La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y el directorio de ASSE acordaron al finalizar el año pasado, el pago de una partida única de $5.000 en febrero, que incluye a los funcionarios tercerizados vinculados al 1º de diciembre. En forma paralela, estudiarán un proyecto de ley para establecer el cobro de una pensión para los familiares de trabajadores de la salud, fallecidos a causa de la COVID-19.
Sin embargo, la dirigente local Zully Dotti aclaró que se encuentran “en conflicto por la pérdida salarial que significó aumentos por debajo de la inflación. Es decir, se cerró un año de mucha lucha por la pérdida de salarios y de trabajadores. En Paysandú, hay 80 nuevos, pero se bajó el contrato sólo a 10 y en otros departamentos, hubo muchas bajas más que en realidad no siguen ocurriendo porque está muy latente el referéndum”, en referencia a la consulta popular del 27 de marzo por la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Explicó que los nuevos contratos ingresaron en el marco de la pandemia sanitaria que “aún no terminó, pero los contratos iban hasta diciembre de 2021. Son puestos totalmente necesarios para la atención del usuario, incluso los diez que sacaron han perjudicado los servicios. Es una realidad a nivel nacional”, dijo a EL TELEGRAFO. La dirigente señaló que al culminar la contingencia, “esos contratos son necesarios para otras áreas porque no cumplen funciones solo en respiratorio, sino en laboratorios, en las salas, policlínicas, urgencias o CTI. Y si sacan esos 80 puestos, nos desmantelan”.
Consultada por el desempeño de las cooperativas sociales, precisó que continúan de acuerdo a lo establecido, “incluso una de las cooperativas pasó a trabajar como empresa privada en vigilancia. Es decir, empezamos el conflicto por salarios pero no es sólo eso. Está afectado el usuario que tiene diez personas menos y no quisiera ver lo que ocurrirá en marzo o abril, cuando resuelvan sobre los contratos”.
Dotti señaló que en el Hospital Escuela del Litoral “tenemos cada vez más usuarios porque son personas que se quedaron sin trabajo. Entonces, son menos funcionarios y más usuarios, con más recortes”. Auguró que este 2022, “nos espera con nuevos conflictos porque no permitiremos una pérdida salarial ni de funcionarios. Desde hace años, en la Red de Atención Primaria (RAP) y en el Hospital se dan baja médicos, que son particularmente especialistas que estuvieron años trabajando y afecta al usuario que no va a tener una fecha para atenderse. Por ejemplo, en las RAP se dieron de baja 11 funcionarios entre médicos y enfermeros que no son nuevos, sino que llevaban muchos años en la salud”.
