(Por Horacio R. Brum)
El Tren de Aragua llegó a Chile. No se trata de un ferrocarril internacional, sino de una organización criminal, que tomó ese nombre porque surgió de un sindicato ferroviario del estado de Aragua, en Venezuela; algunos de sus miembros se dedicaron a extorsionar a los contratistas y a vender puestos en las obras de construcción de la vía y cuando cayeron presos, pasaron a organizar actividades criminales desde la cárcel. En más de una década, el Tren de Aragua se ha extendido a varios países del oeste de Sudamérica, además de establecer vínculos con el Primer Comando de la Capital, la despiadada banda brasileña que en estos días causa preocupación a las autoridades uruguayas por su posible presencia en la zona fronteriza de Rivera.
En el norte de Chile sigue siendo imposible de controlar la inmigración clandestina que llega por las muy permeables fronteras con Perú y Bolivia. En su mayor parte son migrantes venezolanos, atraídos originalmente por las facilidades de radicación que el gobierno anterior dio a los ciudadanos de esa nacionalidad, en solidaridad con los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Actualmente, la comunidad venezolana en Chile supera en número a colectividades de inmigrantes históricos, como los peruanos y los bolivianos. Creció más de 160% desde 2017 y el ministerio de Desarrollo Social tiene registradas a casi medio millón de personas. No obstante, el flujo por el norte no se detiene y esta semana, por ejemplo, las autoridades informaron que la llegada de menores, algunos sin la compañía de adultos, aumentó 111% respecto del año pasado.
Aunque crucen las fronteras en forma clandestina, la inmensa mayoría de estos migrantes trata luego de regularizar su situación, para tener las facilidades legales para encontrar trabajo. Sin embargo, es imposible comprobar los antecedentes policiales de todos ellos en su país de origen, así como saber quiénes intentan permanecer a propósito en la clandestinidad. A fines de julio, por ejemplo, tres personas fueron atacadas a puñaladas en el centro de Santiago y una de ellas murió. El objetivo de esos ataques, cometidos en dos noches consecutivas, no era más que el robo. Los delincuentes, detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI), son un adulto y un adolescente venezolanos que ingresaron a Chile por un paso no habilitado del norte y se mantuvieron como clandestinos.
Arica, la última ciudad de importancia antes de la frontera con Perú, es el punto de concentración de los migrantes recién llegados y aunque muchos duermen en las calles, las autoridades y algunas organizaciones sociales han establecido albergues y lugares de ayuda y orientación. Por otra parte, es allí donde, desde 2020, están aumentando inusualmente los homicidios, con unas características de violencia no vistas en los criminales chilenos. Con frecuencia los muertos aparecen torturados, quemados y con balazos en la nuca, como si hubieran sido ejecutados. Según la PDI local, en lo que va del año se han producido más de veinte asesinatos, en su mayor parte de extranjeros, sobre todo colombianos y venezolanos. Las investigaciones policiales relacionaron a muchas de esas muertes con una banda vinculada al Tren de Aragua, que operaba desde un asentamiento conocido como Cerro Chuño. El grupo, de 25 a 30 personas, tenía en ese lugar lo que el expediente judicial definió como “una casa de tortura”, en la cual se halló el cadáver de una persona que pudo haber sido enterrada viva.
Extorsiones, secuestros, homicidios, tráfico y quitada de drogas: todo tipo de delitos entra en el catálogo del Tren de Aragua, siempre con un gran despliegue de violencia, y la violencia es lo que está cambiando el panorama de la criminalidad. Además, los delincuentes nacionales aprovechan el miedo creado por la banda venezolana para hacer su propio negocio: llaman por teléfono a los comerciantes ariqueños, dicen ser miembros del Tren de Aragua, y les exigen sumas de dinero, bajo la amenaza de atentar contra sus vidas y propiedades.
Chile tenía un “prestigio internacional” por los punguistas, unos maestros del hurto callejero aquí conocidos como “lanzas”, que incluso hacían temporadas en Europa y mandaban por correo a sus familias el producto de los robos. Este corresponsal recuerda que, años atrás, un taxista que lo llevaba desde la estación central de ferrocarriles romana, le recomendó que tuviera cuidado con los ladrones chilenos. Hábiles y rápidos, esos individuos no recurrían nunca a la violencia. Incluso en el mundo del tráfico de drogas no eran comunes los hechos violentos. Ahora, están apareciendo modalidades de delitos y crímenes que son comunes en otros países, como los “motochorros”, una forma de robo muy conocida en Argentina pero que se originó en Colombia, donde también se usa para cometer asesinatos.
Si bien la delincuencia chilena emplea el robo con intimidación, apuñalar para robar, tal cual sucedió en el centro de la capital, tampoco es propio de la delincuencia nativa.
Según un fiscal de Arica, si los homicidios siguen aumentando en esa ciudad al ritmo actual, se llegará a una tasa anual de 20 por cada 100.000 habitantes, cuatro veces mayor que la nacional. Por eso, los diputados de la región pidieron esta semana que aplique el Estado de Excepción, una medida por la cual se pueden emplear los militares en funciones de apoyo a la policía. En este caso, el Ejército podría reforzar el control de las fronteras, un cometido que usualmente cumple la policía de Carabineros. La solicitud de los legisladores implicó una pequeña rebelión del oficialismo parlamentario, porque incluso los representantes regionales de la coalición del presidente Gabriel Boric estuvieron de acuerdo en que, si no se aprueba el Estado de Excepción para el norte, no darán sus votos para que la vigencia de este se extienda en las zonas del sur, donde se está empleando para enfrentar al terrorismo indigenista, cuyos atentados siguen en aumento.
Aparte de la búsqueda de un mejor porvenir, los cientos de miles de personas honestas que llegan desde Venezuela o Colombia huyen de una violencia que en sus países se ha hecho endémica; son apreciadas por su gran capacidad de trabajo y están contribuyendo a mejorar los estándares de servicio en todos los ámbitos de un país notorio por la regular o mala atención. Sin embargo, la criminalidad infiltrada entre ellos estimula una cierta xenofobia que es parte de la idiosincrasia nacional. Uno más de los muchos desafíos que tiene el gobierno del presidente Boric será reprimir a los criminales extranjeros y evitar que esa xenofobia afecte a todos los migrantes.
