En ocasiones resulta difícil distinguir lo que realmente importa de otros temas y las emociones a flor de piel nos llevan a discusiones extrañas. La Dirección de Educación Inicial y Primaria archivó el viernes la investigación sobre un video viral que mostraba el final del baile del Pericón, en la escuela de la localidad de Casarino, en el departamento de Canelones.
Los problemas de audio en el video llevaron a amplificar que el docente que conducía el evento, arengaba por la patria, por la escuela y al final, vivaba al Frente Amplio. La supuesta exclamación llevó a pedidos de informes en la Cámara de Diputados, a expresiones diversas en las redes sociales y a la consideración del tema en sendos espacios de informativos centrales o en programas televisivos.
La División Jurídica de Primaria investigó la denuncia y en su documento informó que tomó declaraciones a 16 testigos, entre los que se encuentran docentes, no docentes y padres de alumnos. “Todos coinciden en que al finalizar el baile del Pericón de 6º año el maestro dice ‘viva sexto año’” y “algunos afirman tener filmaciones que lo comprueban”, señala el escrito.
En la investigación, Jurídica explica que “existiendo muchas declaraciones coincidentes” y “habiéndose exhibido filmaciones a la Inspección Departamental que comprueban las declaraciones de los testigos deponentes”, sugiere el archivo de las denuncias. En el mismo documento, las autoridades de Primaria, así lo resuelven.
En las horas y días posteriores, las redes que se hicieron eco de las denuncias también fueron utilizadas para el descargo. Allí opinaron legisladores y autoridades de la enseñanza de gobiernos anteriores. Y si bien las investigaciones internas, son necesarias para despejar dudas, también confirma que la sensibilidad sobre determinados temas, nos lleva a un estado de exaltación continua. En cualquier caso, también confirma, que este nerviosismo social no permite pensar con ponderación ni aquilatar el peso de esas denuncias.
Porque tampoco se presentó una denuncia por difamación al quedar expuestos al escarnio tanto los estudiantes como el cuerpo docente de una clase específica en una localidad pequeña.
Al principio, aquello que generó dudas por la mala calidad del audio desencadenó después una andanada de afirmaciones que dieron lugar a una confusión de la que no se vuelve, porque el uso político siempre será censurable, tanto si es para un lado como para otro.
La difusión de un video, sin mayores datos, promovió una discusión mal orientada. Porque en realidad todos los días ocurren hechos similares que llevan a confundir la orientación política de algunos, con el cometido de un centro educativo. Y esto se observa, particularmente, en los niveles terciarios.
El presidente de la ANEP, Robert Silva, había enfatizado que no era posible “cobrar al golpe” ni separar del cargo “ante el primer grito”, sino dar las garantías del debido proceso y escuchar a todas las partes. El jerarca tuvo que salir al cruce de las exigencias mediáticas, porque en todo momento las denuncias se volvían reiteradas.
Es que la sensibilidad aflora en los últimos tiempos, ante hechos que se investigan en el ámbito parlamentario. Son comunes los roces entre políticos y dirigentes sindicales de la educación secundaria por el método utilizado para justificar las faltas por actividades gremiales.
Las licencias irregulares y las ausencias de los dirigentes de sus clases, movilizaron a la clase política y la opinión pública ante un tema que no es nuevo. Las dudas sobre la existencia de un convenio que habilitaría a los docentes a ampararse para justificar inasistencias, también alcanza a los propios involucrados en las denuncias. Las dudas sobre quienes cometen abusos, después se extienden a un colectivo y la sensibilidad permea hacia la sociedad. Es allí, precisamente, donde no se zanja la discusión sino que se divide entre buenos y malos.
Sin embargo, las condiciones no están dadas ni para discutir ni investigar, porque el ambiente se caldea más temprano que tarde. A la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las horas dispuestas para uso sindical en la educación secundaria, asistieron directores de liceos que firmaron los permisos y docentes que completaban los formularios, en hojas ya dispuestas en blocks, por dirigentes gremiales que avalaban su ausencia de clases.
Ahora el Parlamento definirá si extiende la tarea de dicha comisión sobre las licencias supuestamente irregulares. Los diputados del Frente Amplio aseguran que la documentación presentada por los dirigentes desmontó “la carpa de circo”.
El oficialismo entiende que las licencias se basaron en normativas inexistentes y rechaza el desplante de altos directivos, que solo se remitieron a hablar y entregar carpetas a la oposición. Después, se levantaron y se fueron.
En cualquier ámbito de la vida, existen personas, pero también abundan los personajes. Unos se someten a las garantías del debido proceso con plena confianza en su desempeño y los resultados de una investigación.
Otros deambulan por lugares oscuros, donde pulula la impunidad. Algo que, en definitiva, precede al descrédito del que gozan. Al menos en esta democracia, los funcionarios –servidores– públicos deben someterse a las instituciones, a pesar del “hartazgo” ya manifestado por algunos.
Y así como no es de recibo el escarnio padecido por la comunidad educativa del principio, tampoco es posible que en este último caso, se permita la comparecencia por los recintos sin responder a representantes elegidos en democracia. Es ese mismo régimen que muchos aseguran defender y levantar banderas para no volver a una historia reciente que, dicho sea de paso, cuentan como quieren.
Ninguno de los investigados pertenece a entidades privadas, sino que se trata de funcionarios públicos que trabajan y reciben salarios pagados por los contribuyentes.
Hoy, los uruguayos tienen otras prioridades. Una de ellas es, precisamente, mejorar la educación para elevar los niveles de egresos y atrasos que, con pandemia o sin ella, nos mantienen a todos en rezago.