La Justicia imputó a un hombre de 76 años como autor del homicidio del productor rural Daniel Lalinde Acosta, hecho ocurrido en la zona de Garzón, en Maldonado. Tal como se informara, próximo a las 15 del miércoles pasado la Policía fue alertada que en proximidades del Camino de la Cantera –a 45 kilómetros de San Carlos–, había una persona caída, posiblemente sin signos vitales. Al arribar, constataron que Daniel Lalinde Acosta presentaba heridas de arma de fuego.
Una eficaz investigación del departamento de Homicidios de la Jefatura de Maldonado y el análisis del sistema de cámaras de videovigilancia permitió detectar que el auto en que circulaba el homicida se había dirigido hacia el litoral. Del seguimiento de las imágenes –incluidas la de los peajes– surgió que el automóvil matriculado en Salto había llegado hasta Paysandú.
Con ese dato, la Policía sanducera dio con la cochera donde había quedado el auto en resguardo. El encargado del lugar facilitó los datos y dirección del propietario, resultando ser R.A.A.O, de 76 años. La policía se dirigió a su casa y el implicado confesó ser el autor del delito. Luego de las coordinaciones, fue llevado a Maldonado, donde quedó a disposición de Fiscalía.
En la mañana de ayer fue trasladado a la zona del crimen para que indicara el lugar adonde dijo haberse desprendido del arma homicida. Sin embargo, aún no ha podido ser encontrada. Una vez ante la fiscal Mariela Núñez, confesó que viajó por su cuenta desde Paysandú hacia Maldonado. Dio unas vueltas por Punta del Este y luego se dirigió al campo donde, sin mediar palabra, dio muerte a Lalinde. Se presume –de acuerdo a lo aportado por personas allegadas– que el fallecido le debía una cuantiosa suma de dinero en dólares y que pese a las mediaciones para poder recuperarlo, Lalinde lo evitaba.
En tanto, en su comparecencia, R.A.A.O. no amplió mayores detalles de la deuda de Lalinde y por qué decidió darle muerte. Solo dijo sentirse “aliviado”.
La Justicia de San Carlos lo imputó por la “presunta comisión de un delito de homicidio especialmente agravado”, imponiéndole prisión preventiva. La fiscal Mariela Núñez solicitó 120 días de prisión preventiva y si bien la defensa pidió que dada su edad y condición de salud fuera en régimen de arresto domiciliario, la jueza Andrea Caamaño no dio lugar a la contemplación. Igualmente se interpuso un recurso de apelación que no tiene efecto suspensivo.
Será un tribunal de apelaciones quien defina, en los próximos días, si el septuagnenario cumplirá la medida cautelar en el domicilio que fije o en la cárcel adonde ya fue derivado. Su defensa también pidió que, en caso de que deba estar en una cárcel, se tome en cuenta derivarlo a la de Colonia, puesto que sus dos hijos viven en Buenos Aires y podrían estar más cerca para asistirlo, ya que tiene varios problemas de salud.