El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) dispuso el mes pasado, la intervención del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, con desplazamiento de sus autoridades. El MEC recibió una denuncia, presentada por afiliados a la institución, quienes impugnaron las elecciones efectuadas en diciembre del año pasado y luego de intentos de mediación que resultaron frustrados entre las partes, la secretaría de Estado resolvió iniciar la intervención. La medida se extenderá por seis meses y el movimiento deberá encargarse de los honorarios del interventor.
Néstor Gurruchaga, actual afiliado al movimiento y presidente durante el período anterior, explicó a EL TELEGRAFO que el grupo nuclea a los usuarios de los prestadores públicos –ASSE– y a las instituciones privadas bajo una dirección conformada por 19 miembros que se renueva cada dos años.
“Este órgano coordinador tiene 17 años de vida y una tradición de lista única, hasta hace dos elecciones. En ese momento, se presentaron dos proyectos de conducción, por lo tanto dos listas. La lista 33, que ganó con 11 cargos y la lista perdedora, que tuvo 8. No aceptó ser minoría, cuestionó la elección que era válida por los delegados presentes en el escrutinio y por quien firmó el acta electoral”.
Con la llegada de la pandemia, el movimiento no tuvo actividad y en las elecciones siguientes, “hace un año volvieron a presentarse dos listas, la 33 y la lista 19. Usaron el número histórico y nosotros el 33, porque el movimiento se fundó en el departamento de Treinta y Tres”. Según Gurruchaga, “volvieron a cuestionar la elección, tuvieron representación legal, con escribano y abogado antes, durante y después del escrutinio. Pero comenzaron con una catarata de denuncias al MEC. En su resolución, el ministerio dice en el resultando que hubo apartamiento estatutario y falta de informes”.
Sin embargo, aclaró que “una cosa son los resultandos y otra cosa es cuando resuelve y nos interviene por un plazo máximo de 6 meses para depurar el padrón. Es decir, somos intervenidos por un problema técnico de la última elección y descarta la falta de informes. Porque eso fue presentado con los libros de nuestro movimiento que funciona con una partida aprobada por el Parlamento Nacional desde hace más de tres meses. Y para que el Parlamento lo apruebe, debe demostrarse cómo se gastó hasta el último peso”.
Dichos movimientos de recursos “están controlados por un contador que trabaja para el movimiento y es auditado por el Ministerio de Salud Pública”.
Texto contradictorio
Gurruchaga reconoce que el reglamento electoral “tiene un texto contradictorio, porque en una parte habla sobre las mesas electorales en cada departamento y en otra dice que únicamente debe estar en Montevideo. El resto debe funcionar en forma epistolar. Esta comisión resolvió instrumentar un doble sobre con el voto y los datos del votante. La comisión electoral abre el primer sobre para constatar que la persona es afiliada y está al día con la cotización. Entonces introduce el segundo sobre en la urna y, para ahorrar dinero en el envío, permitió que se juntara todo en un sobre manila y fuera enviada a Montevideo”.
Explicó que “es el mismo método usado por el Colegio de Abogados y es imposible violentar un voto individual”. No obstante, el director de asuntos constitucionales, legales y registrales del MEC, Gastón Gianero, mantiene discrepancias con esta modalidad y “recomendó la intervención por seis meses para convocar a elecciones”.
Sin representante
Por otro lado, Gurruchaga agregó que espera la decisión de la justicia sobre la denuncia realizada contra la representante de los usuarios en el directorio de ASSE, Natalia Pereyra, por hechos de “apariencia delictiva”.
“Nuestro movimiento tuvo representación en la Junasa que, en estos momentos funciona sin la representación de los usuarios, y tuvimos representación en el directorio de ASSE”. Explicó que “en el período anterior, apenas asumí, me reuní con Pereyra, que representa a los usuarios en el directorio de ASSE.
Posteriormente recibimos denuncias de tres trabajadores, quienes aseguraron que Pereyra les pedía dinero a nombre del movimiento. Cuando nos enteramos, consultamos a nuestros asesores legales porque es una conducta de apariencia delictiva”, dijo a EL TELEGRAFO.
La denuncia presentada en Fiscalía, “aún está en manos de la justicia que no lo resolvió. Entonces, pasamos el tema a la comisión de ética que disparó su proceso reglamentario. Después de escuchar a Pereyra, presentó la moción para separarla del padrón de afiliados. Es decir, propone su expulsión el único órgano reunido en una asamblea nacional. Incluso, Pereyra participó como asambleísta porque consta su firma en el acta. La asamblea resuelve su expulsión con dos abstenciones y el partido político al que pertenecía, también resuelve su expulsión”.
De acuerdo a Gurruchaga, Pereyra “está sentada en el directorio de ASSE, sin respaldo de la institución ni político. Pero de allí, solo puede bajarla el Poder Ejecutivo”.
Los denunciantes ante el MEC, “cuestionaron la validez de esa asamblea y, por suerte, el MEC no lo tuvo en cuenta. Es así que estamos intervenidos por 6 meses con el único objetivo de depurar el padrón, corregir el reglamento electoral y convocar a nuevas elecciones”.
Seguidamente “hubo una instancia de mediación, propuesta por Gianero entre quienes estamos dispuestos a la reforma, pero los representantes de la lista 19 actuaron con violencia verbal y eso obligó a Gianero a suspender la instancia de mediación”.
Gurruchaga manifestó que “estamos muy preocupados, pero respetaremos si se mantiene la decisión hacia las nuevas elecciones por parte del interventor, a quien el movimiento debe pagar su salario”. Desde el punto de vista legal, “veremos los pasos a dar. Pero dada la gravedad, esta situación nos congela la herramienta”.
Panorama actual
Gurruchaga señaló que “en estos momentos debemos ocupar los lugares en las juntas departamentales de salud, que no funcionan. Porque ahora faltan recursos humanos y medicamentos, principalmente en el prestador público. Hay jerarcas de importantes unidades ejecutoras de ASSE que nos avisaron sobre el cambio de proveedores de medicamentos y algunos son de mala calidad”.
Ejemplificó que “las colostomías se rompen, los materiales para puncionar y colocar vías presentan muchas dificultades. Estamos de acuerdo en que los contratos con recursos del Fondo Coronavirus eran a término, pero aún quedan recursos en el fondo y pueden extender el plazo. Porque complica las condiciones de trabajo, con el cierre del block quirúrgico y uno de los grandes temas centrales deberían ser las largas esperas para profesionales”.
El anterior directivo reconoció que en el Interior “hay una enorme iniquidad en el reparto de los recursos. Montevideo tiene el 45 por ciento de la población y concentra el 73 por ciento de los recursos. El resto del país tiene el 27 por ciento y de este último total, el 8 por ciento se encuentra al norte del río Negro. Por eso, los tiempos de espera muy largos”.
Opinó que “Uruguay no gasta poca plata en el sistema de salud, sino que interviene en el 10,5 por ciento del PBI. Entonces, la carencia no es por falta de recursos, sino por su distribución”. Explicó que “el otro problema es la renta oculta. Cuando se acerca la lupa a las instituciones privadas, nos encontramos con cargos gerenciales de $500.000 por mes y especialistas con $700.000 y si atienden en dos o tres lugares, se levantan un millón y medio de pesos mensuales”.
Gurruchaga subrayó que “cuando ponemos este tema en la mesa, nos dicen que son instituciones privadas. Sin embargo, funcionan con un fondo público y el 80 por ciento de su presupuesto tiene origen en el Fonasa. Por eso, queremos que la discusión sea pública”.