El Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Oficina de Supervisor de Libertad Asistida (OSLA) firmó con la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) un convenio que determina “las condiciones y los procedimientos mediante los cuales, el INR a través de la unidad especializada OSLA derivará a la IDP, a aquellas personas sobre las cuales ha recaído por mandato judicial, la obligación de realizar Prestación de Servicios Comunitarios”.
Quedó establecido que “la prestación de servicios comunitarios de las personas derivadas a la Intendencia, tienen su origen en una pena, medida alternativa o sustitutiva a la prisión dispuestas por resolución judicial, por lo cual no genera responsabilidad económica alguna ni contemplan retribución, indemnización o compensación respecto a la persona derivada ni frente a terceros”.
La Intendencia establecerá “aquellas dependencias que se encuentren en condiciones de operar como centros receptores de personas derivadas para desempeñar prestación de servicios comunitarios en el marco de medidas dispuestas por mandato judicial, supervisados por la Secretaría de Género y Derechos Humanos”.
En cada dependencia municipal donde puedan cumplir trabajos comunitarios las personas enviadas por la Justicia habrá “un funcionario encargado de supervisar la prestación de servicio comunitario, quien deberá firmar conjuntamente con la persona derivada la planilla de asistencia donde conste la fecha y la hora de ingreso y egreso de la misma”.
Firmaron el convenio el intendente, Nicolás Olivera, el secretario general, Fermín Farinha, por la Intendencia de Paysandú y el director del INR, comisario general (r) Luis Mendoza, y el director de la OSLA, comisario Marcio Dávila.
De esta manera, la Intendencia se suma a otras instituciones estatales que ya trabajan con este sistema con la OSLA, recibiendo a quienes son penados con medidas alternativas o sustitutivas para que realicen tareas comunitarias en sus dependencias. Así fue en los dos últimos sonados casos que involucraron a políticos del departamento, uno de los cuales fue destinado al Hospital Escuela del Litoral en tareas no vinculadas a prestación de servicios de salud y el otro a una escuela primaria rural, cercana a la ciudad.
