Pensar en un mundo sin desperdicios parecería tan utópico como pensar en un mundo sin pobreza. Sin embargo, ambas cosas son dos metas comprometidas por los países y, por otra parte, un mundo con menos desperdicios podría ser un mundo menos pobre.
Aproximadamente una quinta parte de toda la comida del planeta termina en la basura de los restaurantes, servicios alimentarios y nuestros propios domicilios, consolidando así un problema global que según el Índice de desperdicio de alimentos 2021 (elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y organización WRAP, involucra unos 931 millones de toneladas de alimentos –aproximadamente el 17%– de los disponibles, que terminan inutilizándose como desperdicios.
Para facilitar la comprensión de estos datos la ONU realiza una comparación muy sencilla y elocuente: el peso de esos alimentos equivale aproximadamente a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados, que puestos en fila darían siete vueltas a la Tierra.
La investigación del organismo internacional señala que anualmente se desperdician 121 kilos de alimentos por consumidor y que eso ocurre tanto en países pobres como ricos. Por ejemplo, en promedio en Nigeria cada hogar desperdicia 189 kilos de alimentos, en Estados Unidos 59 kilos y en España 77.
El hecho que la mayor parte de esos desperdicios (11%) se produzca en los hogares y no en los servicios de alimentación o establecimientos minoristas (que tiran, en promedio, un 5% y 2%), también es llamativo porque está dando la pauta de lo que las familias podrían ahorrar si realizaran un consumo más planificado, razonable y consciente.
Por otra parte, estudios realizados por la FAO a nivel mundial muestran que cuando se logra reducir la pérdida de alimento en las chacras y granjas productivas o cerca de ellas, se pueden establecer escenarios mucho más efectivos para la reducción de la inseguridad alimentaria, además de aliviar la presión sobre la tierra y el agua. Asimismo, la reducción de desperdicios de alimentos en la última parte de la cadena de suministro y en el ámbito del consumidor es considerado un asunto clave para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación.
Como señaló la economista y ecologista danesa Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la reducción de desperdicios puede llegar a tener un rol importante en épocas de desafíos globales como el generado por la COVID-19 en el mundo, ya que mejoraría la disponibilidad de alimentos y, por lo tanto, reduciría el hambre y ahorraría dinero en un momento de recesión mundial.
¿Qué pasa en Uruguay? Según datos de FAO entre 2011 y 2016 Uruguay desperdició aproximadamente un millón de toneladas de alimentos, lo que a esa fecha equivalía a unos 600 millones de dólares y a aproximadamente el 10% de la oferta disponible para consumo humano.
El estudio gestionado por la Fundación Ricaldoni y realizado por técnicos de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y de Equipos Consultores, así como consultores especializados, aportó un primer pantallazo a la realidad nacional dando pautas sobre la magnitud del problema y las causas que lo generan.
La oferta de alimentos para consumo humano son 10 millones de toneladas por año, de las cuales 9 millones (88%) es de producción nacional, exportándose un 80%. Teniendo en cuenta el volumen, las mayores pérdidas de alimentos se dan en los cereales (25%), lácteos (20%), caña de azúcar (15%), soja (12%), frutas y hortalizas (12%) y la carne (8%). Un 66% se pierde en etapas de producción y pos cosecha pero el 11% se registra en el consumo, mientras que hay un 8% de pérdidas en la distribución y un 15% en la etapa de procesamiento de los alimentos.
Según el estudio, las principales causas de pérdidas de alimentos en la producción primaria y pos cosecha son el manejo de los predios, el almacenamiento de la producción vegetal, la infraestructura vial y la cadena de frío de los productos que la necesitan.
En la industria, las principales pérdidas obedecen al desaprovechamiento de los subproductos que podrían utilizarse como alimentos, la falta de tecnificación y automatismo así como problemas de control de procesos. En lo que respecta a la distribución hay problemas de infraestructura entre mayoristas y minoristas, de logística y gestión y carencias en el mantenimiento de la cadena de frío.
Aunque se requieren más estudios, se visualiza que a nivel de los hogares, la falta de planificación a la hora de hacer las compras y algunos hábitos de alimentación, así como desconocimiento como aprovechar mejor su menú hogareño diario son factores que inciden mucho en el problema general aunque los hogares más pobres suelen planificar mejor sus comidas.
A nivel institucional, en 2016 la FAO impulsó en Uruguay la creación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional integrado también por el Ministerio de Ambiente; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministerio de Desarrollo Social; la Intendencia de Montevideo y la Comisión Especial de Asesoramiento Legislativo sobre el Derecho a la Alimentación de la Asamblea General, la cual ha realizado los primeros avances en el diagnóstico de la situación nacional y propuso aportes al proyecto de Ley de Residuos, (aprobada en 2018), incorporando a su discusión el tema de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA).
Desde la sociedad civil también hay iniciativas valiosas, concentradas generalmente en Montevideo, como es el caso de la Red de Alimentos Compartidos (Redalco) o el Banco de Alimentos, que redistribuyen alimentos que salen del circuito comercial y los hacen llegar a instituciones como refugios, clubes de niños y ollas populares, entre otros.
A nivel regional, en 2016, los países de América Latina y el Caribe se comprometieron a cumplir al 2030, una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita (a nivel de distribuidores minoristas y consumidores) y a reducir las pérdidas de alimentos posteriores a la cosecha (Meta 12.3). A inicios de 2022 ya se visualiza que será muy difícil alcanzar esa meta, lo cual no implica disminuir el esfuerzo.
En la actualidad existen 70 proyectos de ley en toda América Latina que refieren a este asunto, según lo expresado en la Segunda Cumbre sobre Reducción de PDA en América Latina, realizada a fines de 2021 en Argentina. Es necesario contar con estrategias e instrumentos financieros más firmes para acelerar la inversión privada a lo largo de las cadenas de valor alimentarias, sumando innovación y conocimiento para avanzar a un objetivo de consumo de alimentos más saludable para cada uno de nosotros y el mundo.
