(efe – subrayado)
La integrante del equipo de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, Jenisbeth Malek pidió a la jueza Baloísa Marquínez que lleve a juicio a los uruguayos Maya Cikurel, Betingo Sanguinetti y Juan Francisco Mutio, en la causa que investiga la red de corrupción montada por la constructora brasileña Odebrecht. El pedido fue realizado por la Fiscalía en la audiencia preliminar que se inició el 12 de setiembre, luego de que la Justicia panameña rechazara las apelaciones de los abogados defensores y desestimara el recurso de Habeas Corpus presentado por el abogado Edgar Sánchez a favor de Cikurel.
El Ministerio Público de Panamá explicó que estos tres uruguayos formaron parte del esquema montado en varios países, entre ellos Panamá, Andorra y Uruguay. Maya Cikurel es investigada en una causa de lavado de dinero al figurar como apoderada de cinco empresas a través de las cuales la constructora brasileña Odebrecht pagó millones de dólares en coimas. Durante la audiencia, la fiscal aseguró que la mujer está vinculada a esta investigación por su vínculo con la sociedad “Arcadex Corporation”, y que el Ministerio Público corroboró que recibió fondos de otras empresas, también investigadas en la causa.
Olivio Rodrigues es el titular de varias firmas destinadas al pago de coimas, que remitió fondos a Arcadex. Otra sociedad anónima vinculada a Renato de Sousa también pagó a Arcadex, desde la sociedad Milzart Overeseas. De hecho, De Souza confirmó el uso de esta última empresa para mover los fondos de Odebrecht.
El fiscal Mahmad Daud Hasan aseveró que la constructora brasileña, que llegó a Panamá en el 2006 y fue durante varios años el principal contratista del Estado, pagó “sobornos a diestra y siniestra” en el país, “a toda persona que era importante tener de lado de ellos para resolver” eventuales problemas y la burocracia.
“La ambición de esta empresa y estos altos funcionarios” se tradujo en “el más alto nivel de corrupción jamás antes visto en Panamá y en la región”, dijo el fiscal Hasan, que destacó que el “pago de sobornos salía de los sobrecostos de los proyectos” de Odebrecht.
Sanguinetti está vinculado al esquema que utilizó el expresidente Ricardo Martinelli para ocultar el dinero de las coimas mediante cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de la que el uruguayo llegó a ser vicepresidente de la filial en Montevideo. El exdirectivo de la empresa Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, fue uno de los que detalló la intervención de Sanguinetti en las maniobras, durante una de sus comparecencias ante la Justicia de Brasil. “Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, contó Soares.
“Luisinho”, como le decía Betingo, también detalló que Martinelli usaba las cuentas de dos empresas panameñas (Pachira y Mengil), a las que se transfirieron a su nombre alrededor de U$S 30 millones, gracias a las gestiones de Betingo en BPA. Martinelli y sus dos hijos también están entre los 50 imputados en la causa panameña.
Juan Francisco Mutio fue identificado como uno de los “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”. Mutio asumió el 16 de julio de 2010 la presidencia de Sherkson International, una S.A uruguaya que lavó decenas de millones de dólares para Odebrecht, la verdadera dueña de la sociedad. El nombre de Mutio fue mencionado como gestor de Sherkson por el delator Vinicius Veiga Borin, quien trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargado de gestionar el pago de coimas. El rol de este hombre de 59 años en la estructura de lavado fue definida en la acusación fiscal como la de una “interpuesta persona dentro de la conducta del blanqueo de capitales”, ya que tanto él como Cikurel “resultan ser testaferros de la empresa Odebrecht, debido a que su actuar dificultó la identificación del verdadero origen de la transferencia y los verdaderos beneficiarios finales”.
MERCADO LABORAL “PLANCHADO”
(EL PAIS)
Según los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, en agosto la tasa de empleo se redujo a 56,6% de la Población en Edad de Trabajar (PET) desde el 56,8% de la PET que había marcado en julio. A su vez, está lejos del 58,3% de diciembre de 2021. Así, en agosto había 4.143 empleados menos que en julio y 48.302 menos que en diciembre.
“El mercado laboral continúa mostrando signos de estancamiento. Quitando efectos estacionales e irregulares, la tasa de empleo cayó cuatro décimas entre marzo y agosto, que refleja unos 10.000 empleos menos”, dijo el gerente del departamento de Consultoría de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski. “El mercado laboral de Uruguay se debilitó durante agosto, pese que el desempleo se ubicó en 7,9% de la Población Económicamente Activa (PEA), versus 8,1% en julio y 9,4% un año atrás”, ya que “cayeron las tasas de empleo y participación laboral (actividad)”, indicó el socio de Vixion Consultores, Aldo Lema. Esa tasa de desempleo, significaba que a agosto había 141.039 desocupados.
Si el desempleo no sube pese a que destruyen puestos de trabajo, es porque cae la cantidad de personas que busca trabajo. Eso se refleja en la tasa de actividad, que se ubicó en 61,5% de la PET en agosto respecto al 61,8% de la PET que había marcado en julio. Incluso es un punto porcentual más baja que en agosto de 2021.
