Los comienzos de 2022 marcaron puntos positivos y negativos para UTE, desde que por un lado incendios y temporales dejaron transitoriamente a miles de hogares sin electricidad, a la vez que el viento dañó líneas y volteó postes en el Interior, y el déficit hídrico, pese a recientes lluvias, obliga a cuidar el agua en los embalses y apelar al parque de generación térmica ocasionalmente en época de alta demanda como consecuencia de equipos refrigerantes, fundamentalmente. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista económico-financiero, el 2021 dejó un salto positivo para el ente, en la óptica de la presidente Silvia Emaldi, y este factor ha permitido que la corrección tarifaria fuera de solo el 3,5 por ciento, es decir por debajo de una inflación que se maneja en el entorno del 8 por ciento, lo que implica un grado de alivio para los consumidores.
En diálogo con El Observador, Emaldi señaló que este incremento se da en un contexto marcado por ganancias millonarias para la empresa producto sobre todo de la exportación de energía a Brasil, y sobre la base de estos números las negociaciones del Directorio con el equipo económico giraron en torno a que el ajuste fuera menor a lo que en primera instancia marcaban las variables macroeconómicas.
El hecho de que en 2021 el ente tuviera ganancias globales por unos 350 millones de dólares, de los cuales 200 millones como consecuencia de estas exportaciones, permitió a UTE contar con un colchón de recursos que lo ha situado en situación de postergar reajustes en tarifas y con ello de alguna forma incorporar un freno al alza inflacionaria para hogares y empresas. En este sentido la jerarca reflexionó que en las conversaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se evaluó por un lado “ajustar por un valor menor, y surgió el escenario de 3,5 por ciento, que es la mitad de la inflación estimada para 2022. A la vez nuestro objetivo era volcar más al Bono Social para beneficiarios Mides, que está operativo a partir de enero. En los barrios donde regularizaba servicios UTE aplicaba tarifas sociales con subvenciones del orden de unos 10 millones de dólares, y parte de lo que se coordinó fue que el monto subiría a unos 30 millones para darles descuentos de entre el 80 y el 90 por ciento”.
Amplió que “la idea fue incrementar a 3,5 por ciento, cuando la paramétrica daba 6 por ciento, por lo que hay una renuncia fiscal: se suman los 20 millones de dólares iniciales al Bono Social y se incrementan las inversiones. También tuvimos el pedido especial de 116 millones de dólares a Rentas Generales, que se va a efectivizar en 2022”.
Aquí hay que tener en cuenta dos factores: de estos 200 millones de dólares de ganancias por exportaciones, más de la mitad va directamente a aportes para el Estado a efectos de mitigar el déficit fiscal, y otra parte en forma significativa a subsidiar consumos de sectores más vulnerables, por lo que se pudo “rebajar” a 3,5 por ciento el a juste que iba a ser del 6, y por lo tanto en este esquema de uso de recursos el cliente regular es contemplado a medias, porque el grueso del dinero ha tenido otros destinos, aunque se ha acordado aumentar inversiones en este 2022.
Un año excepcionalmente bueno, por lo tanto, ha permitido tapar “agujeros” del gasto estatal desmesurado que data de hace muchos años, pero, dentro de un esquema positivo, solo atenúa el impacto del ajuste tarifario, en un país en el que lamentablemente el costo de la energía, tanto combustibles como electricidad, es el de los más caros de América Latina y el Caribe.
La inversión prevista sobre todo apunta a mejoras de las redes de distribución, y de la calidad del servicio a nivel urbano y rural.
En este último aspecto destacó Emaldi que “muchos emprendimientos, tambos, regantes, surgieron en las zonas rurales. Llegan las líneas pero no son del mismo porte que las de las zonas urbanas. Entonces, cuando se instala un tambo o quieren hacer riego, precisan más potencia. En particular el sector arrocero y el regante en general es el que más nos está requiriendo. En el caso de la soja, del trigo, y otras producciones hay estudios de que por ejemplo si se riega en forma intensiva se incrementa la producción hasta un 84 por ciento”.
Destacó a su vez que mientras en períodos pasados se ha puesto énfasis en la generación, en la actual administración se está llegando a unos 100 millones de dólares de inversión en materia de distribución. El punto es que no todos los años se podrá contar con 200 millones de dólares de ingresos extra por exportaciones para mejorar la situación económico-financiera, por lo que puede situarse a 2021 como un período excepcional –que ojalá se repita, naturalmente– y por lo tanto escenarios coyunturales no alcanzan para disimular carencias estructurales y lo que ellas significan en el escenario socioeconómico del país.
Así, pasan los años y sin embargo nuestro país mantiene el poco edificante galardón de contar con la energía más cara de América Latina y el Caribe, lo que pone de relieve que estamos ante una problemática estructural que nos deja en esta posición, debido fundamentalmente a que con matices, hay una encerrona en el tema costos y necesidades de recursos del Estado que resulta en este escenario.
Así, un informe de SEG Ingeniería para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), correspondiente al año pasado, da cuenta que el Uruguay es el país donde la compra de energía llega al 13,5 por ciento del gasto, por lo que es un 5,1 por ciento superior al promedio y el mayor entre los países de América Latina y el Caribe.
El tema se agrava desde el punto de vista social si se tiene en cuenta que el gasto en energía es mayor porcentualmente en los hogares de menores ingresos, y decrece a medida que éstos aumentan, por lo que en los menores ingresos el peso del costo energético es del 16,7 por ciento y en los de mayores ingresos de 10,2.
De forma global, tenemos que el 21 por ciento del consumo final energético lo realiza el sector residencial, lo que lo constituye como uno de los tres grandes demandantes de energía, ya que junto con la industria, que acapara el 38 por ciento, y el transporte, que tiene un 29%, totalizan el 88% del consumo global de energía.
En tren comparativo, tenemos que el gasto de energía para los hogares en energía en Ecuador representa el 2,9 del gasto total, en Paraguay es del 7,7%, en México del 10,3 y en Uruguay del 13,1%, el máximo de la región, récord que mantiene desde hace ya varios años.
Otros datos referidos al tema revelan que la electricidad es el componente mayoritario en el gasto energético, con una proporción promedio del 3,7, en el marco de un mínimo de 1,7 para los hogares en Ecuador y un máximo del 7,3 para Uruguay, siempre según datos del año pasado.
No hay dudas que mientras la energía resulte cara en nuestro país, inevitablemente se afectan no solo la economía de los hogares, de la población, de todas las actividades, sino también de la competitividad de nuestros productos en el exterior, tanto bienes como servicios. Por lo tanto se genera una espiral de hechos negativos que realimentan un esquema de costos del que hasta ahora ha resultado imposible zafar por encima de la rotación de gobiernos y la afectación particular de la pandemia en esta coyuntura que nos toca vivir. Es de esperar que esta ventana de hechos positivos en UTE en el marco de un esquema muy problemático del país en 2021 y en lo que va del año, se consolide y permita trasladar de una buena vez en forma significativa estas mejoras a los consumidores tanto residenciales como empresariales, de forma de reducir el costo país y la inflación, mejore la competitividad y la calidad de vida, en consecuencia directa de una gestión racional del ente monopólico, como rumbo a seguir.
