La tendencia a la desaceleración del crecimiento de la economía mundial se ha acentuado en este 2022 y su proyección negativa se hace sentir sobre todo en los países con escenarios más sensibles, como los de las naciones subdesarrolladas, lo que augura que todavía sus economías sufrirán un período de convalecencia de impactos sucesivos y demoledores como la epidemia de la COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania.
Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento mundial se desacelerará de 6 por ciento en 2021 al 3,2 por ciento este año y al 2,7 en 2023, en lo que constituye el perfil de crecimiento más débil desde 2001, a excepción de la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de COVID.
Según el organismo financiero internacional, la actividad económica mundial está experimentando una desaceleración generalizada y más pronunciada de lo esperado, con una inflación más alta que la registrada en varias décadas, lo que es una muy mala combinación y pone un signo de interrogación sobre lo que puede sobrevenir en el futuro cercano.
A partir del informe Perspectivas Económicas Mundiales consigna el organismo que la crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión de Rusia a Ucrania y la persistente pandemia –aunque atenuada– pesa negativamente en las perspectivas con riesgos que sigue siendo “inusualmente grandes”.
Peor aún, pese a que no lo menciona el informe, sigue latente un “sálvese quien pueda” a partir de las políticas de las naciones poderosas que defienden a ultranza sus intereses, con la posible consecuencia de un marco recesivo próximo, combinado con una inflación desmesurada.
Las naciones europeas están sufriendo el impacto directo de la guerra en Ucrania, con mayor acento en el plano energético, a lo que se agrega una reducción en el crecimiento de Estados Unidos, que si bien fue de 5,7% el año pasado, en este 2022 será solo de 1,6 por ciento y de uno por ciento el año que viene, mientras que las previsiones para China son también de una reducción de crecimiento, aunque no tan acentuada como en Estados Unidos.
En suma, en esta perspectiva, en casi todos los países del mundo el crecimiento proyectado para este año será menor al de 2021, pero igualmente, en el caso del Cono Sur latinoamericano, sin llegar a un desplome porque paralelamente se han mantenido en buen nivel los precios de las materias primas y hay un aumento de actividad al ceder la epidemia de COVID-19.
Para el FMI, la ya incipiente baja de las materias primas incidirá negativamente para el año que viene y por lo tanto se debilitará el crecimiento en la región, en tanto en el caso de nuestro país las proyecciones de crecimiento son de 5,3% para 2022 y de 3,6% para 2023, lo que obedece fundamentalmente a que el crecimiento de este año se ha logrado a partir de un piso muy bajo por la repercusión de la pandemia en 2020.
Sin embargo, la amenaza más grande proviene de la inflación en nuestro país, cuyo comportamiento está alineado con la tendencia global, solo que el impacto en términos comparativos ha sido menor, por cuanto todavía no se ha llegado a los dos dígitos, mientras que en las naciones desarrolladas este parámetros se ha duplicado y hasta triplicado en un año, a punto de ser comparable a la inflación uruguaya, cuando hasta no hace mucho era de menos de la mitad, promedialmente.
Según el FMI, la inflación mundial aumentará del 4,7% en 2021 al 8,8 este año, aunque disminuiría al 6,5% en 2023 y a 4,1 por ciento en 2024, por lo que no es de esperar en un futuro inmediato que se atenuará el impacto sobre los valores globales y el impacto de su apreciación en naciones como Uruguay, tomadora de precios y donde repercuten sin anestesia los vaivenes de precios mundiales.
En el caso de Uruguay, la cercanía con Argentina y Brasil es un factor distorsionante en lo que refiere a la balanza comercial, pero también por la relación vecinal que afecta las regiones limítrofes, donde los vecinos –sobre todo Argentina, como bien sabemos– por efectos de su economía distorsionada, proyecta sobre todos los países que lo rodean un impacto focalizado en el comercio fronterizo, que tiene efectos devastadores en el litoral de nuestro país, por encima de la realidad socioeconómica nacional.
Esto lo analiza en un comentario para el semanario La Mañana el economista Gabriel Oddone, de la consultora CPA Ferrere, al señalar que “la afectación de la actividad del comercio ubicado en las fronteras, pero en particular en el litoral, es significativa y se va a prolongar bastante en el tiempo. No es un evento corto ni transitorio, más bien creo que las distancias de precios se van a mantener hasta tanto Argentina no incursione en una corrección macroeconómica que es muy compleja, socialmente muy costosa y políticamente muy difícil, que en el mejor de los casos el próximo gobierno va a intentar encaminar, pero no vamos a ver resultados hasta bien entrado el 2024”.
En realidad, el considerar que las correcciones en Argentina pueden lograrse ya en 2024, es pecar tal vez de un exceso de optimismo, porque todo indica que ningún gobierno del signo que sea va a aceptar pagar el costo político de un trauma social que inevitablemente causaría el enderezar la economía del vecino país, teniendo en cuenta que se requiere dejar de pagar subsidios y planes sociales, entre otras medidas, que podrían provocar un estallido social de desastrosas consecuencias.
Es que no es para menos: Argentina tiene el mismo PBI per capita desde 2012 (y además, con mayor concentración de la riqueza), mientras el resto del mundo ha crecido, incluyendo a Uruguay, donde se incrementó entre un 15 o un 20 por ciento, lo que no es fácil corregir en la comparativa entre ambos países.
Respecto al escenario fronterizo, precisamente, todo indica que la distorsión difícilmente se revierta en el corto e incluso mediano plazo, mientras los paliativos desde el punto de vista de medidas que puedan tomarse de esta orilla siempre serán para el corto plazo y también difíciles de implementar, porque además implican tratamiento tributario específico y como bien dice Oddone, lo que se logra es “correr fronteras hacia adentro”, determinando injusticias para los que no son beneficiarios directos.
Considera al respecto que “entiendo al mismo tiempo que el efecto que está teniendo y la duración que tendrá la diferencia de precios, obligan a que los responsables de la política económica busquen soluciones. Yo no las tengo, no es algo fácil de resolver”. Y por lo visto tampoco lo tiene el gobierno nacional ni departamental, que no se animan a tomar las medidas drásticas que se necesitan para no pagar el costo político que implicaría hacerlo, mientras continúa la sangría que desahucia la economía sanducera. Sin dudas un tiro en el pie que en el mediano plazo le saldrá muy caro al gobierno y al intendente, cuando inexorablemente se dispare la desocupación local, se multiplique la pobreza y se pierda toda esperanza de recuperar las empresas que quedaron en el camino y que eran fundamentales para mantener girando la rueda de la economía. Será tarde para justificaciones porque el humor colectivo no tiene memoria cuando el bolsillo flaquea, y “la culpa” recaerá sobre quienes al sentir de la gente son responsables tanto de lo bueno como de lo malo que ocurra en economía.
En esta consideración a vuelo de pájaro del escenario internacional, nacional y regional en temas vinculados con la economía, es evidente que particularmente en esta problemática todo tiene que ver con todo, porque hay un efecto dominó inevitable, y mover piezas en el tablero en un sentido aún en el lugar menos pensado siempre tendrá sus consecuencias, para bien o para mal, según el lado del mostrador del que se esté. → Leer más
En Diputados fue aprobado el proyecto planteado a iniciativa de los diputados por Paysandú sobre Beneficios Tributarios y Regímenes de Facilidades para Afectados por Evento Climático en la Ciudad de Paysandú. De esta manera quedó firme, desde que ya había sido aprobado en el Senado. En agosto pasado, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto, con la firma de los ministros Azucena Arbeleche, Omar Paganini y Pablo Mieres.
