Pekín, 29 (EFE)
Amnistía Internacional (AI) alertó del deterioro de los derechos humanos en China, donde según la organización continúa la persecución a minorías musulmanas en la región de Xinjiang y hay indicios de que sigan operando “campos de reeducación” pese a su supuesto cierre en 2019.
“La situación de los derechos humanos en toda China siguió empeorando”, sentencia el informe anual de AI presentado ayer, que menciona en su epígrafe dedicado al país asiático “actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación así como tortura y otros malos tratos”.
La organización denunció que el Gobierno chino adoptó “medidas extremas” para impedir el acceso independiente a la región autónoma de Xinjiang con el fin de verificar las denuncias sobre la situación de los uigures y otras minorías y el empleo de políticas que violan “los derechos a la libertad y la seguridad personales, a la privacidad, a la libertad de circulación, opinión y expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencias”, entre otras.
“El Gobierno continuó con su campaña de adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y asimilación cultural forzada contra la población musulmana residente en Xinjiang. Se separó a miles de niños y niñas uigures de sus progenitores”, refiere el documento.
Mientras Pekín niega esas acusaciones y asegura que su actuación en Xinjiang solo busca prevenir actos terroristas y preservar la seguridad, AI habla de “una clara intención de atacar colectivamente a sectores de la población basándose en la religión o la etnia, y de utilizar la violencia extrema, intimidación y detención masiva arbitraria para erradicar las creencias religiosas islámicas y las prácticas etnoculturales de los grupos musulmanes”.
AI, que denunció en los últimos años el encarcelamiento de cientos de miles de personas y la reclusión de más de un millón en campos de internamiento denominados por las autoridades centros de “formación” o “educación”, asegura que esta práctica persiste pese a que el Gobierno anunció a finales de 2019 el cierre de estas instalaciones.
“Siguió habiendo pruebas creíbles de que muchas personas internadas en Xinjiang habían sido trasladadas y permanecían recluidas. Un gran número de familias continuó informando de la desaparición de familiares, que se creía que estaban detenidos”, dice el informe.