En los últimos meses nuestro país se ha visto sorprendido por la actitud del gobierno de la República Argentina en relación con los proyectos de construcción de dos emisores subacuáticos conocidos como los sistemas Riachuelo y Berazategui, cuyos líquidos terminarán en aguas de uso común en el Río de la Plata.
De acuerdo con lo informado por el diario El País “con la financiación del Banco Mundial, Argentina ya inició la construcción del Sistema Riachuelo. Se trata de una planta de procesamiento de aguas residuales de miles de industrias y de unas seis millones de personas. Esas aguas cloacales hoy se vierten directamente en el río Matanza-Riachuelo y terminan en el Río de la Plata. La planta, por un tema económico, tendrá un nivel de procesamiento de líquidos fabriles y restos domiciliarios básico. El gobierno argentino prevé que estará en funcionamiento a fines de 2022. Como Uruguay dio el visto bueno a la construcción de este emisor en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), hasta ahí no hay conflicto de ningún tipo. Las diferencias surgen a partir de la exigencia de un monitoreo conjunto que pidió Uruguay y al cual Argentina se niega. Esos controles se deberían hacer antes del inicio de la puesta en marcha de la planta y no después, según señalaron a El País expertos marítimos”.
Según lo consigna el mencionado diario montevideano, “en 2020, cuando ya habían comenzado los trabajos de construcción del Sistema Riachuelo, el expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y abogado especialista en derecho marítimo, Edison González Lapeyre, alertó que ese emisor subacuático contaminaría el Río de la Plata. En una carta enviada a El País el 11 de noviembre de ese año, González Lapeyre afirmó que el Sistema Riachuelo procesará 2.300.000 metros cúbicos de desechos por día –lo que equivale a siete estadios de fútbol llenos de sustancias cloacales e industriales, o 32 veces el volumen de lo que genera la planta UPM de Fray Bentos–. “Esta planta no asegura la eliminación de elementos químicos y biológicos nocivos”, dijo. Por su parte el diario La Diaria informó que “el río Riachuelo-Matanza es un curso de agua de 64 kilómetros que nace en Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Su cuenca recibe cada día 90.000 metros cúbicos de desechos industriales y 368.000 de aguas servidas (equivalente a otras 6 plantas como UPM de Fray Bentos), según consignó Infobae. Tiene más de 100 basurales a cielo abierto y también niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo con porcentajes 50 veces mayores de lo permitido”. Según El País, “el Sistema Riachuelo no es el único tema que enfrenta a Uruguay con Argentina. Pese a que la obra no cuenta con el aval uruguayo, el gobierno del vecino país ya realizó los llamados a licitación para la construcción del emisario Berazategui. Se trata de una obra que tendrá 7,5 kilómetros y cuatro metros de diámetro por donde pasarán los desechos de unos 4 millones de habitantes de Buenos Aires”.
La negativa argentina a realizar el monitoreo conjunto solicitado por Uruguay plantea una delicada situación desde el punto de vista ambiental, político, económico y social, ya que se trata nada más y nada menos que de un río en el cual desembocan otras corrientes de agua (los ríos Uruguay y Paraná, por ejemplo) que tiene una vital importancia para una actividad fundamental para Uruguay: el turismo. Basta imaginar lo que pueda pasar en las costas de Colonia, San José, Montevideo y Canelones cuando las mareas arrojen todo eso a la costa uruguaya. A pesar de su gravedad, la actitud argentina (y de los gobiernos kirchneristas que han manejado ese país durante los últimos años dejando a su paso un legado de acusaciones de corrupción y en el cual el trabajo de fiscal se ha transformado en una profesión de riesgo), tampoco resulta nueva y muestra, una vez más, la concepción argentina de que nuestro país es tan sólo una provincia argentina que tarde o temprano debería renunciar a su independencia y ser parte “del gran pueblo argentino”, tal como reza el himno de nuestros vecinos. Incluso la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner llegó a expresar “Artigas quería ser argentino y no lo dejamos, carajo”, frase que trasluce no sólo una absoluta falta de respeto por nuestro máximo héroe nacional sino también por todos y cada uno de los que habitamos este suelo y que afortunadamente poco y nada tiene que ver con los procederes y conductas de una clase política argentina que el expresidente Jorge Batlle definió sin pelos en la lengua ante las cámaras de la agencia Bloomberg. Durante siglos los gobernantes argentinos han intentado darnos clase de todo y manejarnos como si fuéramos un apéndice de su sistema político y de su economía (cuál de ellos más caótico que el otro) que en ambos casos son muestras claras e irrefutables de todo lo que no se debe hacer a la hora de gobernar un país. Al parecer ello ya no sería suficiente para los “hermanos” argentinos y ahora quieren que recibamos (en aguas que compartimos con ellos), la materia fecal que generan una cantidad importante de sus habitantes. Sin duda se trata de un asunto que “huele mal” y al cual nuestro país debería hacer frente si es que quiere seguir intentando de mantener la imagen tantas veces vapuleada del “Uruguay Natural”.
A pesar de los años que han transcurrido, todavía están frases amenazadoras del entonces presidente Néstor Kirchner quien declaró en el año 2006, durante un acto realizado en Gualeguaychú con la presencia de todos los gobernadores de su país, que la lucha contra la planta de Botnia era una “causa nacional”. Similares niveles de hostilidad hacia nuestro país y hacia todos los uruguayos fueron mostrados por Kirchner cuando agitó una bandera argentina, que llevaba inscrita la consigna “Fuera Botnia. Viva la patria”, que le fuera entregada por un grupo de ambientalistas. A tal extremo llegó la beligerancia de los argentinos que, tal como admitió Tabaré Vázquez, su gobierno evaluó la hipótesis de un conflicto armado con la Argentina a partir de la controversia por Botnia, llegando a plantear esa hipótesis a la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. Es bueno recordar hasta qué punto pueden llevar las cosas en Argentina y ello resulta especialmente importante para las autoridades uruguayas, quienes tienen la palabra sobre cómo, cuándo y dónde van a defender los derechos de todos los ciudadanos uruguayos a vivir sin contaminación. Y a diferencia de los argentinos, de los movimientos ecologistas uruguayos tampoco se puede esperar mucha reacción, principalmente porque de este lado somos más “pacíficos” y mesurados al actuar, pero aún así llama la atención que no se hayan escuchado voces de reclamo; quizás porque pudiese existir alguna afinidad que vaya más allá de la lucha por defender el medioambiente, y que en este caso queda de manifiesto.
De todas formas, no caben dudas que Montevideo sufrirá las asquerosas consecuencias de esta catástrofe ambiental con el primer pampero que sople con suficiente fuerza, y seguramente “Uruguay” –léase la República de Montevideo— va a exigir respuestas del sistema político que permitió que esto ocurriera.
El 19 de noviembre de 1973, Juan Domingo Perón y Juan María Bordaberry, firmaron el tratado de límites del Río de la Plata. En esa ocasión el presidente argentino pronunció un discurso del cual reproducimos una frase que resulta irónica o de humor negro ante las actuales actitudes del gobierno del vecino país: “Un mismo cielo cubre nuestras dos orillas, su azul se refleja en nuestro paisaje, en nuestras aguas y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos”. Como cambian los tiempos… antes Argentina nos quería como si fuéramos hermanos, pero hoy por hoy nos ha reservado un destino mucho menos honroso, aunque sí más oloroso: ser el pozo negro de sus desechos fecales.
