Paysandú figura entre los departamentos en que se apunta a que funcione un Juzgado de Género, debido a la cantidad de denuncias que se formulan en relación con esta área, y la propia vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, se ha interesado para que se instale y funcione esta dependencia, junto con otras en respectivos departamentos.
En este contexto la demora en la construcción del Juzgado de Género de Rivera preocupa a la Suprema Corte de Justicia y ello ha motivado la intervención de Argimón, según da cuenta el semanario “Búsqueda”, en tanto de las tres sedes judiciales previstas en el Presupuesto de 2020 solo fue inaugurada la correspondiente a San Carlos.
Si bien no se ha incluido a Paysandú en esta primera instancia, la vicepresidente ha intervenido para que se cree una en nuestro departamento, y en este sentido se han orientado gestiones para ocupar un inmueble del Ministerio de Salud Pública.
En el caso de Rivera, el Ministerio de Transporte todavía no publicó el pliego de la licitación. Eso quiere decir que todavía resta realizar el llamado, recibir las ofertas de las empresas interesadas, que se evalúen y finalmente que se adjudique, para recién comenzar las obras.
Las sedes judiciales ocuparán cuatro habitaciones del edificio de la estación de ferrocarril de AFE, y allí la Justicia tratará las denuncias que competen a los juzgados de Familia. El director nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte, Santiago Borsari, negó que haya un atraso en esta materia, aunque al mismo tiempo reconoció que se habían comprometido a efectuar, a mediados de agosto, la adjudicación de las obras en la estación de AFE y que este anuncio no ha sido cumplido hasta ahora.
El director explicó que para ello faltan trámites, como el caso de una intervención del Tribunal de Cuentas para autorizar el traspaso de dinero de 10 millones de pesos a la cartera, que es lo que costará la obra en Rivera.
La sede de San Carlos, inaugurada en febrero pasado, fue una de las tres que la Ley de Presupuesto de 2020 estableció como prioridad, junto con las de Rivera y Salto, aunque no incluyó recursos para su funcionamiento. Por esa razón, tanto el Poder Judicial como Inmujeres y la propia vicepresidente Argimón realizaron gestiones en busca de locales en desuso que pudieran ser cedidos en comodato para poder instalar los juzgados.
En Salto las sedes funcionarán en un inmueble del Ministerio de Transporte, del que se está negociando el comodato para atender la demanda.
Precisamente el departamento con más denuncias detrás de Rivera, Maldonado y Salto es Paysandú, pero en el marco del interés y las gestiones de la vicepresidente para la instalación en nuestro departamento, solo se está en los primeros pasos, por lo que sería prematuro siquiera estimar plazos para la concreción de la iniciativa.
La implementación integral de los tres primeros juzgados de Género tendrá un costo aproximado de $ 25 millones anuales de funcionamiento, más $ 290 millones en sueldos de funcionarios, según indicaron fuentes de la Suprema Corte.
