Hace un par de meses Uruguay presentó su primer Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático en ciudades e infraestructuras (PNA Ciudades). Se trata de un instrumento de planificación orientado a reducir la vulnerabilidad del país a los impactos de la variabilidad y el cambio climático, fomentar la capacidad de adaptación y resiliencia y facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en el desarrollo planificado.
El plan identifica las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo y plantea la implementación de estrategias y programas para hacer frente a tales necesidades. Fue establecido bajo el Marco de Adaptación de Cancún en la COP16 (2010) y ha sido definido por el gobierno nacional como “un proceso continuo y progresivo que permite un enfoque de país, transparente, participativo y responsivo al género”.
Diversos organismos, institucionalidades y técnicos trabajaron en la formulación del plan durante tres años, que contó con el apoyo del proyecto Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructuras y ordenamiento territorial (URU/18/002), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo Verde para el Clima, con la participación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) en consulta con el Sistema Nacional de Respuesta para el Cambio Climático y la Variabilidad (SNRCC) e incluyó consulta y validación de todas las partes interesadas.
Como señaló el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, es un recurso estratégico que permitirá avanzar en las políticas y los procesos de planificación ambiental que lleva adelante Uruguay en relación con las ciudades, considerando los impactos del cambio climático y poniendo en valor aquellos servicios ecosistémicos que son fundamentales para la adaptación.
En este sentido, sostuvo que el referido plan “ofrece una hoja de ruta fundamental para avanzar en la construcción de ciudades resilientes, cuidadosas del ambiente y preparadas para hacer frente a las amenazas climáticas a corto, mediano y largo plazo” y adelantó que la Dirección Nacional de Cambio Climático (Dinacc) del Ministerio de Ambiente se encuentra además en proceso de elaboración de una Estrategia Climática a Largo Plazo en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad (SNRCC).
Los avances también fueron destacados por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, quien afirmó que “la consideración de los escenarios climáticos actuales y futuros es estratégica”, dado que “comprender y encontrar soluciones para enfrentar las principales amenazas climáticas en los entornos urbanos constituye un objetivo prioritario para asegurar la calidad de vida de toda la población de nuestro país”.
En este sentido, destacó que sistematiza y propone medidas para hacer frente a las amenazas climáticas y ofrece insumos fundamentales para orientar el diseño y la planificación de las políticas de vivienda y mejoramiento de barrios que lleva adelante el ministerio.
Evidentemente, para nuestro pequeño país contar con planes de adaptación al cambio climático a mediano y largo plazo es una gran ventaja si tenemos en cuenta las afectaciones que ya están ocurriendo y el hecho de que todo indica que podrían acelerarse en el futuro próximo.
Si pensamos que el 94% de la población del país vive en ciudades, las cuales enfrentan múltiples amenazas climáticas por el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos como lluvias intensas e inundaciones, alternadas con sequías, olas de calor y olas de frío, tormentas y aumento del nivel del mar y de la población y si, además, tenemos en cuenta que las actividades y las infraestructuras se concentran predominantemente en áreas expuestas a riesgos climáticos, la pregunta del título se responde por sí misma. Necesitamos un plan para ser más resilientes, resultar menos dañados por la exposición y salvaguardar infraestructuras y vidas.
En su capítulo sobre vulnerabilidades, el documento –que se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Ambiente– indica claramente que las amenazas climáticas para las ciudades de Uruguay se traducen en un conjunto de efectos e impactos agudizados por el calentamiento global.
Entre ellos se encuentra el aumento de la temperatura, que incluye mayor número y duración de olas de calor, que “afectará a las zonas urbanas con mayor densidad de edificación y déficit de vegetación, donde podrán producirse islas de calor urbanas, problemas relacionados con el suministro y la demanda de energía y agua, y problemas de salud pública relacionados con el calor, el frío y enfermedades asociadas, incluyendo la proliferación de vectores”. A su vez, el aumento de la temperatura será acompañado con un aumento en el contenido de vapor de agua en la atmósfera, por lo que es esperable que se intensifiquen las tormentas y precipitaciones en ausencia de otros cambios.
Asimismo, el aumento en las precipitaciones que surge de las proyecciones permite prever que el agua y la escorrentía superficial continuarán siendo un tema crítico para las ciudades, por sus problemas asociados, tales como inundaciones, impactos en las infraestructuras, afectación de actividades dependientes del clima, problemas de cantidad y calidad de agua, y contaminación. En tanto, el aumento en frecuencia e intensidad de los vientos extremos afecta a las ciudades y sus entornos en aspectos como la producción de alimentos, la estabilidad de infraestructuras y edificaciones, la continuidad de las actividades y la seguridad de las personas.
En zonas costeras, los cambios en los vientos y precipitaciones, combinados con el aumento del nivel del mar, incrementan el riesgo de inundación y de erosión, con crecidas, marejadas, pérdida de arena de playas y retroceso de barrancas, afectando actividades, ecosistemas e infraestructuras claves en las ciudades.
Un plan de adaptación como el que ahora contamos es una herramienta que no todos los países tienen y que no solo aporta una perspectiva estratégica sino que también potencia y ayuda a enfocar las capacidades institucionales en diversos aspectos.
Es necesario que la población lo conozca y pueda ser más consciente de los desafíos y responsabilidades que también le competen. Hay mucho que se puede hacer a nivel individual y familiar para ser más resilientes en lo colectivo. Las amenazas climáticas a las que Uruguay se enfrenta no son pocas ni tampoco lo son las necesidades de la ciudadanía, que se ven aumentadas cada vez que un evento climático altera el habitual desarrollo de nuestras vidas.