Felizmente lejos de la inexplicable actitud del fiscal de Corte Dr. Juan Gómez, de restarle importancia a la flagrante ilegalidad de una fiscal y la jueza de allanar una radio y el intento de requisar material informativo del periodista Ignacio Álvarez, la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), además de la Organización de la Prensa del Interior (OPI) y asociaciones de magistrados, entre otros, condenaron abiertamente el episodio, que deja al Uruguay internacionalmente expuesto a cuestionamientos ante el retroceso en materia de libertad de prensa por la garrafal patinada del Poder Judicial, nada menos. Cabe aclarar que tanto la SIP como OPI son organismos que representan a la prensa escrita y no radial, pero el golpe a la Libertad de Prensa en esta oportunidad ha sido tan grueso que ameritó la manifestación pública de éstos.
La SIP manifestó este miércoles su “preocupación” por el allanamiento en Uruguay de la emisora de radio Azul FM que permitió “requisar el contenido informativo” del periodista Ignacio Álvarez, quien difundió audios sobre el caso que es investigado por la Fiscalía como abuso sexual agravado.
En un comunicado, la organización consideró que “estos episodios pusieron en riesgo la libertad de prensa al afectarse el secreto y el anonimato de las fuentes periodísticas”.
El operativo fue parte de la investigación judicial sobre la difusión de audios íntimos vinculados con un caso que fue denunciado como violación sexual grupal de una mujer de 30 años, ocurrido a finales de enero en Montevideo, por el que ya fueron imputadas tres personas, detalla la organización.
La SIP añade que, a pedido de la fiscal Mariana Alfaro, la jueza Patricia Rodríguez “ordenó el allanamiento del medio” y de la residencia y oficinas de Álvarez. También accedieron a los dispositivos electrónicos del equipo periodístico y al contenido del material audiovisual y las comunicaciones “para conocer la fuente informativa del periodista”.
“Si bien no es tarea de nuestra organización juzgar el criterio editorial de los medios y de los periodistas, sí nos compete pronunciarnos a favor de la protección del derecho a la libertad de prensa y del público a estar informado sin ningún tipo de cortapisas”, señaló en el comunicado Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
Canahuati agregó que “el allanamiento a la radio para confiscar materiales probatorios representó una actitud desproporcionada por parte de la Justicia”.
“Los periodistas no somos auxiliares de la Justicia, ni tampoco delincuentes a prima facie como para que seamos atropellados con medidas forzosas que desconocen principios de libertad de prensa”, criticó.
¿Qué pretendía la fiscal con estos allanamientos? De haber cometido un delito al difundir los audios, la Justicia no precisa más pruebas que la grabación del programa de radio –que permanecía en la web con acceso público–, sin necesidad de irrumpir por la fuerza en el estudio de la emisora o la casa del periodista. Otra cosa es intentar incautar material periodístico que como tal no es delito poseer. Por otra parte, la medida extrema significa una clara extralimitación de la Justicia, ¿acaso pensaban encontrar armas de destrucción masiva, o descubrir una banda dedicada al tráfico de drogas, o algo así de grave? No. Simplemente saber cuál es la supuesta fuente del periodista, que en todo caso debería averiguarse por otros medios.
Lamentablemente, no estamos ante un episodio aislado de desacierto, sino que todo indica que hay actores judiciales que han perdido la centralidad de los temas y lo miran a través del cristal de su ideología, simpatía y/o antipatía, incluyendo la desembozada perspectiva de género, en muchos casos, por lo que hay actitudes y fallos que hacen rechinar los dientes, los cuales no resisten un mínimo análisis primario. Las “explicaciones” del fiscal de corte sobre el allanamiento que a su juicio fue pero no fue, lejos de llevar tranquilidad, se centraron en minimizar el operativo dispuesto por la juez actuante a instancias de la fiscal, como si fuera una nimiedad el actuar ilegalmente y perseguir periodistas en ejercicio, buscando incautarse de material para determinar de donde obtuvo información y que revelara sus fuentes, al mejor estilo de las dictaduras de Cuba y Venezuela.
“Pueden quedar tranquilos de que no se va a repetir”, sostuvo el fiscal. ¡Bueno fuera! Pero, ¿qué pasa con quienes se excedieron en sus funciones, pasaron olímpicamente por arriba del artículo primero de la ley que salvaguarda la libertad de prensa y causaron conmoción pública? ¿Queda todo en esa reprimenda que no fue, y se centrará en la defensa a ultranza de intereses corporativos, como prioridad, tal como surge del comunicado de la Asociación de Magistrados Fiscales, que prioriza el estrechar filas en torno a una asociada –nada menos que la vicepresidenta de la gremial– que cometió un error en la aplicación de principios básicos de la ley?
Abogados penalistas por su parte advierten que “medidas como las dispuestas contra la actividad periodística van en línea con la afectación de otros derechos que se viene advirtiendo en el proceso penal, donde de manera sistemática se vulnera el derecho de defensa tanto de víctimas como de imputados, desconociéndose el principio de igualdad de armas en el proceso, entre otras afectaciones constantes de las garantías legales, mediante interpretaciones jurídicas que no controlan los excesos u omisiones en los que incurre la Fiscalía General, tan graves como los ocurridos el pasado viernes”.
El propio periodista Ignacio Álvarez sostiene que “hay jueces y fiscales tendenciosos”, y “casos notoriamente flechados”, y sobre la fiscal involucrada, señaló antecedentes respecto a que tuvo “omisiones imperdonables” en una investigación de homicidio y la “manipulación” de una testigo en otro caso de violación que determinó su apartamiento del caso.
Felizmente, no todas son sombras en el Poder Judicial, y por eso las críticas que justificadamente se formulan deben tomarse como lo que son, un llamado de atención para que desde adentro se corrijan errores y se revierta un rumbo muy peligroso, que afecta garantías fundamentales para la paz social y la propia institucionalidad del país.
