(El país)
La Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay (ASFU) emitió un comunicado en el que cuestiona al Ministerio de Salud Pública (MSP) por su actuación en torno a la aprobación de protocolos sanitarios en fiestas y el derecho de admisión de personas no vacunadas.
El comunicado fue dado a conocer luego de que El Observador publicara este sábado que el MSP indicó en un acta con fecha del 14 de setiembre –firmada por el director general de salud Miguel Asqueta– que la cartera no tenía injerencia entre privados y que la tarea se limitaba a realizar “recomendaciones sanitarias en base a la evaluación de riesgo de cada actividad”.
“Decir que el MSP no tiene injerencia es mentirle a la población y faltarle el respeto a todo un sector que está paralizado y sufriendo las consecuencias de la pandemia como ningún otro. Hay que tener claro que aun con los protocolos vigentes hay muchos trabajadores de eventos que no han vuelto a la actividad”, señala el comunicado de la ASFU.
Los organizadores de eventos señalan que el MSP “fue tajante” al prohibir ciertas actividades o aforos y que todas las opciones que fueron presentadas por la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay durante la pandemia debieron pasar el “filtro” del ministerio.
Según indica El Observador, el acta firmada por Asqueta surge tras una petición del abogado Hoenir Sarthou en representación de padres de menores de edad y organizadores de eventos, que reclamaron discriminación hacia las personas no vacunadas.
“Los organizadores de los eventos son los que deciden en base a las recomendaciones, si realizan eventos o fiestas con población vacunada o con población mixta (vacunada y no vacunada). El MSP no tiene competencia para intervenir en relaciones entre particulares”, establecía el documento del ministerio.
Sin embargo, para la ASFU el ministerio no se limita a recomendar sino que autoriza o no los protocolos. “El MSP nos autoriza a realizar baile solo con población vacunada, no nos ‘recomienda’ tal cosa”, indican como ejemplo.
DETECTARON 131 CASOS; UN FALLECIMIENTO
(SINAE)
Este sábado se realizaron 6.662 tests y se detectaron 131 casos nuevos. De los 131 nuevos casos, 71 son de Montevideo, 31 de Canelones, 12 de Colonia, 4 de San José, 3 de Soriano, 2 de Río Negro, 2 de Rocha, 2 de Salto, 1 de Cerro Largo, 1 de Florida, 1 de Lavalleja y 1 de Maldonado.
Actualmente, hay 1.327 personas cursando la enfermedad (casos activos) y 9 de ellas se encuentran en cuidados críticos.
Este sábado se registró un nuevo fallecimiento con diagnóstico de SARS-CoV-2 y las defunciones desde que comenzó la pandemia aumentaron a 6.063. La persona fallecida es un hombre de 80 años oriundo del departamento de Canelones.
ESTUDIOS SOBRE TLC CON CHINA
(LA DIARIA)
Hace un mes, tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou, los más de 18.000 kilómetros que separan a Uruguay de China parecieron reducirse y el gigante asiático se volvió tema de debate. Las visiones sobre su sistema político, la relación comercial, en notorio crecimiento por las exportaciones de bienes primarios, y los potenciales beneficios e impacto de concretar un tratado de libre comercio (TLC) con China dominaron la agenda local.
El gobierno, que puso el tema sobre la mesa al informar a la sociedad y los líderes de todos los partidos políticos –convocados a Torre Ejecutiva– que había recibido el aval de China para iniciar negociaciones, ahora trabaja con hermetismo en el primer paso definido hacia la firma de un acuerdo: los estudios de factibilidad.
Según supo La Diaria de distintas fuentes, la definición oficial es no hacer declaraciones sobre el TLC con China en tanto no haya concreciones, ya que de fondo hay un acuerdo sobre la confidencialidad de las conversaciones. El canciller Francisco Bustillo se refirió al tema por última vez a finales de setiembre, cuando informó que ya se encontraba trabajando un equipo técnico liderado por la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene por cometido evaluar impacto por sectores de actividad.
“Le hemos solicitado a cada ministerio que identifique puntos” relevantes para trabajar en cada área, ya que ese equipo incluye a representantes de las carteras de Industria, Ganadería, Ambiente, Educación y Trabajo. Lo que se busca definir “es el marco o contexto sobre el cual se va a negociar”, y el plan es culminar estos estudios antes de fin de año para que en 2022 “ya comiencen las negociaciones”, indicó Bustillo.
En otras palabras, Uruguay está definiendo qué prioridades llevará a la mesa de diálogo con China en virtud de su realidad comercial. Pero la otra pata a atender es qué sectores de la actividad local se verán afectados por los impactos de un TLC, que básicamente lo que posibilita es la reducción de los aranceles –tasa que se cobra a las importaciones– por partida doble, para exportar productos a China y para el ingreso de mercadería de ese país a Uruguay. Por esto es que el tema es seguido de cerca por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y por el Pit Cnt, por sus coletazos en materia de empleo.
El viernes se realizó una actividad virtual con los socios de la CIU en la que se presentó al equipo contratado por la gremial que trabajará en un estudio de factibilidad del TLC con China propio. Será liderado por el chileno Andrés Rebolledo, economista y exministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, exembajador en Uruguay y durante 20 años funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, donde participó en la negociación del TLC con China que el país firmó en 2005.
El presidente de la CIU, Alfredo Antía, dijo en esa instancia que con esta negociación comercial Uruguay “quizás está escribiendo una de las páginas más relevantes” y la pretensión es que también lo sea “para la industria en general”. Para eso dijo que se deberá trabajar en “sostener y apalancar a cada sector y empresa”.
Para Antía hay “una posición institucional” del sistema político, refrendada por gobiernos de distinto color, “de recorrer el camino de la apertura comercial y la complementariedad con China”.
