“Paso atrás en la lucha contra el tabaco en Uruguay: modificaron un decreto y se habilitaron cambios en empaquetado de cigarrillos”. El título es del portal argentino Infobae a un artículo que hace referencia a las medidas contenidas en el decreto 1362/22, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de reciente aprobación.
Pero, ¿es realmente así? ¿El país tiene que adoptar medidas de flexibilización porque está “perdiendo el partido” contra el tabaco?
Vamos a la fuente, a lo que reconoce el mismo decreto y que obliga a hacer esta corrección en el rumbo, que no es tan grande como podría hacer pensar la enorme repercusión, pero que es, a la postre, una corrección y de rumbo y sí, claramente es un paso atrás en la política.
El decreto en el tercer punto de las consideraciones señala que las limitaciones que impuso el decreto 120/019, (reglamentario de la Ley de 18.256, de 2008) “afectan al cigarrillo comercializado en el mercado formal, frente a la fuerte competencia del cigarrillo de contrabando”. Prosigue en el punto siguiente, advirtiendo que “el ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y que atenta contra las políticas públicas de la Administración en cuanto a su erradicación”.
Estas son las constataciones que hace el gobierno: hay un contrabando de cigarrillos que afecta el mercado formal y a causa de este contrabando hay una pérdida de recaudación.
Lo reprochable de esto sería el que no se haya consultado a la Comisión Asesora para el Control del Tabaco –como publicó El Observador que ocurrió– que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. Y se puede argumentar que no es necesario cuando lo que se procura es disputar ese mercado que el contrabando ha capturado a partir de las medidas. Pero también hay que entender que estas medidas que se toman con ese fin pueden tener efectos secundarios en el consumo de la población, porque sí, en el fondo esto sigue siendo un problema de salud pública, que debería ser un bien superior a tutelar, y esto es así aunque el decreto lo firme el Ministerio de Industria Energía y minería.
Prosigue el decreto explicando que “que con la finalidad de interrumpir dicha irregularidad en la cadena de comercialización, se entiende necesario mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda e identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables y explicitando su ámbito de aplicación”.
A través de Twitter el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, salió a hacer frente a las críticas dejando en claro cuál es la visión desde el gobierno sobre la situación actual.
“Cuál es el atentado a la salud pública si no cambia nada de la política sanitaria, no se cambia la imagen de marca, los pictogramas ni nada de eso”, dijo, citando una nota de El Observador titulada “‘Retroceso’ y ‘atentado a la salud pública’: críticas del FA a cambios en empaquetado”. Prosiguió el jerarca señalando que “Desde 2014 que se suscribió el protocolo de combate a la comercialización ilícita del tabaco no hubo ninguna medida efectiva, y el contrabando está hace años estabilizado en cerca del 40% del consumo cuando antes de la regulación antitabaco estaba en menos de 10%”. Verri argumentó que esta medida “permite al mercado legal ofrecer una modalidad que hoy sólo se encuentra en el mercado ilícito (la cajilla blanda) y con la marca en el filtro se dificulta la falsificación de marcas legales, con todos los problemas que eso tiene” y enfatizó en que “Estar en contra de esto es estar a favor del contrabando”. Concluyó que es una medida “a favor de la salud de la gente que aún fuma y que en un 40% lo hace con tabacos sin control alguno” y agregó que “Además, ahora se aplicarán sanciones al contrabando, las previstas, precisamente en la ley antitabacos de 2019”.
Todo este razonamiento es correcto, porque lo primero que se afirmó por parte de quienes se oponen al decreto es que la forma de combatir el contrabando es haciendo más rigurosos los controles, y esto está sobradamente demostrado que no funciona así, que el contrabando, así como el narcotráfico, son capaces de corromper los mejores controles, los más rigurosos y a personas que se consideraba intachables. Las medidas indirectas de prevención del contrabando son un instrumento más que válido. Pero lo que se olvida de mencionar el Gobierno es que hay otra razón de fuerza para el contrabando de cigarrillos, que no es si la caja es más dura o más blanda y si lleva o no un logotipo, es el precio.
Las medidas que los gobiernos desde el 2005 han dispuesto redujeron el consumo de tabaco, esto es indiscutible, y lo redujeron desde la base: hay menos jóvenes y adolescentes que consumen tabaco. Pero también es cierto que muchos de quienes fumaban lo siguen haciendo y como entre las medidas instrumentadas los cigarrillos tuvieron una suba de precios formidable.
Había una vieja regla de que un dólar era el precio de un café, de un boleto urbano en Montevideo y de una cajilla. El café está un poco por encima (60 pesos promedio), el boleto (39 con tarjeta STM, 48 en efectivo), y los cigarrillos “legales” cuestan $ 190. Los de contrabando se ofrecen en redes sociales en cartones de 10 cajillas (al por mayor) por entre 450 y 500 pesos, de marcas paraguayas.
La adicción al tabaco es una enfermedad, una dependencia no se “cura” por decreto ni por ley, y si bien los prestadores de salud en su mayoría ofrecen servicios para deshabituar del consumo del tabaco, hay muchos uruguayos a los que no se les pasa por la cabeza dejar de fumar. En definitiva estamos hablando de un consumo legal, pese a que están demostrados los perjuicios que ocasiona, y no es el único tampoco.
¿Puede verse como un retroceso o un paso atrás? Es una lectura válida. ¿Puede favorecer el incremento en el consumo captando no fumadores? De buenas a primeras no daría esa impresión. ¿Pueden estas medidas servir para frenar el contrabando? Difícilmente. → Leer más
Organizado por el Polo de Medicina Social de la sede Paysandú del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte concretó un nuevo encuentro en el marco del proyecto “Integrar la trama local del cuidado al Plan Nacional de Cuidados: activos territoriales y perspectiva de actores locales”. Participaron los docentes integrantes del Polo de Medicina Social y los investigadores Mag. Rodolfo Levin, Dr. Pablo Anzalone y Jorge Bentancourt y representantes de las organizaciones civiles que nuclean personas mayores e instituciones relacionadas al sistema de cuidados de la ciudad de Paysandú.
