Desde el año 2020 la cámara Inmobiliaria de Paysandú (Cainpa) ha realizado varias gestiones con la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) elevando también una denuncia a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) planteando un problema que hasta ahora no ha tenido solución: si un inquilino deja un local o una vivienda con facturas impagas de UTE, el ente exige que el dueño de la propiedad o el nuevo inquilino asuman esa deuda o que presenten una garantía solidaria para rehabilitar el servicio de luz eléctrica, aunque la persona pruebe que no tiene ninguna relación con el inquilino anterior.
El presidente de Cainpa, Walter Garré, dijo a EL TELEGRAFO que “ahora estamos más preocupados porque salieron a la luz los números y son muy claros. Sé que esta problemática afecta a todos en el país pero se va manejando de acuerdo a criterio de los jefes de las oficinas comerciales, en algunos lados te piden una cosa y en otros lados, otra. Frente a deudas que dejaban ocupantes anteriores de los inmuebles, al nuevo inquilino se le pretende pedir una garantía del 50% del valor de la deuda, o que firme una garantía con un servicio que tenga la carga similar. El criterio del organismo de atención al cliente lo manejan ellos –UTE–, cosa que es entendible, pero lo inexplicable es que saluden con sombrero ajeno, dando financiaciones a largo plazo y después pidiendo garantías al nuevo inquilino que viene a ocupar el inmueble”.
“Lamentablemente van a ponerse en marcha los cortes en el suministro, pero desde la Cámara Inmobiliaria queremos saber por parte del directorio, e inclusive de la propia presidenta de UTE, Silvia Emaldi –que estamos convencidos que no está al tanto de lo que están haciendo–, qué actitud van a tomar con los deudores que realmente no puedan cumplir con el pago y que el inmueble debe quedar libre para ser alquilado a un nuevo inquilino”.
Problema para el nuevo inquilino
“Se traslada un problema al nuevo inquilino y las actitudes que toman los jefes comerciales son diferentes en cada parte del país. Tenemos contacto con cámaras de diferentes zonas que nos manifiestan esta realidad y es una problemática por las dificultades que nos va a generar. El año pasado, cuando fuimos a hacer las gestiones a través de los diferentes gerentes, llegando inclusive hasta el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, se nos manifestó que no había casi deudores. Ahora en su declaración el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Walter Verri, manifestó que a esa altura del año había 25.000 clientes morosos y la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, anunció que hay 60.000 cortes previstos por deudas. Nuestra duda entonces es saber dónde estamos parados, quién manda en la empresa, los directores o los mandos medios”.
La solución la tiene UTE
“La solución la tiene UTE. Cuando van a refinanciar una deuda le pueden pedir una garantía y a partir de ese momento el servicio queda con una garantía y los refinancian las veces que quieran. Pero por favor, deben tener en cuenta que si financian indefinidamente le puede ocasionar un problema a la garantía que asumió. Tendrían que tener un criterio lógico de empresa para llegar hasta cierto punto. Nosotros vamos a estar satisfechos cuando recibamos formalmente de UTE un informe diciendo que los servicios son individuales, por lo tanto el deudor sigue con su deuda y si no cumple el problema es de UTE y no de la inmobiliaria, como era antes de julio del año pasado cuando comenzaron estos problemas”.
