Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Uruguay se encuentra en el séptimo lugar entre los países con cantidad de médicos por habitantes pero tiene una distribución desigual. La Sociedad de Medicina Rural estima que el 73 por ciento de los médicos residen en Montevideo y solo el 7 por ciento se encuentra al norte del río Negro.
El año pasado, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó un adicional en la Rendición de Cuentas destinado a la radicación de médicos en el Interior profundo, a raíz de una iniciativa presentada por Alfredo Fratti, quien presidió la rama baja parlamentaria. La propuesta tuvo el apoyo del ministro de salud, Daniel Salinas y sostiene el objetivo de profundizar la capacitación a los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.
En forma paralela, a comienzos de este mes la Federación Médica del Interior (FEMI) advirtió por este déficit ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, que estudia la presente Rendición de Cuentas y pidió más recursos para cubrir la demanda en ASSE fuera de la capital, ya que el 70% de los usuarios reside en el Interior.
El escenario expuesto ante la clase política es la realidad que viven a diario los pobladores del Interior, donde hay 24 médicos cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en Montevideo se encuentran 74 cada 100.000.
La escasez se registra en las especialidades de Medicina Familiar, Ginecología y Pediatría. En este último caso, hay un especialista para atender 350 niños y adolescentes. En Montevideo, esa cifra baja a 107 pacientes de esa edad. Implica un 40 por ciento, de acuerdo a los datos presentados por la federación.
Y, en momentos en que se incrementan los casos de suicidios, también faltan especialistas en salud mental. Porque las tasas más altas de este flagelo están en el Interior, con Treinta y Tres y Rocha a la cabeza de una lista que ubica a Montevideo por debajo de la media nacional.
Los equipos multidisciplinarios son necesarios, no solamente en los hospitales, sino en los centros educativos para trabajar en el territorio con el cara a cara.
Y el aumento de la matrícula de estudiantes de Medicina en el Interior amplía esas posibilidades y genera esperanzas en la radicación de profesionales en el resto del país.
Porque no es muy difícil buscar la estadística y encontrarla. Además, la circunstancia es propicia para hablar de salud mental, justo a la salida de una pandemia que profundizó otras problemáticas ya existentes como la depresión. En Uruguay aumentaron exponencialmente las consultas con siquiatras y los profesionales deben repartirse para la atención en prestadores públicos y privados.
En la actualidad, las organizaciones de la sociedad civil e instituciones relacionadas a los jóvenes y adultos mayores apoyan las iniciativas que llevan adelante las autoridades sanitarias. Pero el flagelo ya estaba instalado y las cifras muestran un crecimiento sostenido en las últimas décadas.
Desde el año 2017, Uruguay tiene una ley de protección de la salud mental (Ley N°19.529) que no ha sido aplicada en su total dimensión. La legislación establece el cierre de colonias siquiátricas para el año 2025, pero ese plazo no se cumplirá. ASSE reconoció que “hay recursos pero no hay acceso” y falta la organización de los sistemas.
En el medio de esta situación, los casos más frecuentes de depresión y ansiedad aumentaron un 25 por ciento en el mundo a causa de la pandemia. Y Uruguay no estuvo ajeno a ese registro. Porque el consumo de sustancias y medicamentos relacionados a la depresión tampoco están por fuera de la realidad global. El estrés generado por la pandemia y otras consecuencias, como la pérdida de familiares, fuentes laborales o condiciones económicas, impulsaron a un avance de los trastornos.
Es así como el foco de atención a los problemas sanitarios en Uruguay ha cambiado y a las enfermedades cardiovasculares y oncológicas hay que sumar el espectro de la salud mental. La difusión en los medios de comunicación, la llegada a la ciudadanía con una política de cercanía y la promoción de hábitos saludables, implicarán un punto de inflexión.
La concepción integral de la salud permitirá quitar los estigmas que prevalecen desde tiempos históricos. Incluso ha sido presentado con un enfoque oscuro desde la literatura y las artes que ayudaron a alimentar fantasías que en tiempos modernos tienen que cambiar. La inserción social y el tratamiento oportuno facilitarán las relaciones interpersonales. De lo contrario, es volver atrás en la historia que tanto dificulta avanzar en este presente.
Por el momento, los números demuestran un fracaso en la atención a la salud mental a lo largo de las últimas administraciones. En estos días, el Ministerio de Salud Pública anunció que se instrumentará un registro obligatorio de los intentos de autoeliminación, que se calculan unos 50 por día o 18.200 por año.
El punto es quién hará el seguimiento de cada caso y el monitoreo del paciente para conocer su entorno o respuesta al tratamiento. Lo que ocurre es que las derivaciones de la salud mental no tienen el mismo impacto que la COVID-19 en las comunidades.
Sin embargo, hoy se plantea como un problema de mayor gravedad. Es importante contar con una respuesta que despeje las dudas, si alguien planteara dónde puede rehabilitarse de su depresión o consumo de sustancias.
Y si faltan equipos multidisciplinarios, un paciente de estas características no puede retornar a su casa sin un monitoreo. Porque no es muy difícil pensar que volverá a su intento de quitarse la vida, a las drogas, al alcohol o a la desesperanza.
