Un viejo dicho –que muchos atribuyen al economista y Premio Nobel de Economía, Milton Friedman– señala que “no hay almuerzo gratis”, o sea que alguien, en algún momento y alguna forma termina pagando el costo de las políticas públicas y generalmente ese “alguien” son todos los contribuyentes o, lo que es peor, el sector más desfavorecido económicamente.
La frase resulta plenamente aplicable a la protección del ambiente, una tarea fundamental e ineludible para la supervivencia de la raza humana y para todos los seres vivos del planeta. No pueden existir dos opiniones al respecto: los temas ambientales deben estar al tope de la agenda de los líderes nacionales e internacionales porque la problemática se define por su carácter global, abarcando países, regímenes políticos, religiones y filosofías. Pocos temas como el ambiente requieren una respuesta coordinada a nivel transnacional, ya que se trata de un único planeta que enfrenta peligros de gran magnitud en esta materia.
A pesar de su carácter global –tal como sucede con las políticas internacionales en materia de prevención y combate al lavado de activos–, existe una doble moral que tiene su base en la política de “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” de los países más desarrollados. Como señalara el investigador Immanuel Wallerstein, en el año 2004, “los gobiernos de los países del Norte, a la vez que no hacen nada en su interior para que las empresas asuman los costos ambientales de sus operaciones productivas, pueden “comprar tiempo” desplazando el problema hacia los países del Sur de dos maneras: descargando todos los residuos en el Sur y/o posponiendo su desarrollo, imponiendo limitaciones a su producción industrial o forzándolos a utilizar tecnologías ecológicamente más saludables pero también más caras. En el corto plazo este desplazamiento hacia el Sur puede ofrecer una solución parcial ante la degradación ecológica en los países del Norte, y de hecho así ha sido durante algún tiempo. Sin embargo, en el largo plazo esto no representa una solución real a estos problemas, pues la degradación ecológica es hoy tan grave que los problemas que trae consigo no pueden ya arreglarse exportándolos a la periferia”.
Teniendo en cuenta lo anterior (y precisamente porque “no existe almuerzo gratis”) los ciudadanos deben estar conscientes que la implementación de esa misma protección ambiental por la cual piden en las redes, así como las innumerables campañas a las cuales se suman, poseen altos costos de ejecución y mantenimiento. Como “para muestra basta un botón” pensemos en el caso de una fábrica a la cual se le exige que adapte su forma de producir a un nuevo estándar de protección ambiental (objetivo razonable y esperable, ya que se trata nada más y nada menos de un tema fundamental): seguramente la empresa deberá tomar medidas que en muchos casos podrían afectar la economía local y la situación concreta de trabajadores que no puedan adaptarse a los nuevos requerimientos. Resulta obvio que no habrá almuerzo gratis para esos trabajadores pero tampoco los habrá para los contribuyentes en general, ya que deberán abonar con el pago de impuestos los seguros de desempleo o los programas de reconversión para nuevos sectores, sin mencionar el traslado de costos que las empresas harán a sus consumidores, aumentando de esa forma el precio final de sus productos.
La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿hasta qué punto están los ciudadanos dispuestos a asumir en forma personal y directa los costos de la protección ambiental? Así como nadie desea vivir junto a un espacio que se encuentra ambientalmente comprometido (síndrome conocido como NIMBY, anacronismo de la frase “not in my back yard” o sea “no en mi patio”), los ciudadanos no desean un incremento de la pesada carga tributaria que soportan a nivel global y los políticos, para quienes la creación de nuevos impuestos o la creación de nuevos se ha transformado en una mala palabra, tampoco parecen muy motivados a financiar los costos de las medidas de protección al ambiente.
Sin lugar a dudas, la contracara de las medidas ecologistas es el encarecimiento de los costos de producción y la pérdida de fuentes de trabajo, no sólo en la industria manufacturera sino también en el área de servicios, tal como ha sucedido en los últimos meses en la República Popular de China (RPC) tras la decisión gubernamental de cerrar las centrales térmicas que producían energía utilizando carbón. De acuerdo con el diario “El País” de Madrid, esa “ofensiva medioambiental está obligando a cerrar o reducir la actividad de muchas industrias”. Teniendo en cuenta que el 72% de la electricidad que consume la RPC proviene del carbón, “las autoridades han empezado a imponer un racionamiento de energía que amenaza con tensionar aún más las cadenas de suministro globales y generar escasez de todo”.
La evidente complejidad de esta situación ha sido puesta de manifiesto por Peter Poschen, director del Departamento de empresas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Si bien una economía más verde puede producir importantes beneficios sociales, no se pueden negar las dificultades. La transformación conllevará cambios estructurales en las economías, modificando las tareas y los perfiles de competencias de numerosos puestos de trabajo. Es probable que algunos trabajadores pierdan su empleo. Estas pérdidas deberían ser limitadas, pero con frecuencia están concentradas en comunidades que ya estaban afectadas por las repercusiones de la globalización. No abordar esta cuestión podría traducirse en un bloqueo político de las urgentes reducciones a los daños al ambiente. (…) Integrar el medio ambiente y las otras cuestiones climáticas en las políticas sociales y del mercado laboral es esencial para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos de la transición. Una gran cantidad de instrumentos políticos y de experiencias ha sido documentada. La reforma fiscal medioambiental se destaca; el aumento de los precios reduce las emisiones y los ingresos y ahorros reducen el costo del trabajo y financian la protección y la inclusión social. Los precios son importantes, pero están lejos de ser suficientes. Necesitamos empleos verdes, trabajadores con nuevas competencias capaces de adaptarse a modelos de producción más limpios, introducir nuevos modelos empresariales, productos y servicios ecológicos, así como programas a gran escala en algunos sectores clave”.
Así las cosas, las necesarias medidas de protección del ambiente deberían ir acompañadas con un debate sincero y abierto sobre los costos económicos y sociales de las medidas necesarias para ello, incluyendo el financiamiento concreto para las personas y comunidades que resulten afectadas por las pérdidas de empleo.
Resulta mucho más fácil comprar artículos supuestamente descartables (más allá que en muchos casos se trata de una clasificación inútil porque terminan mezclados en los sitios de disposición intermedia o final) que sacar del bolsillo de cada uno para apoyar a quienes se vean afectados por las políticas ambientales. No se trata de minimizar la importancia de la protección del ambiente, sino de ser sinceros sobre el costo económico y social de una tarea más que necesaria.
