisos institucionales para avanzar atendiendo a las necesidades existentes pero también a la perspectiva de futuro, componente fundamental para un ordenamiento territorial exitoso que considere la necesaria sustentabilidad y mejora de la calidad de vida para los ciudadanos.
