El último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubica a Uruguay entre los países con menor cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria. En el primer año de la pandemia, el 23 por ciento de la población padeció inseguridad alimentaria moderada y de ese total, el 7,3 por ciento, grave. Este dato lo pone detrás de Chile, que registró 17,4 por ciento. Ambas cifras son alentadoras, si se toma en cuenta que en la región el promedio fue de 36,6 por ciento. Perú encabeza la lista con más del 50 por ciento, seguido por Argentina y Ecuador, en torno al 37 por ciento o Brasil con casi 30 por ciento.
En el mundo, más de 800 millones de personas padecieron hambre y en América Latina y el Caribe, prácticamente llega al 40 por ciento de su población.
Por otra parte, mientras el gobierno exige a una coordinadora de ollas populares que trabaja en la zona metropolitana a realizar un balance sobre los recursos recibidos, los voluntarios aseguran que se incrementó la asistencia a las ollas a raíz de la pandemia. Sin embargo, si se revisan bien los datos, se observará que entre 2017 y 2018, la inseguridad alimentaria grave en el país llegó al 7,6 por ciento. Es decir, pre pandemia y en el anterior período de gobierno, estábamos peor que ahora en ese aspecto.
Incluso, entre 2014 y 2016 –durante el boom económico de la soja en nuestro país– el porcentaje de población en situación de inseguridad alimentaria moderada y grave fue de 21,6%, por lo que en comparación con el último relevamiento apenas hubo un crecimiento en 1,4 puntos porcentuales.
No obstante, son cifras elevadas para un país de poco más de 3 millones de habitantes, que produce alimentos para 30 millones de personas y tiene capacidad de hacerlo para otros 20 millones.
Entonces, claramente, es un problema estructural que atravesó a las administraciones y no se solucionará con la instalación de mayor cantidad de comedores, merenderos u ollas populares. A menos que se construya un relato electoral y se crea que esta problemática fue producto de generación espontánea, a partir de la emergencia sanitaria.
Sin quitar la mira de esta situación, en Uruguay se desperdician unos 2,7 millones de kilos de alimentos por día y si se recupera algo de los 125 millones de frutas y verduras que se desechan al año, podrían darse tres platos por día a quienes lo necesiten. La oenegé Red de Alimentos Compartidos asegura que en Uruguay sólo se recupera el 1 por ciento y se llega al 15 por ciento de la población objetivo.
En el continente más desigual del planeta, también existe un tratamiento desigual de la comida y los hábitos de sus pobladores no se han modificado en forma sustancial.
Cuando el actual ministro de Ambiente, Adrián Peña, era diputado del Partido Colorado, había presentado en el año 2016 una iniciativa parlamentaria tendiente a exonerar de tributos a las empresas que donen los alimentos con fechas cercanas a su vencimiento. La propuesta fue archivada en 2020 porque se consideró que no era el modo adecuado. Actualmente hay un proyecto de similares características que ingresó para ser convertido en ley.
Es importante señalar que esta problemática no es únicamente de países pobres o en vías de desarrollo. Europa ha legislado al respecto, en algunos casos más duramente que en otros.
En el año 2016, Francia se transformó en el primer país en prohibir a las grandes superficies a que desechen los alimentos que no vende y los obliga a donar a diversas entidades benéficas.
Italia facilita a las empresas a que hagan estas donaciones y Australia estableció objetivos de los gobiernos para bajar a la mitad el desperdicio de alimentos en 2030.
En medio de esta cuestión, se encuentra lo más dificultoso que es lograr un cambio de hábitos de los consumidores. En este sentido, se observa un fracaso bastante generalizado al momento de emprender una campaña de concientización e información sobre buenas prácticas alimenticias. Incluso a nivel global, hoy no es fácil encontrar en los programas electorales de los partidos políticos, el desarrollo de propuestas o programas que apunten a reducir las pérdidas.
Y así como se habla de la inseguridad alimentaria, es importante recordar que por cada persona que padece hambre, en el otro extremo hay seis que tienen sobrepeso u obesidad en el continente latinoamericano. La malnutrición es un problema bien uruguayo y concepto debe ampliarse porque atraviesa a todas las generaciones.
En Uruguay, el lunes se conformó un Comité Nacional para Prevenir el Desperdicio de Alimentos que busca atacar la problemática que se registra en la distribución y el consumo. Justamente en las etapas en que se detecta el mayor desperdicio de este tipo. Porque no todo lo que se cosecha, llega a los consumidores y la cadena se conforma por varios eslabones de responsabilidades.
El 29 de setiembre de 2015 se realizó el “Primer Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”, organizado por la oficina de la FAO para América Latina y el Caribe. Desde entonces, cada año, la ONU recuerda la importancia de atar acciones en este sentido para brindar seguridad alimentaria. En cualquier parte del mundo, hay que tener visibilizado el problema, para comenzar a trabajar sobre una posible solución. Es que, para decirlo en dinero, en 2017 Uruguay perdía unos 600 millones de dólares en desperdicios alimenticios, según un documento elaborado por la Fundación Ricaldoni a iniciativa de la FAO.
En la pospandemia, y como nunca antes, la alimentación adquirió visibilidad. En todo el mundo, no solo en Uruguay. Por eso, mientras unos y otros se disputan un territorio sobre el cual no hay datos concretos, porque a finales de este año se conocerá el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, se tira bastante más alimento del que se cree.
