Un protocolo imposible

La próxima celebración del ya tradicional evento de la Noche de la Nostalgia, este 24 de agosto, encuentra al Uruguay saliendo, por lo menos coyunturalmente, de la pandemia de COVID-19 en un contexto global de mejora del escenario que ha atenazado al mundo por más de un año y medio y devastado la economía, sobre todo con seria afectación de los sectores vinculados al turismo, pero también a espectáculos y eventos con aglomeraciones.

Es explicable por lo tanto que en la vuelta gradual a la “nueva” normalidad, este sector sea el último “beneficiario” de la apertura de actividades y por lo tanto –gracias a la vacunación masiva, que implica una barrera contra la difusión del virus– todo lo que se haga en esta materia deba ser cuidadosamente evaluado para no retroceder en la lucha contra la pandemia.

Hace unos días, ante la cercanía de la Noche de la Nostalgia y el sostenido descenso de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó el protocolo de fiestas y eventos. El subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, y el director general de la Salud, Miguel Asqueta, se reunieron con distintas organizaciones de eventos y fiestas –entre ellas la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay, la Cámara de Eventos del Uruguay, la Asociación de Servicios para Fiestas y Eventos del Uruguay– y al salir, Satdjian anunció lo acordado, que rige a partir del 23 de agosto y permanecerá vigente más allá de la Noche de la Nostalgia. “No rige ni corre para fiestas clandestinas”, aclaró.

Es así que se dispuso que el aforo de los eventos que incluyan exclusivamente a personas vacunadas podrán ser de hasta 360 concurrentes, entre otras consideraciones particulares de acuerdo a la capacidad.
A su vez la ventilación en los salones de fiesta es obligatoria y se recomienda el uso de medidores de dióxido de carbono en los espacios que tengan mayor concentración. Aclaró que eso no es obligatorio, pero sí que en donde se detecte una mayor concentración es requisito “que se pare la fiesta o se corte la música para ventilar”.

Entre otras medidas, se dispuso la duración máxima de las fiestas, según el protocolo de julio, era de cuatro horas, y ahora se extendió a cinco, pero además se ha dejado en manos de los centros coordinadores de emergencias departamentales (Cecoed) la instrumentación de los protocolos de acuerdo a la realidad de cada departamento.
No puede obviarse que por más protocolos que se siga, las fiestas con presencia de público, en el contexto en el que nos encontramos, sobre todo en Paysandú, son eventos de riesgo para la propagación del coronavirus, aunque en el caso del MSP, esta secretaría de Estado resolvió “extender la confianza a los organizadores” porque desde el 5 julio, cuando se volvió a permitir el desarrollo de fiestas y eventos en lugares habilitados, hasta ahora, “se ha demostrado que no ha habido brotes mayores en estas actividades”. “Las personas que vayan asumen ese riesgo personal”, recalcó.

Debido a que Paysandú es actualmente el departamento con más casos en relación a su población, para la Noche de la Nostalgia las autoridades departamentales han optado por la instrumentación de ajustados protocolos para incurrir en el riesgo de habilitar estas reuniones y, en el caso de las que habiliten bailes, por ejemplo, solamente podrán concurrir personas inmunizadas contra el COVID-19, es decir que cuenten con las dos dosis más 14 días posteriores a la administración de la segunda dosis, como eje central del intento de cubrir los mayores riesgos.
Asimismo, en caso de que no haya baile –que ha sido el aspecto distintivo desde la instrumentación de la Noche de la Nostalgia– pues el protocolo del Cecoed establece que no se exigirá vacunación, cada participante deberá registrarse y firmar una declaración jurada donde conste su estado de inmunización, para seguramente poder establecer un seguimiento en caso de que aparezca algún brote.

Asimismo, el otro punto clave tiene que ver con el establecimiento de aforos máximos de concurrencia para los locales, de acuerdo a su capacidad, así como una duración máxima del evento hasta las 4 de la mañana, contando en cada caso con la designación de un oficial de cumplimiento, un representante del Cecoed, que podrá ser un inspector municipal, personal policial o de prefectura.
El problema es que todos estos protocolos se ven muy bien en papel, pero en la práctica parecen más una excusa para justificar la vuelta a la normalidad “normal” que un verdadero cuidado a la salud pública. Para sincerarnos, es bien sabido que nada de lo que se estableció va a ser respetado a rajatabla, primero porque es imposible exigir a una masa de gente tan grande que no baile, no se cambie de mesa, que usen el tapabocas permanentemente, verificar que tengan las dos dosis de vacunas, y toda esa serie de procedimientos absurdos desde el punto de vista práctico. Pero además, ni la Policía ni la Intendencia tienen capacidad suficiente para controlar que se cumplan efectivamente.

Pero lo más grave de todo es que por salvar las apariencias de que “algo se hace”, seguramente ocurrirán dos cosas: por un lado, que arrecien las fiestas y reuniones mal llamadas clandestinas que nadie va a controlar y, por otro, que las redes sociales denuncien decenas de incumplimientos flagrantes que demuestran que todo es una farsa. De hecho esto último ya ocurre en Paysandú, aun sin “Noche de la Nostalgia” en cualquier fin de semana desde hace mucho tiempo, y la propia Policía ha indicado que no tiene las herramientas legales para impedirlo, por lo cual el mensaje ha sido claro: “el exhorto es para los que quieran respetarlo”. Lo malo es que para no quedar tan en evidencia, la autoridad va a tener que demostrar que actúa en casos de flagrante infracción al “protocolo”, y de seguro alguno se hará acreedor de la justa sanción y consecuente sentencia al cadalso virtual de las redes sociales.

Es evidente entonces que establecer protocolos imposibles de hacer respetar es la peor de las decisiones, porque dejará a la Policía y la Intendencia en una posición muy incómoda que indefectiblemente afectará su credibilidad y consecuente autoridad, que le será necesario restablecer si efectivamente surge un nuevo repunte pandémico que amerite medidas más duras.
Actualmente el 70% de la población tiene las dos dosis de vacunas requeridas más 14 días o más desde la segunda inoculación. Ese era el número mágico que prometían para lograr la “inmunidad de rebaño”, y efectivamente los casos se han reducido a menos de una decena diariamente. Por otra parte, los CTI están casi vacíos de casos COVID, cuando la gran preocupación al principio de la pandemia era que no darían abasto para atender los enfermos por coronavirus.

Lo más lógico entonces sería apelar a la responsabilidad de cada uno –que al fin y al cabo, es lo que ya sucede, con o sin “protocolo” oficial–, y dejarse de exhortaciones que sólo restan credibilidad en el sistema. El Estado ya ha hecho todo lo que se podía hacer: vacunar a todo aquel que quisiera y suministrar el respaldo de un buen sistema de Salud en caso de enfermedad. Un 30% de la población decidió no vacunarse y dejar su suerte en manos de la ruleta rusa del COVID-19, mientras que el otro 70% tiene la opción de cuidarse e incluso quedarse en su casa para evitar las aglomeraciones que seguramente se darán en las fiestas –ya sean legales o clandestinas–, sabiendo además que la vacuna no da inmunidad ni seguridad total contra la enfermedad, pero que está lo mejor protegido que se puede estar ante la eventualidad de un contagio.