Mides fiscalizará que la tarjeta Uruguay Social se use para artículos de primera necesidad y no para otros prohibidos

(MIDES)
Ayer, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó un proceso de revisión de los comercios adheridos al plan de la Tarjeta Uruguay Social que fiscalizará que todos vendan alimentos y artículos de primera necesidad y solamente esos productos sean los que se puedan pagar con tal sistema.
La cartera trabaja en un proceso de “rediseño” de la transferencia monetaria que se otorga a las familias en situación de extrema vulnerabilidad social “para que sea utilizada únicamente en comercios que trabajen con rubros vinculados a productos de primera necesidad, como alimentación, higiene personal y limpieza del hogar”, según afirma el comunicado.
Luego del primer relevamiento se comprobó que en la Red de Comercios Solidarios hay unos 7.000 locales activos aproximadamente; de ese total, habría unos 500 que “no encuadran en los nuevos lineamientos y serán dados de baja”. Entre ellos se menciona a comercios de “cotillón, veterinarias, tiendas de electrodomésticos e informática, ferreterías, repuestos y talleres mecánicos, servicios de televisión para abonados, entre otros”.
Por otra parte, se advirtió que quedan por relevar unos 1.000 comercios de los cuales no hay información en el sistema; la “regularización y baja de estos comercios se hará de manera gradual, respetando las condiciones de los contratos de adhesión y comunicando previamente la resolución a cada comercio”.
El Mides continuará un proceso de revisión de las condiciones para integrar el Registro de Empresas Proveedoras de POS. El objetivo del ministerio es que las empresas garanticen que a través de su tecnología sólo se cobre con la tarjeta del Mides por alimentos y artículos de limpieza y no por otros que están prohibidos, como alcohol, cigarrillos y tabaco.
El Mides también intentará facilitar acuerdos con los proveedores para garantizar el acceso “a productos vinculados a la primera infancia para beneficiarios del Bono Crianza”, que busca “mitigar la pobreza infantil y reducir su severidad y magnitud en esos hogares”.
El programa está dirigido a 30.000 hogares de niños de cero a cuatro años, con un valor de 2.000 pesos por mes por niño durante 2022.
Finalmente esta revisión tratará de fortalecer la fiscalización de Comercios Solidarios “asegurando un adecuado seguimiento de denuncias para garantizar los derechos de todas las personas beneficiarias”.

DETECTARON 237 CASOS; UN FALLECIMIENTO

(SINAE)
Este martes se llevaron a cabo 8.887 análisis y se detectaron 237 nuevos casos de COVID-19. De éstos, 84 son de Montevideo, 40 de Canelones, 25 de Tacuarembó, 19 de Maldonado, 17 de Rocha, 12 de Colonia, 9 de Lavalleja, 9 de Treinta y Tres, 6 de Salto, 5 de Durazno, 4 de Cerro Largo, 3 de Paysandú, 2 de Florida, 1 de Rivera y 1 de San José.
Se registró un fallecimiento con diagnóstico de SARS-CoV-2. Hasta el momento son 6.137 las defunciones con diagnóstico de COVID-19.
Actualmente hay 2.104 personas que están cursando la enfermedad, 17 de ellas en centros de cuidados críticos.

SANGUINETTI Y MUJICA DE ACUERDO POR PRESOS ANCIANOS

(BÚSQUEDA)
En una reunión organizada por el semanario Búsqueda para los alumnos de su Escuela de Periodismo, los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica coincidieron en el respaldo a que las personas más ancianas no estén recluidas en las cárceles, algo que está contemplado en el proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años privados de libertad que presentó Cabildo Abierto.
“Cuando el ser humano se va acercando a la muerte, tenemos que pensar que un preso es un dolor para una familia. Y que lo más probable es que esa familia no tiene responsabilidad ninguna y que yo cuando estoy castigando a un anciano estoy castigando también a una familia probablemente anciana”, señaló Mujica. Y afirmó que su visión filosófica es decirle a esas personas, a los presos en general mayores de 65 años: “Váyanse a morir con su familia”. Agregó que, según su opinión “toda justicia no deja de tener muchas veces un tufo de venganza”.
Sanguinetti acordó que si ese preso no tiene peligrosidad, no tiene sentido que permanezca encerrado en una cárcel. “Ahí empieza la discusión de dónde termina la justicia y dónde empieza la venganza. Los sentimientos rencorosos. Y a veces ni siquiera son de venganza. Porque hay gente que no tiene cuentas propias a cobrar y, sin embargo, asume el rol de la espada de la Justicia y habla en nombre de otras posiciones”. Destacó que la prisión domiciliaria, en términos generales, está prevista en las leyes y es “algo razonable” que habla de una sociedad que “no cultiva la venganza y no cultiva la mortificación”.