El ministro de Ambiente, Adrián Peña, anunció esta semana –tras una reunión en Torre Ejecutiva– que el país se embarca en un proceso de 10 años hacia adelante, al cabo del cual pretende dotar de servicio de saneamiento a unas 60 localidades para alcanzar una cobertura del orden del 90% de la población. El objetivo es ambicioso, pero es necesario que se reconozca esta ambición que reflota la imagen del país que se plantea desafíos que parecen demasiado grandes y que luego termina cumpliendo. Esperemos sea este también uno de esos casos. Peña comentó que suponen una inversión de unos 500 millones de dólares la primera parte de este plan de saneamiento combinado con el proyecto para potabilizar agua del Río de la Plata, conocido como Arazatí. También dijo que por ahora es reservada la lista de las localidades que se consideran para el plan.
Pero veamos de qué estamos hablando, de dónde está partiendo el país en busca de esta meta planteada.
La especialista sectorial en la División de Agua y Saneamiento y PhD en Ingeniería Ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo, Tania Paez Rubio, realizó en 2020 el informe titulado “Acceso universal al saneamiento en Uruguay: alternativas y costos” (disponible en http://aidis.org.uy/wp-content/uploads/2020/10/I-16-Paez.pdf), en el que se mete de lleno en el problema a solucionar: la extensión del saneamiento a toda la población del país. Aquí hacemos una salvedad, el informe de Paez Rubio habla de cobertura universal, el anuncio gubernamental proyecta una cobertura del 90%.
Pero lo primero que nos debe interesar del informe de la especialista es el escenario del que partimos, y el primer enfoque es importante, porque señala que hay una obligación constitucional en nuestro país de universalizar el acceso al saneamiento. “Uruguay fue de los primeros países que incluyó en su carta magna que el acceso al saneamiento es un derecho humano fundamental”.
¿Qué tan lejos está esa meta? De acuerdo a los datos que presenta, cuya fuente es el censo del año 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cobertura es dispar a lo largo de todo el territorio uruguayo. “El 60% del total de hogares relevados del país están conectados al servicio de saneamiento por redes. Si el análisis se realiza por áreas geográficas, de los hogares relevados en Montevideo el 86% está conectado a la red de saneamiento, mientras que en el resto del país el total de hogares urbanos conectados disminuye al 45%”. Esto tiene una lógica que no solamente es la del centralismo político de Montevideo sino que geográficamente hablamos de una sola ciudad, la más grande del país, pero con una trama urbana consolidada y con mayor densidad. Con menos obras en Montevideo se alcanza mayor cobertura de población que teniendo que extender las redes de cientos de pequeñas poblaciones para alcanzar el mismo porcentaje, y cuando el avance se mide en porcentaje de cobertura la decisión es comprensible.
Pero sigamos con el informe en el que Paez Rubio evalúa que el desafío está centrado en “proveer de un sistema adecuado de saneamiento a la población localizada en localidades y ciudades en donde los sistemas tradicionales de redes de saneamiento son inviables desde un punto de vista económico, debido principalmente a la baja densidad poblacional”.
Cabe aquí una precisión, cuando se habla de “saneamiento” no solamente se refiere al alcantarillado, sino que el país definió por el decreto Decreto 78/2010, reglamentario de la Ley 18.610 de Política Nacional de Aguas, una serie de soluciones que pueden considerarse. De esta forma el saneamiento comprende sistemas como el “transporte de las aguas residuales y excretas, por medio de una red de alcantarillado y disposición final en planta de tratamiento y/o emisario”; “almacenamiento de las aguas residuales y excretas en pozos estancos, transporte en camiones barométricos y disposición final en planta de tratamiento”; “transporte de los líquidos residuales por alcantarillado a una laguna de tratamiento, con retención de sólidos ‘in situ’, que luego son transportados para su disposición final en una planta de tratamiento”; “almacenamiento y disposición final ‘in situ’ con pozos filtrantes y/o infiltración al suelo” y finalmente “Sistemas mixtos que resultan de la combinación de componentes de los sistemas anteriores”.
En su estudio Páez Rubio propone una combinación de sistemas para adaptarse a las necesidades de cada localidad considerando una variable que se compone de la inversión que requiere en el año, los costos de operación y mantenimiento, la tasa de retorno y la vida útil, que define como VAN.
“Manteniendo el criterio de minimizar el VAN, la inversión necesaria para sanear la población en densidad superior a 16 viv/ha (viviendas por hectárea) es del orden de 529 millones de dólares, mientras que la inversión para sanear la población de densidad de 8 a 16 viv/ha es de 839 millones de dólares”, estimó la experta. Otros datos que surgen del estudio dicen que para 1.000 habitantes es un 30% más barato invertir en un sistema de saneamiento mediante barométricas que en una red convencional, pero que si la población es de 6.000 habitantes, las barométricas son 35% más caras que la red convencional. Sin embargo, cuanto la cantidad de habitantes es de entre 2.000 y 3.500 los costos por habitante “difieren entre sí menos del 10%”.
Claro que después hay que analizar otros factores que Paez Rubio, con mucho acierto, también pone de manifiesto, que es la capacidad de esos habitantes de hacer frente a las conexiones y no es un detalle a dejar pasar, puesto que hay muchísimos casos en los que aun teniendo redes que pasan frente a sus viviendas los vecinos no están conectados. Esto supone un desafío porque una enorme inversión de parte del Estado no garantiza los resultados que se pretenden en términos ambientales (véase como ejemplo lo que ocurre en el arroyo La Curtiembre, a la altura de Cerrito) y de salud pública. Por ello, a la vez que se piensa en este ambicioso plan, deberían manejarse desde ya soluciones para que las personas puedan conectarse a esas redes o recurrir a los servicios de barométrica cuando sea necesario.
Solamente para mencionar el dato, aunque es conveniente leer el informe completo, Paez Rubio estimó que la cobertura universal demandaría una inversión en el eje de los 1.370 millones de dólares.
