En un contexto ya particularmente delicado, al ingresar en su fase de dilucidación en la Justicia una causa que ya se arrastra en los estrados judiciales desde 2008, la Argentina enfrenta una de las peores crisis de su historia –en realidad es un agravamiento de otras crisis y consecuencia de nunca haber afrontado realmente las causas– y el acorralado gobierno de Alberto Fernández ha puesto su esperanza en el recientemente superministro de Economía Sergio Massa, quien ha anunciado “medidas” para superar la dantesca encrucijada económica, empezando por la hiperinflación, déficit fiscal y relación cambiaria que ha llevado la moneda a niveles mínimos.
Como una señal al mercado de que comenzó el ajuste para intentar reducir este déficit, el ministro Massa anunció en las últimas horas que absorbió caja sobrante de varios ministerios por 210.000 millones de pesos argentinos.
En ese mismo marco se comunicó que, según los datos del Palacio de Hacienda, en los primeros siete meses del año se acumula un resultado primario de 876.628,7 millones de pesos argentinos (-1,1% del PBI).
“Sin descontar el excedente consistente con la meta de déficit primario de 2,5% del PBI (rentas a la propiedad), el déficit primario para el mes de julio resultó en $ 1.945,3 millones”, indicaron en la Secretaría de Hacienda. Por otra parte, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de 129.717,5 millones de pesos argentinos, resultando en un déficit financiero de $131.662,8 millones”.
Pero además, según el Ministerio de Economía, el gasto primario del Sector Público Nacional alcanzo los $1.386.870,8 millones y presentó una suba de 62,0% interanual, valor que asciende a 68,5% si se excluye el gasto COVID en 2021 y 2022.
En realidad, pese a lo que se trata de transmitir a la opinión pública y a los mercados, el “ajuste” que se intenta hacer implica reducir de alguna forma los subsidios y transferencias desde el Estado en planes sociales y otros programas populistas que se financian con lo que recauda el gobierno central, y que explica gran parte del déficit en un país signado por la corrupción.
Una decisión muy difícil, si no imposible, cuando funciona desde hace décadas un tramado socioeconómico burocrático suicida que intenta disfrazar la realidad a partir del gasto de dinero que no se tiene para mantener controlada la base electoral entre elección y elección, aún a costa de ir perdiendo las posibilidades de revertir este proceso de deterioro.
Pero además las expectativas y atención pública tanto en Argentina como en el exterior actuales están centradas en la dilucidación de la megacausa de corrupción contra la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y 12 de sus directos colaboradores por la desviación y “retorno” en su beneficio de fondos de la obra pública, con Lázaro Báez como destinatario de todas las licitaciones y el pago consecuente de estos favores en dinero para los jerarcas involucrados, con la exvicepresidente como cabeza de la organización.
Mientras tanto, sobre el cierre de los alegatos de la fiscalía encabezada por el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, funcionarios, diputados, senadores, gobernadores y más de 500 intendentes oficialistas del interior del país mostraron su apoyo público a la vicepresidenta acusada en el expediente de liderar una asociación ilícita y de beneficiar con contratos de obra pública a Lázaro Báez.
Es que precisamente el kirchnerismo ha tratado de instalar que el objetivo final de la causa y una eventual condena es la proscripción de la vicepresidenta de cara a las elecciones. Sostiene este relato con campañas en redes, discursos públicos de sus dirigentes y con solicitadas. En las últimas horas se adhirió el canciller Santiago Cafiero. “Quieren proscribir a Cristina Kirchner. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares como Evo Morales y Lula”, escribió Santiago Cafiero, en un “revival” del relato de victimización para colocarse del lado de los buenos y perseguidos en lugar de los responsables de haber llevado adelante la cadena de corrupción más grande de que se tenga memoria en el vecino país.
Y para muestra basta un botón: alcanza con transcribir lo expresado en las últimas horas por el legislador kirchnerista Leopoldo Moreau: “Mañana culmina el montaje de un gran operativo de persecución política contra Cristina Kirchner. Un fiscal sin pruebas concretas en el juicio apelará a un compendio de frases construidas en el tiempo por Clarín, La Nación, Jorge Lanata y hasta Viviana Canosa. También echará mano a dichos de otros juicios”.
“Sabe que goza de la impunidad de ser compinche del presidente del tribunal, otro ejemplar del odio que anida en los chetos que se creen representantes de las clases superiores y vengadores de quienes tuvieron que pagar con cárcel por la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura militar. De estos hay unos cuantos parientes refugiados en los tribunales de Comodoro Py. El pueblo movilizado pacíficamente se encargará de defender el Estado de Derecho”, consigna, en una nueva demostración explícita de como entreverar, confundir y apelar a eslóganes y frases hechas para eludir su responsabilidad flagrante en los hechos por todos conocidos.
El hecho de que se esté en la etapa de acusación fiscal y pedido de condena no quiere decir que sea inminente el resultado del proceso, sino que es esperable a la vez un contraataque desde el poder, apretando a la justicia, además de recurrir a una serie de chicanas y apelaciones que seguramente dilatarán el desenlace y posibilitarían que se llegue a las próximas elecciones con un veredicto todavía pendiente.
Peor aún, según expresó el fiscal Carlos Stornelli a La Nación, al hablar de la causa de Vialidad, teme por la seguridad del fiscal Diego Luciani y advirtió sobre los “vueltos” que “todos los fiscales saben” que vendrán en un futuro.
Stornelli habló sobre la falta de protección al fiscal e insistió en que “hay gente que debe ser protegida, más que nada todos los que promueven denuncias por corrupción como la actual”.
En esa línea, advirtió: “Hemos visto sucesos espantosos como el de Alberto Nisman, la muerte de testigos en el pasado, mensajes encubiertos y mafiosos, pintadas en las calles. Yo he padecido un modus operandi similar al que vive el fiscal. Desde escraches hasta guardias fuera de mi casa y bombas vacías”.
En suma, la compleja trama socioeconómica-política y esquema de corrupción del hermano país implica que estemos ante un pronóstico reservado, por decir lo menos, sobre la suerte de la Argentina en el corto plazo. Porque desmantelar, aunque sea gradualmente, estos esquemas de corrupción, robos, violencia, pase de facturas, grieta institucionalizada, gobiernos que culpan a los anteriores de todo lo que pasa, dirigentes sindicales que para sacar tajada echan leña al fuego, punteros políticos que comercializan planes sociales, entre otras manifestaciones de este delirio y concepción suicida, es un desafío formidable.
Y llevarlo adelante no es una tarea de una sola persona, equipo o partido político, sino que debe partir de una toma de conciencia generalizada y voluntad para hacerlo, lo que por ahora no se percibe ni por asomo, lamentablemente, cuando quien más, quien menos, sigue con la suya, salvo honrosas excepciones que no mueven la aguja.
